Fuente: Listin diario
El 6 de febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó nuevamente “su preocupación por la implementación de políticas migratorias que podrían afectar de manera significativa el ejercicio de derechos de las personas en movilidad en la República Dominicana, y exhorta al Estado a revisar su marco normativo desde una perspectiva interseccional de derechos humanos”, entre otros aspectos.
Situado entre la fábula y el panfleto, el comunicado repite afirmaciones que no resisten un análisis objetivo. De entrada, sorprende el valor probatorio que la CIDH concede a lo declarado por “organizaciones de la sociedad civil” sin identificar, sin detallar su naturaleza, intereses ni capacidad analítica; dándoles mayor peso que a las declaraciones y datos oficiales proporcionados por el Estado dominicano, invirtiendo así la carga de la prueba.
Afirmar que “personas migrantes no estarían recibiendo la atención médica que necesitan debido al temor de ser expulsadas” distorsiona la realidad. En los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS), donde se aplican los protocolos correspondientes, la condición migratoria no es requisito para recibir servicios sanitarios, ni siquiera es necesario tener seguro médico o recursos económicos.
Calificar a los centros de procesamiento de migrantes bajo la gestión de la Dirección General de Migración (DGM) como lugares con “condiciones deplorables e incompatibles con su dignidad” no soporta un examen visual. La relación entre los cientos de miles de deportados y los escasos, puntuales y aislados incidentes trágicos en los que algunas personas se han visto involucradas configura esos casos como excepciones a una regla que se cumple cabalmente.
Se garantiza el respeto a la dignidad del migrante indocumentado. Es cierto que existen problemas de hacinamiento y limitaciones, pero estos se deben más a restricciones presupuestarias ante la gestión de volúmenes extraordinarios de migrantes con recursos limitados que a una decisión política deliberada.
Sería recomendable que la CIDH consulte el artículo 11 de la Constitución haitiana para comprender que no existe apatridia si uno de los padres del deportado es haitiano, y que toda deportación es legal cuando no se puede demostrar la nacionalidad dominicana ni la legalidad del estatus migratorio.
La política migratoria es expresión de soberanía y autodeterminación estatal, y el gobierno acierta al recordarle a la CIDH que “Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o prestación de servicios a la población de otro Estado ante el colapso del segundo”. Obligarlo sería un acto irresponsable de suicidio colectivo, y si otros países desean asumir esa responsabilidad, están en su derecho; sin embargo, ningún país, organismo o comisión tiene autoridad para imponernos cargas imposibles, bajo riesgo de destruir a la nación dominicana.
El gobierno actúa correctamente al rechazar la imposición del principio de no devolución y mantener una política ordenada y respetuosa con los derechos humanos en sus deportaciones, firme y sin ambigüedades para defender la soberanía nacional y garantizar la supervivencia del Estado dominicano.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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