Fuente: La Jornada de San Luis
Washington. La unidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos encargada de investigar posibles irregularidades cometidas por las fuerzas del orden, incluyendo la ofensiva contra la inmigración ilegal en Mineápolis, ha perdido dos tercios de sus fiscales y recibió instrucciones para limitar sus pesquisas sobre uso excesivo de la fuerza, informaron este jueves a Reuters fuentes cercanas a su labor.
Esta sección, que habitualmente desempeña un papel clave en la revisión de casos a nivel nacional donde agentes policiales podrían haber infringido los derechos civiles, ha visto mermada su capacidad para realizar investigaciones debido a la salida masiva de personal y a nuevas directrices impuestas durante la administración del presidente Donald Trump que restringen su ámbito de acción, según entrevistas con siete ex abogados del área.
El número de litigantes en esta unidad, conocida como la Sección Penal de la División de Derechos Civiles, bajó de cerca de 40 antes de que Trump asumiera el cargo hace un año a no más de 13 actualmente, según tres fuentes familiarizadas con el equipo. Solo dos supervisores permanecen en sus cargos y no han anunciado su intención de renunciar; anteriormente había alrededor de siete supervisores.
Los ex abogados del Departamento de Justicia, en su mayoría entrevistados bajo anonimato por temor a represalias, manifestaron incertidumbre respecto a la capacidad actual de la sección para llevar a cabo investigaciones profundas sobre incidentes recientes, entre ellos los homicidios fatales de Renee Good y Alex Pretti por parte de agentes federales de inmigración en Mineápolis el mes pasado. El Departamento informó que está investigando el caso de Pretti, pero no el de Good.
Al inicio del gobierno Trump, los supervisores comunicaron al personal que las indagatorias contra agentes solo se realizarían en casos graves, como muertes bajo custodia o agresiones sexuales, comentaron los tres ex abogados del Departamento. En la mayoría de situaciones, serían las autoridades estatales y locales quienes asumirían la responsabilidad principal, añadieron los entrevistados.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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