Fuente: Noticias de Chihuahua – La Parada Digital
La hemeroteca no olvida. Tampoco lo hace la página oficial del Municipio. Allí permanece, inalterado, el boletín que anuncia con determinación la destitución de César Komaba por parte de Maru Campos debido a “comentarios inadmisibles” contra las mujeres. Un mensaje ejemplar, cargado de solemnidad institucional: cero tolerancia hacia la misoginia, compromiso total con la dignidad, igualdad y empatía. La dignidad —decían— no es tema para bromas.
Después del impacto mediático llegó la realidad burocrática: Komaba no desapareció del organigrama, no fue eliminado del presupuesto ni condenado al ostracismo político. Continuó percibiendo sueldo en Gobernación. Y cuando Nijta Leal Bejarano, entonces regidora del PT, denunció la situación, el castigo se transformó en ascenso. De subdirector cuestionado fue promovido a director en Vialidad y, más adelante, como broche institucional, líder municipal del PAN.
Actualmente, el mismo César Komaba adopta un discurso de corrección política para criticar los comentarios misóginos atribuidos al subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Luis Terrazas, conocido como “Tomatito”. Su postura es típica: hay que esperar que la investigación defina si habló “como ciudadano o como funcionario”. Como si la dignidad femenina dependiera de las horas laborales.
¿Acaso existe una doble moral en la ofensa? ¿Si se expresa como ciudadano es libertad de expresión y si se hace desde el cargo es falta administrativa? ¿La gravedad de la misoginia varía según el gafete que se lleve ese día?
La contradicción resulta grotesca. El mismo sistema que afirmó que la dignidad no admite bromas terminó premiando al protagonista del escándalo. Ahora ese protagonista se erige como juez ético, estableciendo fronteras imaginarias entre vida privada y función pública, como si ambas no compartieran una misma convicción.
El mensaje que queda no es el de igualdad, sino el de conveniencia. Se condena en el comunicado, se recicla en la nómina y se legitima en la dirigencia. Luego se discute si la ofensa fue “personal” o “institucional”, como si el desprecio tuviera uniforme.
En política debería imperar la congruencia; en Chihuahua parece ser la excepción. Al ritmo actual, dentro de unos años “Tomatito” será director de Seguridad Pública Municipal o estatal.
La comunidad atraviesa horas que parecen interminables. Más de ocho horas de enfrentamientos armados han convertido calles y hogares en trincheras improvisadas. Lo que en los reportes aparece como “incidentes” u “operativos”, en realidad son familias atrapadas, niños temblando y madres rezando en silencio mientras los disparos rompen la noche.
No es un caso aislado. Son días seguidos de balaceras, ataques directos a viviendas, desplazamientos silenciosos y pérdidas irreparables. El asesinato de un menor de 14 años dejó no solo una tumba abierta sino una pregunta brutal sobre quién protege realmente a la sierra.
Las autoridades municipales optan por el silencio. En momentos donde se demanda presencia, coordinación y liderazgo, lo que se percibe es ausencia. Cuando la población necesita información clara, apoyo y acciones concretas recibe solo silencio. Y este silencio, en medio del estruendo de las armas, también transmite un mensaje.
A nivel estatal la crisis de seguridad vuelve a mostrar la vulnerabilidad en la región serrana. La violencia no surge espontáneamente; se alimenta de la falta de prevención, reacciones tardías y normalización de lo intolerable. Mientras tanto, los actos públicos y fotos oficiales parecen pertenecer a otro estado, otra realidad distinta a la de Atascaderos o Guadalupe y Calvo.
Desde el ámbito federal se repite una sensación común en varios puntos del país: una estrategia incapaz de contener; una presencia insuficiente; un Estado que llega después de que el daño está hecho. La violencia disputa no solo territorios sino también la credibilidad del gobierno en todos sus niveles.
Hoy Atascaderos se siente abandonado. Cuando una comunidad queda sola frente a las armas, el problema deja de ser local para convertirse en una herida nacional.
No bastan comunicados ni llamados a mantener la calma. Se requiere seguridad real, investigaciones efectivas y justicia visible. Es necesario que el miedo deje de ser parte cotidiana.
Porque cada hora con disparos no solo deja casquillos en el suelo; deja cicatrices en la memoria colectiva. Y esas cicatrices tardan generaciones en sanar cuando falla el Estado.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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