Fuente: Hoy Digital
Perú enfrenta una nueva vacancia presidencial el 17 de febrero. Aunque en democracias consolidadas esto sería una crisis inusual, en Perú se ha vuelto algo habitual. Desde 2016, ningún mandatario ha completado su mandato, convirtiendo la inestabilidad en un sello característico del sistema político nacional.
José Jerí, quien presidía la Mesa Directiva del Congreso antes de que Boluarte fuera destituida, asumió la presidencia conforme al orden constitucional durante un período de 130 días. Jerí había ingresado al Congreso como accesitario tras la inhabilitación de Martín Vizcarra. Durante su corto tiempo en el cargo, buscó mostrar un liderazgo firme visitando prisiones y con discursos enfocados en el orden y la seguridad, aunque su aceptación pública decayó rápidamente.
La firma Ipsos registró un rechazo del 60%, en medio de críticas públicas por encuentros con empresarios chinos, acusaciones de violación y el empeoramiento de la seguridad ciudadana. Aunque los congresistas justificaron su destitución con estos hechos, esta acción responde a un interés político de cara a las próximas elecciones. Tras la salida de Jerí, José María Balcázar, un congresista izquierdista de 83 años conocido negativamente por respaldar el matrimonio infantil, asumió la presidencia del país.
Una sucesión acelerada
El último presidente que terminó su mandato fue Ollanta Humala (2011-2016). Desde entonces, los cambios han sido muy frecuentes. Pedro Pablo Kuczynski renunció tras poco más de un año y medio debido a la presión de un Congreso dominado por el fujimorismo. Su vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió tras esa dimisión pero fue destituido vía “vacancia presidencial”. Manuel Merino, entonces presidente del Congreso, tomó el cargo según la Constitución pero renunció cinco días después tras fuertes protestas sociales donde fallecieron dos jóvenes. Francisco Sagasti completó el período hasta las elecciones de 2021. Pedro Castillo, elegido en ese año, fue destituido luego de intentar disolver el Congreso; su vicepresidenta Dina Boluarte lo reemplazó y también fue vacada tras frágiles acuerdos con los legisladores.
Más allá de quiénes fueron y cuánto duraron sus mandatos, lo esencial es que Perú atraviesa una fragilidad institucional que favorece la remoción frecuente del jefe de Estado. La Constitución permite declarar la “vacancia por incapacidad moral permanente” con dos tercios de los votos del Congreso (mayoría simple para censurar al presidente de la Mesa Directiva).
Este mecanismo excepcional está pensado para casos extremos; sin embargo, se ha convertido en una herramienta política recurrente. La expresión “incapacidad moral permanente” es suficientemente ambigua para admitir múltiples interpretaciones. En años recientes se ha invocado por razones variadas como acusaciones de corrupción o motivos políticos, sin existir un criterio jurídico claro.
Esta situación impacta directamente en las políticas públicas. Estas requieren continuidad, planificación y coordinación entre instituciones. Cuando los gobiernos cambian rápidamente, los equipos ministeriales se renuevan constantemente, prioridades se modifican y las reformas estructurales pierden fuerza. Problemas complejos como inseguridad ciudadana, economía informal o deficiencias en servicios públicos difícilmente pueden resolverse eficazmente si la supervivencia política es el objetivo principal.
Por otro lado, no hubo reformas constitucionales que alteraran formalmente el equilibrio de poderes tras 2016; lo que varió fue cómo los actores políticos emplearon los instrumentos existentes. La vacancia pasó de ser una medida excepcional a una amenaza constante para presidentes sin mayoría parlamentaria. En este marco, la estabilidad del Ejecutivo depende menos de criterios legales y más de cálculos legislativos. Además, luego de que Martín Vizcarra disolviera el Congreso, el Legislativo ha buscado fortalecer sus facultades, limitando por ejemplo la posibilidad de disolución del Senado.
Lo que realmente demanda el país
Es imprescindible una reforma política profunda para fortalecer el sistema presidencialista y los partidos políticos como paso necesario para reducir la fragmentación y confrontación constante. No obstante, cambiar reglas no basta: la experiencia reciente muestra que es fundamental que las élites políticas asuman un compromiso real con la estabilidad democrática. En 2018, Martín Vizcarra impulsó reformas sometidas a referéndum; pese a participación ciudadana, parte importante se diluyó en el Congreso y no se lograron transformaciones estructurales significativas.
En los próximos meses Perú elegirá presidente y vicepresidentes junto con senadores y diputados. Ante esta fragilidad institucional surge una pregunta clave: ¿importa quién esté al frente si las reglas permiten interrumpir su mandato fácilmente?
El escenario indica que la estabilidad no depende solo del presidente sino del diseño y funcionamiento institucional integral. Sin cambios en ese ámbito, el riesgo de repetir ciclos inestables persistirá.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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