Fuente: Agencia EFE/agencia_efe@diariodeleon.es
Dos años atrás, el 9 de febrero de 2024, el puerto de Barbate (Cádiz) fue testigo del asesinato de dos guardias civiles tras ser arrollados por una narcolancha, un acto que expuso la violencia y prepotencia de las redes de narcotráfico, así como el riesgo que implica el trabajo de quienes combaten este delito.
Miguel Ángel González, de 39 años y oriundo de San Fernando (Cádiz), buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, y David Pérez Carracedo, de 43 años, nacido en Barcelona y residente en Navarra, integrante del Grupo de Acción Rápida (GAR), son los nombres de los dos agentes fallecidos aquel día, que quedaron inmortalizados en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho.
El caso será juzgado por un jurado popular
Tras dos años desde el incidente, el juez de Barbate encargado del caso ha finalizado la instrucción y ha dictado un auto en el que dispone la apertura del juicio con jurado popular contra Karim El Baqqaly, piloto de la narcolancha, y Yassine El Morabet, quien viajaba con él.
Por otro lado, los dos restantes tripulantes marroquíes serán juzgados en un proceso distinto porque no se les atribuye participación en la maniobra agresiva contra los agentes; solo se les imputa contrabando por estar en una embarcación prohibida, según fuentes jurídicas.
En su resolución, el juez señala que El Baqqaly es responsable de dos asesinatos consumados y cuatro intentos, correspondientes a los cuatro agentes que iban en la lancha junto a los fallecidos. Mientras tanto, El Morabet enfrenta seis cargos por atentado agravado debido a que apuntó con un puntero láser en varias ocasiones a los guardias civiles “para reducir su visión” y así disminuir su capacidad defensiva antes del choque.
Asimismo, se detalla que los hechos ocurrieron entre las 20:20 y 20:29 horas cuando seis agentes acudieron al puerto de Barbate para inspeccionar seis narcolanchas que se habían refugiado debido al mal tiempo.
El Baqqaly conducía una semirrígida de 14 metros equipada con cuatro motores fueraborda de 300 CV cada uno y una antena satelital, en la cual iban los otros tres tripulantes.
Según el auto, El Baqqaly realizó varias aproximaciones a pocos metros de la zodiac de la Guardia Civil para luego alejarse lo suficiente como para regresar rápidamente al punto exacto donde estaban los agentes y embestirlos con fuerza, entrando con la proa desde babor hasta estribor de la embarcación oficial.
El juez afirma que actuó “con ánimo de atentar contra el principio de autoridad y causar la muerte a los seis agentes que la tripulaban”, plenamente consciente de la diferencia de tamaño entre ambas embarcaciones.
Además sabía “que las víctimas eran agentes de la autoridad” y “que tenían pocas opciones para defenderse del ataque”.
Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo fallecieron instantáneamente mientras que sus cuatro compañeros resultaron heridos física y psicológicamente.
La Fiscalía ha calculado las responsabilidades económicas de El Baqqaly en 2.500.000 euros por las muertes y lesiones sufridas por los agentes sobrevivientes, cantidad que se sumará a los daños causados a la embarcación oficial y a las pérdidas derivadas del lucro cesante así como al daño psicológico sufrido por los supervivientes.
Por ello, el juez ordena que El Baqqaly —único detenido actualmente— abone 3.300.000 euros.
Este marroquí de 32 años se entregó el 19 de septiembre de 2024 y un mes después lo hicieron dos tripulantes más quienes quedaron en libertad provisional en julio pasado. El último miembro se entregó en mayo reciente.
Orden cuestionada y archivo definitivo
En octubre pasado, el Tribunal Supremo archivó definitivamente las denuncias que solicitaban investigar a los dos mandos responsables del operativo policial, cuestionado por enviar a los agentes en una zodiac claramente inferior para enfrentarse a una narcolancha mucho más poderosa.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó el sobreseimiento dictado por la Audiencia Provincial de Cádiz, que respaldaba la postura fiscal respecto al archivo de las denuncias para investigar posibles responsabilidades penales contra el general jefe de la Zona Andalucía y el coronel comandante en Cádiz por homicidio imprudente, lesiones y delitos contra la seguridad laboral.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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