Fuente: Mar Monreal/mar_monreal@efe.com
Viena (EFE).- Una cuarta parte de las mujeres que escaparon de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa hace cuatro años reporta haber sufrido violencia física o sexual, tanto en su país como en las naciones que les brindaron refugio.
Un informe publicado este martes por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) revela que, desde el 24 de febrero de 2022, alrededor de 2,5 millones de mujeres y niñas huyeron de Ucrania y obtuvieron protección temporal en distintos países europeos, donde se les facilitó el acceso a residencia y empleo.
No obstante, el documento de la FRA advierte que llegar a estos países no significó el fin de la violencia ni la vulnerabilidad para muchas mujeres ucranianas.
Sirpa Rautio, directora de la FRA, afirma: “Buscar refugio en Europa debería haberles proporcionado alivio, pero pese a la protección ofrecida por la UE, muchas mujeres enfrentan graves violaciones y se sienten inseguras”.
El análisis, basado en entrevistas realizadas entre marzo y junio de 2024 a 1.223 mujeres refugiadas en Alemania, República Checa y Polonia —las naciones con mayor acogida—, señala numerosos casos de “abusos de derechos, violencia y explotación”.
Antes de huir, las mujeres residentes en áreas ocupadas por tropas rusas fueron detenidas y registradas en las calles; numerosas sufrieron humillaciones físicas y sexuales.
“Un soldado ruso me aplastó las piernas con una maleta y me fracturó los huesos. Herían especialmente a quienes intentaban marcharse”, relató una encuestada en Polonia.
De las mujeres que padecieron violencia física o sexual, el 62 % indica haberla sufrido en el país receptor, mientras que el resto la vivió dentro de Ucrania o durante su desplazamiento hacia Europa.
La investigación destaca que una de cada cuatro mujeres recibió ofertas potencialmente abusivas relacionadas con trabajo, alojamiento o transporte en la UE.
Algunas incluso enfrentaron propuestas que implicaban favores sexuales o amenazas con retirarles documentos, evidencias claras de “trata de personas”, según la FRA.
Dentro del grupo integrado al mercado laboral, muchos laboraron sin contrato o bajo condiciones precarias, recibiendo salarios insuficientes o sin remuneración alguna.
El acoso y la violencia persistieron tanto en espacios digitales como públicos: el 51 % de las ucranianas encuestadas declaró haber padecido acoso sexual desde el inicio del conflicto, y el 23 % reportó ser víctima de ciberacoso.
Más de la mitad también señaló haber sufrido agresiones físicas o verbales en sus países anfitriones por hablar ucraniano en público.
Estas vivencias impactan profundamente en la salud mental: el 88 % de las mujeres afectadas manifestó secuelas emocionales duraderas como ansiedad, sensación de vulnerabilidad o pérdida de confianza.
Casi la mitad identificó al agresor como alguien con quien mantenían una relación personal; otras veces fue un agente policial, funcionario fronterizo o médico.
A pesar de ello, solo un 3 % decidió denunciar ante la Policía; muchas prefirieron compartir lo ocurrido únicamente con familiares o amigos.
Entre los motivos principales para evitar denunciar destacan la percepción de que el incidente “no era lo suficientemente grave”, la falta de confianza en que hablar pudiera ayudar y desconocimiento sobre los recursos disponibles.
“Ahora comprendo que debía haber consultado a un psicólogo, pero entonces sentía una desesperación inmensa. Ese insulto destruyó mi voluntad para actuar o buscar ayuda porque no tenía fuerzas ni energía”, afirmó una entrevistada.
El informe también pone en evidencia deficiencias en el acceso a servicios básicos: varias mujeres indicaron no haber podido recibir atención en salud mental o reproductiva.
Las barreras idiomáticas, el desconocimiento del sistema sanitario y dificultades económicas son algunos obstáculos reportados por las encuestadas.
Ante esta realidad, la FRA exhorta a los Estados miembros a fortalecer la protección contra la violencia basada en género.
Asimismo, insta a garantizar un acceso real a la justicia y servicios de apoyo, intensificar inspecciones laborales para evitar explotación y asegurar que las mujeres desplazadas puedan reconstruir sus vidas con seguridad y dignidad incluso tras concluir su estatus temporal de protección.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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