Fuente: Listin diario
Se consideró que este método representa un cambio estructural, ya que los delitos ambientales serán perseguidos con la misma severidad que el crimen organizado, debido a su daño grave y, en muchas ocasiones, irreversible para el tejido social.
Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, garantizó a la población que se llevará a cabo una investigación “exhaustiva e inmediata” respecto a las ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios que afectan el patrimonio natural dominicano.
“Las áreas protegidas son reservas vitales y las protegeremos. Trabajaremos para evitar daños en todas estas zonas”, declaró Camacho.
Se consideró que este método representa un cambio estructural, ya que los delitos ambientales serán perseguidos con la misma severidad que el crimen organizado, debido a su daño grave y, en muchas ocasiones, irreversible para el tejido social.
El funcionario afirmó que la investigación será sin precedentes y abarcará regiones críticas del país donde se han detectado irregularidades, como el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo y las Dunas de Baní, así como La Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.
Estas medidas responden a una directriz directa de la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, destinada a proteger las reservas ecológicas nacionales frente a grupos criminales.
Para asegurar la efectividad de las investigaciones y desmantelar posibles redes corruptas, se conformó un equipo de alto nivel integrado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren).
También participan Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Ana Burgos, encargada de la Unidad de Investigación Inmobiliaria; y Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.
La orden emitida por Reynoso establece que el equipo debe revisar todos los actos jurídicos, administrativos y transacciones que hayan resultado en la emisión de títulos privados dentro de terrenos protegidos.
El propósito principal es detectar estructuras criminales, casos de prevaricación y falsificación documental que hayan permitido a particulares apropiarse fraudulentamente del patrimonio público.
En este sentido, la Procuradora General afirmó que preservar estos ecosistemas garantiza la continuidad de los servicios ambientales y económicos para las generaciones presentes y futuras.
Esta iniciativa forma parte de una estrategia para reforzar la persecución de delitos ambientales que afectan la seguridad hídrica y las actividades productivas del país.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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