Fuente: Hoy Digital
Corrupción persistente en América Latina: un desafío para la democracia y la igualdad
La corrupción ha sido una constante en la mayor parte de los países latinoamericanos. Independientemente de las ideologías y los cambios de gobierno, esta problemática se ha mantenido vigente e incluso ha aumentado en muchos casos a lo largo de la región. Entre 2014 y 2024, solo cinco naciones —Uruguay, Costa Rica, Colombia, Argentina y República Dominicana— lograron mejorar su posición en el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. En Paraguay, el índice no mostró cambios, mientras que en los otros 14 países se percibió un incremento en la corrupción. El abuso masivo del poder por parte de altos funcionarios públicos, burocráticos y grandes empresas privadas erosiona la confianza ciudadana en sus representantes y en las instituciones democráticas como conjunto.
Cómo se manifiesta la corrupción
En América Latina, la corrupción adopta diversas formas y se presenta en múltiples ámbitos políticos, económicos y sociales. La modalidad más visible y con mayor impacto son las grandes redes corruptas que involucran a autoridades estatales de alto rango y grandes firmas privadas. Un ejemplo emblemático fue el caso Odebrecht, cuyas prácticas ilícitas salieron a la luz entre 2014 y 2016 y afectaron a varios países de la región, evidenciando sistemas transnacionales de sobornos y financiamiento ilegal a la política. De forma similar, escándalos como el “Mensalão” y la Operación “Lava Jato” en Brasil revelaron la profundidad de estas redes, capaces de infiltrarse en gobiernos y partidos, comprometiendo gravemente la credibilidad democrática.
Un ámbito especialmente vulnerable es el financiamiento electoral. La ausencia de regulaciones claras, transparencia y controles efectivos convierte este proceso en una vía privilegiada para la corrupción. Como consecuencia, los gobiernos resultantes suelen verse condicionados por intereses privados que buscan recuperar sus inversiones mediante favores legislativos, asignaciones presupuestarias o decisiones regulatorias, debilitando así la representación democrática.
No obstante, la corrupción no se limita a grandes escándalos. También aparece en prácticas cotidianas que afectan directamente la relación entre ciudadanos y Estado. El pago de sobornos para acceder a servicios públicos, agilizar trámites o ejercer derechos garantizados universalmente contribuye a normalizar la ilegalidad y deteriora progresivamente la confianza en las instituciones públicas.
Además, esta problemática trasciende el sector público y alcanza al privado. La evasión fiscal, fraudes contra consumidores y otras conductas ilícitas son recurrentes y generan altos costos sociales. Sumado a esto, el avance del narcotráfico ha profundizado estas dinámicas corruptas en distintas capas del Estado y sociedad, reforzando un círculo vicioso que debilita tanto la legalidad como la legitimidad institucional.
Deslegitimación de la democracia
Aunque la corrupción no es exclusiva del ámbito político, cuando involucra a políticos, miembros gubernamentales o funcionarios públicos su impacto sobre la pérdida de legitimidad democrática es mayor. Los altos niveles persistentes evidencian fallas importantes en los mecanismos internos de control estatal —la llamada accountability interinstitucional—, aspecto clave para el buen desempeño de una democracia liberal representativa. Sin organismos e instancias capaces de investigar y sancionar eficazmente, la calidad democrática se ve seriamente comprometida.
La fragilidad o ineficacia de estas instituciones se refleja también en sanciones insuficientes, demoras excesivas para aplicar castigos e incluso ausencia total de penas. Esta situación genera una sensación generalizada de impunidad que estimula la repetición constante de prácticas corruptas.
La permanencia de corrupción sin castigos ejemplares ha provocado una disminución significativa de confianza ciudadana hacia partidos políticos tradicionales e incluso hacia el sistema democrático mismo. Esto favorece el ascenso electoral de partidos y líderes populistas que al inicio del siglo tenían un perfil izquierdista (el llamado socialismo del siglo XXI) pero que hoy adoptan posiciones claramente extremas derechistas. Estos movimientos son críticos no solo con las élites políticas convencionales sino también —en distinto grado— con las instituciones democráticas tradicionales, especialmente aquellas encargadas del control político como Poder Judicial, fiscalías o contralorías.
Generalmente estos líderes populistas alcanzan el poder prometiendo erradicar la corrupción heredada “de la política tradicional”. Sin embargo, una vez gobernando tienden a desmantelar o cooptar las entidades encargadas del control. Por ejemplo: los gobiernos de Morales en Bolivia o el exmandatario Bolsonaro en Brasil; este último eliminó gran parte del sistema anticorrupción argumentando que su administración estaba libre de corrupción.
Al capturar o limitar estas instituciones supervisores, los gobiernos populistas encuentran menos obstáculos para incurrir en prácticas corruptas. En un contexto donde el régimen democrático está debilitado resulta aún más complejo para las instituciones sancionar a los responsables.
Relación entre corrupción y desigualdad
Las sociedades caracterizadas por desigualdad social y económica son más propensas a sufrir corrupción; al mismo tiempo ésta agrava esas mismas desigualdades. No es casual que América Latina sea considerada como la región más desigual del mundo: según el informe “Riqueza sin control, democracia en riesgo” elaborado por Oxfam para América Latina y el Caribe, el 1 % más rico concentra cerca del 45 % de la riqueza regional dentro de un escenario persistente de elevados niveles corruptos.
La corrupción empeora las desigualdades porque otorga mayor poder a los corruptos para influir decisiones públicas y modificar leyes para su beneficio privado. Esto produce democracias capturadas por intereses particulares con resultados menos eficaces para toda la población, lo que debilita aún más la confianza ciudadana sobre si este sistema democrático puede satisfacer siquiera necesidades básicas.
El caso opuesto se observa en Uruguay: es el país latinoamericano con menor percepción de corrupción según Transparencia Internacional; también exhibe menor desigualdad regional y es considerada única democracia plena según The Economist. Además, junto con Argentina lidera el apoyo popular a la democracia: 70 % de uruguayos expresan respaldo frente al promedio regional del 52 %, según Latinobarómetro.
El mensaje es claro aunque complejo: reducir la corrupción demanda fortalecer las instituciones e instancias supervisores junto con disminuir sensiblemente las desigualdades sociales.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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