Fuente: Listin diario
El Ministerio de Justicia abrirá oficinas de derechos humanos en todas las prisiones de República Dominicana, según informó en exclusiva el ministro Antoliano Peralta.
Esta iniciativa se toma luego de que Roberto Santana, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, solicitara formalmente establecer una oficina de derechos humanos en cada centro penitenciario.
“Sí. Nosotros estamos de acuerdo con eso”, declaró Peralta respecto a la propuesta hecha el miércoles durante el Desayuno de Listín Diario, moderado por Miguel Franjul, director del periódico, y el subdirector Fabio Cabral.
Santana detalló que la función principal de estas oficinas será “velar porque se respeten los derechos humanos” tanto de los reclusos como del personal penitenciario.
“Visité cárceles en Comayagua (Honduras), donde el personal penitenciario vivía en condiciones peores que los presos”, dijo el funcionario. “Eso ocurre tanto en Honduras como aquí”.
Agregó que las vulneraciones a estos derechos también pueden darse durante visitas familiares o conyugales, por retrasos en traslados a audiencias, en la alimentación o en la atención médica.
“Hay derechos humanos relacionados con la alimentación y con la atención médica del paciente”, afirmó Santana.
“No llevar a un interno a su audiencia oportunamente es una violación a sus derechos”, añadió Peralta.
En cuanto a las demoras en los traslados de los presos a los tribunales, Santana indicó que ahora “todo es responsabilidad” del sistema del Ministerio de Justicia, lo que permitirá mayor eficiencia en esos procesos.
“No solo requerimos combustible, vehículos o conductores; también necesitamos alimento para los privados de libertad. Eso no es cualquier cosa; representa la mayor parte del presupuesto”, expresó.
Santana afirmó que esta acción representa un punto de inflexión en el sistema penitenciario dominicano.
“Este asunto penitenciario, con esta nueva orientación del gobierno, realmente fortalece el compromiso del Estado con los derechos humanos”, manifestó.
Comentó que en una democracia existen contrapesos que garantizan el equilibrio del sistema político: “Si hablamos de democracia, esta se basa en contrapesos; significa que hay un peso y un contrapeso”.
Recordó que han existido organizaciones no gubernamentales dedicadas a defender los derechos humanos, pero criticó la ausencia de una entidad gubernamental desde el Poder Ejecutivo.
“Primero surgió algo llamado UDU, Unión de los Derechos Humanos; después la Comisión de los Derechos Humanos y varias otras como Derechos Humanos sin Fronteras, pero ninguna gubernamental”, puntualizó Santana.
Según explicó, había contrapesos, pero faltaba el “peso” institucional del Estado.
“Ahora contamos con ese peso. Por primera vez hay un responsable específico de los derechos humanos dentro del gobierno. No es un detalle menor”, enfatizó.
Santana reveló que previamente intentó implementar estructuras similares dentro de las cárceles mediante organizaciones no gubernamentales (ONG).
“Intenté introducir alguna estructura dedicada a los derechos humanos en las cárceles; comencé estableciendo una comisión con esas ONG”, comentó, señalando que dicho esfuerzo no prosperó.
“Son ONG y solo cumplen la función que ellas decidan; no se les puede exigir más allá de eso. Por eso no pude concretar esa idea”, explicó.
Se realizaron experiencias piloto en la cárcel La Victoria y en la prisión 15 de Azua, pero “esa iniciativa murió”, afirmó.
Con el nuevo modelo, la oficina dependerá directamente del Estado y tendrá capacidad para supervisar de forma permanente.
“Debe vigilar al personal penitenciario dentro de las cárceles para garantizar que respeten a los privados de libertad y sus derechos humanos”, dijo.
Consideró que esta medida coloca al país en una posición destacada: “Seremos el único país que dentro de sus cárceles tendrá una oficina gubernamental dedicada a garantizar el respeto a los derechos humanos de los presos”.
Durante el diálogo, Franjul preguntó si bajo este nuevo esquema persistirá la figura del ‘preboste’, asociada tradicionalmente con abusos como palizas, extorsiones y chantajes, ejercida por militares o internos con poder dentro del penal.
“Esa figura desapareció con la reforma”, respondió Santana.
El director de Servicios Penitenciarios explicó que trasladar el sistema bajo la tutela del Ministerio de Justicia representa un “retorno” institucional.
Recordó que históricamente el Ministerio de Justicia ha existido, fue eliminado y restituido varias veces desde la independencia nacional.
Durante las últimas seis décadas explicó que el sistema penitenciario operaba bajo el Ministerio Público.
“Durante 62 años, el sistema penitenciario fue una especie de cenicienta; no porque hubiera intención expresa de perjudicarlo, sino porque quienes investigan y litigan no podían ocuparse simultáneamente de liberar presos o gestionar sus asuntos familiares o salarios”, señaló.
Para él esa dualidad impidió consolidar reformas penitenciarias: “Nunca dio resultados positivos”.
Ahora explicó que este tema ha sido “rejerarquizado” al pasar a ser competencia del Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Justicia como órgano auxiliar del sistema judicial.
“El Poder Ejecutivo se encarga del tema penitenciario a través del Ministerio de Justicia porque este ámbito requiere atención constante y pronta respuesta”, dijo.
Finalmente, indicó que bajo este nuevo esquema la Dirección de Servicios Penitenciarios contará con autonomía funcional, jurídica, administrativa y financiera.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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