Fuente: El Universal
Crisis de confianza en Estados Unidos por la violencia en operativos de ICE en Minnesota
Miami. — Los estadounidenses enfrentan una creciente desconfianza y sensación de vulnerabilidad ante la violencia exhibida por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante sus operativos, especialmente en Minnesota.
En noviembre de 2025, una encuesta nacional divulgada por Axios reveló que el 57% de los votantes piensa que Estados Unidos se dirige hacia una guerra civil, y un 60% considera que las relaciones raciales están empeorando. La activista Laura Gómez explicó a EL UNIVERSAL que no se trata de que los estadounidenses estén contemplando acciones militares, sino más bien “una sensación extendida de que la convivencia política en Estados Unidos se está rompiendo”.
Un estudio del Pew Research Center indicó que el 85% de los estadounidenses percibe un aumento en la violencia con motivaciones políticas. Actualmente, cada operativo y cada video generado son observados con mayor desconfianza y suspicacia.
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En enero, el Instituto de Investigación de Religión Pública (PRRI) añadió un elemento crucial para comprender la situación en EU: dos tercios de los ciudadanos creen que la ausencia de condena hacia la retórica violenta por parte de líderes políticos contribuye “mucho” a episodios violentos y también señalan como factor la propagación de información falsa o engañosa creada mediante inteligencia artificial en redes sociales. Gómez advierte: “Un gobierno que comunica con etiquetas prefabricadas y una ciudadanía que responde con videos reales, entran en una dinámica explosiva”.
Minneapolis se convirtió en enero en el epicentro donde esa tensión nacional se manifestó, con calles llenas de agentes federales, ciudadanos grabando, mensajes contradictorios y una interrogante común: ¿Quién tiene derecho a usar la fuerza y quién a fiscalizar al poder?
El 7 de enero, Rene Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, falleció por disparos efectuados por un agente de ICE durante un operativo. El DHS afirmó que Good utilizó su vehículo como arma e intentó matar a un agente, calificando el hecho como “un acto de terrorismo doméstico”. No obstante, otras personas presentes difundieron videos que contradecían dicha versión oficial. Human Rights Watch (HRW) analizó cuatro de esos videos y determinó que el gobierno mintió: Good no intentó asesinar al agente, quien en cambio disparó a quemarropa.
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Sin embargo, el caso de Good fue solo uno entre varios episodios donde la versión oficial difiere de lo registrado en videos y testigos. Otro caso relevante fue el de Alex Pretti, un enfermero abatido también en Minneapolis el 24 de enero durante un operativo con participación federal.
La vigilancia ciudadana dejó de ser solo un acto solidario para convertirse en una práctica organizada contra ICE. The Guardian documentó un incremento nacional de grupos observadores del ICE, con entrenamientos masivos en línea y cientos de miles de reproducciones en pocas horas, impulsados por la idea de que los videos realizados por civiles desmienten las narrativas oficiales.
“En este tipo de casos, la diferencia entre lo que se observa y lo que se afirma determina la legitimidad del uso letal de la fuerza; todo indica que lo mataron sin amenaza letal alguna”, sostiene Gómez.
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“Esta situación ha generado un problema político adicional porque el gobierno de Trump enfrenta críticas no solo por parte de activistas proinmigrantes, sino también molestia dentro de su base trumpista que defiende el derecho a portar armas y al debido proceso”.
Frente a esta polarización creciente, el presidente Trump decidió sustituir a Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, por Tom Homan como zar fronterizo.
“El cambio fue significativo”, comenta Gómez, dado que Bovino se había convertido en el portavoz más visible de una línea confrontativa; “pero también plantea una cuestión fundamental: si el problema principal radicaba en la comunicación o en la conducta operativa. Y si es esta última, cambiar al vocero no evitará futuros usos letales de la fuerza”. Esa distinción es el núcleo del malestar nacional: la población no solo demanda mejores comunicados sino límites claros y verificables.
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Los operativos, las versiones contradictorias y la falta de transparencia han alimentado la desconfianza popular y aumentan la sensación generalizada de vulnerabilidad.
Según una encuesta realizada por CNN en enero, el 51% de los estadounidenses considera que las acciones del ICE hacen que las ciudades sean “menos seguras”.
Otra encuesta elaborada por PBS News indicó que el 62% opina que las actividades del ICE disminuyen la seguridad ciudadana, contrario a lo afirmado por el gobierno.
Mientras crece el temor social, aumenta también la movilización entre activistas: la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha interpuesto ya una demanda contra el gobierno federal debido a detenciones realizadas sin justificación razonable. Catherine Ahlin-Halverson, abogada de ACLU en Minnesota, enfatiza que “nadie, incluidos los agentes federales, está por encima de la ley”.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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