Fuente: Hoy Digital
Argentina aprueba nueva ley laboral que afecta indemnizaciones y derechos sindicales
Este viernes, el Congreso argentino ratificó la nueva ley laboral que altera la base para calcular las indemnizaciones, perjudicando a los trabajadores, y restringe el derecho a huelga, entre otros cambios significativos en las condiciones laborales de un país con una vasta tradición de lucha obrera.
Esta normativa, enviada al Parlamento por el presidente Javier Milei y pendiente de promulgación ejecutiva para su aplicación, modifica una legislación vigente desde 1976.
A continuación, se exponen los principales aspectos que introduce la nueva ley:
Indemnizaciones por despido
Se altera la fórmula para calcular las indemnizaciones por despido, excluyendo del cálculo conceptos como aguinaldo, vacaciones, premios y otros que no sean pagos mensuales habituales, lo cual disminuye el monto final comparado con el régimen anterior.
Las empresas podrán fraccionar el pago de las sentencias judiciales: hasta seis cuotas para grandes firmas y doce para pymes.
Asimismo, se establecerá el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitirá a los empleadores hacer contribuciones mensuales destinadas a cubrir posibles despidos.
La antigua norma contemplaba conservar la antigüedad del trabajador reincorporado, pero ahora no se considerarán los años previos si han pasado dos o más años entre la terminación y la reanudación del vínculo laboral.
Vacaciones y horas extras
Las vacaciones podrán dividirse en períodos mínimos de siete días y ser rotativas. Cada tres años, el trabajador tendrá derecho a al menos un descanso durante la temporada estival coincidente con las vacaciones escolares.
Mientras la legislación previa garantizaba el pago por horas extras, la nueva norma crea un “banco de horas” que permite acumular ese tiempo para compensarlo con días libres o reducción de jornadas laborales.
Derecho a la huelga
Se amplía la lista de sectores considerados esenciales; durante una huelga deberá prestarse al menos el 75 % del servicio.
Además de los sectores ya incluidos —salud, agua potable, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo— se agregan telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, y educación (excluyendo universidades). Las fuerzas de seguridad deberán mantener el 100 % de sus funciones.
Se introduce la categoría “servicios de importancia trascendental”, con un mínimo del 50 % de funcionamiento garantizado. En este grupo están transporte de pasajeros y carga, industria farmacéutica, bancos, agroindustria, minería, siderurgia, construcción, medios de comunicación, comercio electrónico y hotelería.
Representación sindical
La Ley de Asociaciones Sindicales se modifica para establecer que asambleas y congresos de delegados no puedan interrumpir el normal desarrollo de la empresa y requieran autorización del empleador.
Se consideran infracciones “muy graves” los bloqueos o tomas de instalaciones y las acciones que coarten la libertad laboral de quienes no participen en medidas gremiales.
También se habilita que sindicatos empresariales obtengan personería gremial si superan en afiliados al sindicato preexistente durante al menos seis meses consecutivos.
Convenios colectivos
Se elimina el principio que mantenía vigente un convenio colectivo tras su vencimiento hasta firmar uno nuevo. Ahora dichos convenios dejarán de tener validez una vez concluido su plazo, salvo en lo referido a condiciones laborales.
Además, los convenios de ámbito menor —como los empresariales— tendrán prioridad sobre los sectoriales de mayor alcance.
Finalmente, la derogación de estatutos y regímenes especiales tendrá efecto 180 días después de sancionarse esta ley.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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