Fuente: Hoy Digital
El traslado del expresidente filipino Rodrigo Duterte a La Haya, tras ser detenido en Manila por una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad, sigue un patrón similar al de otros líderes juzgados por tribunales internacionales especiales.
Duterte enfrenta acusaciones por el delito de lesa humanidad debido a asesinatos durante su “campaña contra las drogas” en Filipinas, que tuvo lugar entre 2011 y 2019. Aunque en ese último año retiró a su país del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, esta decisión no limita la jurisdicción de la Corte sobre los delitos cometidos en años anteriores.
El exmandatario es apenas el segundo jefe de Estado que pasa a ser procesado por la CPI desde su creación en 2002. Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, fue absuelto en 2019 por dicha Corte tras casi diez años detenido en el Centro de Detención de La Haya, pese a estar acusado también de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, entre las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra líderes figuran nombres como el del presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el expresidente sudanés Omar al Bashir.
La CPI se rige por el Estatuto de Roma adoptado en 1998 y tiene competencia para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión estatal.
Actualmente cuenta con 125 Estados miembros, aunque potencias importantes como Estados Unidos, Rusia y China no forman parte de este tribunal. Tribunales especiales La Haya también ha sido sede de otros tribunales especiales ad hoc creados con apoyo internacional para casos y conflictos específicos.
Charles Taylor, quien fue presidente de Liberia entre 1997 y 2003 y figura destacada en los conflictos del oeste de África, fue el primer exjefe de Estado condenado por un tribunal internacional desde los juicios de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial. Actualmente cumple su condena en Reino Unido.
Su proceso judicial fue llevado adelante por el Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL), respaldado por la ONU, y concluyó con una condena el 26 de abril de 2012 por crímenes de guerra y lesa humanidad. Aunque este tribunal operaba desde Freetown (capital de Sierra Leona), el juicio contra Taylor se celebró en La Haya (Países Bajos) por razones de seguridad.
El tribunal determinó que Taylor era “responsable” de proveer armas a los rebeldes sierra leoneses a cambio de diamantes extraídos ilegalmente, haciéndolo cómplice de los crímenes ocurridos durante la guerra civil en Sierra Leona (1991-2002), conflicto que causó alrededor de 50.000 muertos y miles de mutilados y desplazados.
En 1999, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), ubicado en La Haya, formuló cargos contra Slobodan Milošević, expresidente serbio, debido a su papel crucial en las guerras balcánicas durante los años noventa.
Fue el primer líder europeo acusado mientras aún estaba en funciones por genocidio y crímenes bélicos ante un tribunal internacional.
En 2001, ya fuera del poder, Serbia lo detuvo y extraditó a La Haya para enfrentar un juicio histórico con más de 60 cargos que incluían genocidio en Bosnia, crímenes bélicos en Croacia y crímenes contra la humanidad en Kosovo.
Milošević falleció en prisión en 2006 antes de que se emitiera un veredicto final, dejando su juicio sin resolución definitiva.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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