Fuente: Lisa Mascaro/lisa_mascaro@wfmz.com
WASHINGTON (AP) — El miércoles, los republicanos en la Cámara de Representantes impulsaban un proyecto de ley que establecería nuevos y estrictos requisitos para verificar la ciudadanía antes de las elecciones de medio término, una iniciativa con pocas posibilidades de prosperar que enfrenta oposición en el Senado.
La propuesta, denominada Safeguard American Voter Eligibility o Ley SAVE America, obligaría a los estadounidenses a demostrar su ciudadanía al registrarse para votar, principalmente presentando un pasaporte válido o un certificado de nacimiento. Además, exigiría una identificación con fotografía válida, algo que ya es requerido en algunos estados.
Los republicanos sostienen que esta legislación es esencial para impedir el fraude electoral; sin embargo, los demócratas alertan que podría privar del voto a millones de ciudadanos al complicar el proceso. Aunque la ley federal requiere que los votantes en elecciones nacionales sean ciudadanos, no exige presentar prueba alguna. Diversos expertos han señalado que el fraude electoral es sumamente infrecuente y que muy pocos extranjeros logran votar ilegalmente. Menos del 10% de los estadounidenses posee pasaportes vigentes.
El representante Bryan Steil, republicano por Wisconsin, al presentar el paquete durante una audiencia del comité, afirmó: “Algunos de mis colegas llamarán a esto supresión del voto o una nueva versión de las antiguas leyes de segregación racial”.
Sin embargo, sostuvo que “esas acusaciones son falsas”, y defendió que esta iniciativa es necesaria para hacer cumplir las leyes actuales, especialmente aquellas que prohíben votar a inmigrantes no ciudadanos. “La ley vigente no es lo suficientemente fuerte”, señaló.
La polémica electoral opaca la votación
El repentino esfuerzo del Partido Republicano por modificar las reglas electorales al inicio del ciclo de elecciones de medio término ha generado preocupación, especialmente porque el presidente Donald Trump ha sugerido nacionalizar los comicios a pesar de que la Constitución establece que deben ser regulados por los estados.
Recientemente, la administración Trump confiscó boletas en Georgia correspondientes a las elecciones de 2020, que el presidente asegura haber ganado pese a su derrota ante el demócrata Joe Biden. El Departamento de Justicia está solicitando padrones electorales a varios estados, incluido Michigan, donde un juez federal desestimó esta semana una demanda del departamento para obtener esos registros. Secretarios estatales han manifestado inquietudes sobre la posible compartición de datos personales con el Departamento de Seguridad Nacional para verificar la ciudadanía, temiendo que esto pueda eliminar votantes legítimos de los listados.
“Quiero dejar claro cuál es el objetivo: los republicanos intentan manipular la próxima elección”, declaró el representante Jim McGovern, demócrata por Massachusetts y principal miembro del Comité de Reglas, durante una audiencia previa a la votación en el pleno.
“Los republicanos impulsan la Ley Save America porque desean reducir el número de estadounidenses que votan. Así de simple”, añadió.
Esta propuesta es básicamente una repetición de un proyecto similar que la Cámara aprobó el año pasado y que también buscaba reforzar las medidas contra el voto fraudulento, especialmente entre no ciudadanos. En aquella ocasión contó con el respaldo de cuatro demócratas pero quedó estancada en el Senado bajo liderazgo republicano.
La versión actual endurece aún más algunos requisitos y establece un procedimiento para quienes hayan cambiado su nombre –por ejemplo, por matrimonio– para presentar la documentación adecuada y certificar su identidad.
Asimismo, obliga a los estados a compartir su información electoral con el Departamento de Seguridad Nacional como método para verificar la ciudadanía en los padrones, lo cual ha generado rechazo entre funcionarios electorales preocupados por posibles invasiones a la privacidad personal.
Advertencias desde funcionarios electorales estatales
Si se aprueba en ambas cámaras del Congreso y es promulgada, estas nuevas normas entrarían en vigor inmediatamente.
No obstante, con las elecciones primarias próximas a comenzar el mes entrante, numerosos críticos señalan que este cambio abrupto sería complicado de implementar y podría generar confusión entre los electores.
Especialistas en procesos electorales han señalado que más de 20 millones de ciudadanos habilitados para votar carecen actualmente de algún documento que pruebe su ciudadanía; casi la mitad de los estadounidenses no posee pasaporte vigente.
“El día electoral se acerca rápidamente”, comentó la senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska. “Imponer nuevas exigencias federales ahora mismo impactaría negativamente la integridad electoral al obligar a los funcionarios electorales a apresurarse para cumplir estos requisitos sin contar probablemente con los recursos necesarios”.
La confrontación próxima en el Senado
En el Senado, donde también tienen mayoría los republicanos, parece insuficiente el apoyo para superar las reglas contra la obstrucción parlamentaria (filibuster), las cuales generalmente requieren 60 votos para avanzar con cualquier legislación significativa.
Frustrados por esta situación, algunos republicanos liderados por el senador Mike Lee (Utah) están promoviendo un proceso alternativo que evitaría ese umbral y permitiría debatir este proyecto mediante una táctica conocida como debate interminable.
Lee presentó este argumento durante un almuerzo cerrado con sus colegas republicanos esta semana; varios manifestaron estar evaluando dicha opción.
“Creo que muchos lo están considerando con mente abierta”, afirmó el senador John Kennedy (Luisiana). “Yo definitivamente lo hago”.
Sin embargo Murkowski se ha pronunciado completamente en contra del proyecto legislativo:
“Aparte del hecho constitucional claro que otorga a los estados autoridad sobre ‘el momento, lugar y forma’ en que se realizan elecciones federales, las directrices uniformes desde Washington rara vez funcionan adecuadamente en lugares como Alaska”, indicó.
Karen Brinson Bell, consultora no partidista de Advance Elections, destacó que esta iniciativa añade numerosas obligaciones sobre funcionarios electorales estatales y locales sin proveer fondos adicionales:
“Los encargados electorales tienen un pedido simple al Congreso: ayúdennos a reducir la carga, no a aumentarla”, dijo.
El corresponsal Kevin Freking colaboró en esta nota.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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