Fuente: Listin diario
La organización alerta que autorizar la “explotación comercial” de esta zona marítima al excluir terrenos del parque representa “un retroceso constitucional”.
La Red de Abogados Inmobiliarios (ABOGAIN) presentará un recurso formal ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la anulación inmediata del fallo del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que beneficia a la empresa Inversiones del Sur.
El propósito de esta acción judicial es detener la reducción del Parque Nacional Jaragua, advirtiendo que validar la demanda de propiedad sobre más de 12 millones de metros cuadrados establecería un precedente negativo que subordina el interés público y ambiental a fines comerciales.
El conflicto tiene su origen en una contradicción normativa desde 2004. Mientras la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04) protegía el ecosistema del Parque Jaragua, apenas dos meses después, la Ley 266-04, emitida en los últimos meses del gobierno de Hipólito Mejía, redefinió los límites para establecer un polo turístico en la zona suroeste.
José Thomas, presidente, y Nelson Vásquez Merejo, secretario general de la Red, indicaron que, bajo este marco legal, Inversiones del Sur reclama derechos sobre 12,577,201.82 metros cuadrados, que comprenden toda la franja costera y áreas sensibles de Bahía de las Águilas.
La Red de Abogados Inmobiliarios sostiene que la sentencia del TSA, al ordenar al Ministerio de Medio Ambiente ajustar el Catastro Nacional de Áreas Protegidas, incumple con el principio de progresividad en los derechos ambientales y compromete la soberanía ecológica nacional.
Este grupo pone especial atención en el origen de estos títulos. El gerente de la empresa demandante, Ricardo Alfredo Gadala-María Nasser, es heredero de Elías Gadala-María, persona vinculada históricamente al régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo.
Para la Red de Abogados Inmobiliarios, autorizar la “explotación comercial” de esta franja marina mediante la exclusión territorial del parque nacional constituye un acto contrario a la Constitución.
La organización añade que el derecho a un ambiente saludable prevalece sobre intereses económicos particulares fundamentados en leyes temporales vinculadas a coyunturas políticas.
Respecto a la seguridad jurídica, advierte que modificar los límites de un parque nacional por decisión administrativa, sin un consenso científico y legislativo riguroso, debilita el sistema de áreas protegidas.
Afirma que la intención manifiesta de la empresa de “ofrecer libremente en el comercio” estos terrenos privaría a los dominicanos de uno de sus recursos naturales más importantes.
“La Red de Abogados Inmobiliarios permanecerá en vigilancia constante hasta que el Tribunal Constitucional dicte una resolución que restaure la integridad territorial del Parque Nacional Jaragua”, finalizó la entidad.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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