Fuente: Redacción Proceso/redaccion_proceso@proceso.com.mx
CAPITAL DE MÉXICO (apro).— El 3 de marzo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que un gran jurado federal en Chicago presentó cargos contra Jesús Omar Ibarra Félix, conocido también como “El Chuta”, por delitos relacionados con tráfico de drogas, armas y apoyo material al terrorismo.
Según el comunicado oficial de la Oficina del Fiscal para el Distrito Norte de Illinois, la acusación formal sostiene que Ibarra Félix habría dirigido un grupo armado denominado “Las Fuerzas Especiales de Chuta” (FECH), encargado de proteger a una facción del Cártel de Sinaloa.
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El Departamento de Justicia detalló que el acusado supuestamente brindó apoyo material a una organización catalogada como terrorista extranjera bajo la legislación estadounidense. De acuerdo con el documento judicial, el Cártel de Sinaloa está incluido en esta categoría y la imputación afirma que Ibarra Félix tenía conocimiento de dicha designación.
La acusación indica que entre 2016 y 2026, el señalado conspiró para fabricar y distribuir metanfetamina y fentanilo con destino a Estados Unidos. Además, se le responsabiliza de coordinar acciones armadas para proteger las operaciones del narcotráfico en México.
Las autoridades federales destacaron que estas conductas pueden ser sancionadas con penas que incluyen cadena perpetua si se dictara una sentencia condenatoria.
El Departamento de Justicia informó que el acusado no se encuentra detenido, pero existe una orden de arresto vigente en su contra.
Jesús Omar Ibarra Félix es señalado por fiscales federales como presunto líder de un grupo armado que operaba en la región de Ahome, Sinaloa, brindando seguridad a las actividades relacionadas con el tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa.
La acusación presentada ante la corte federal en Chicago señala que encabezó “Las Fuerzas Especiales de Chuta” y coordinó el abastecimiento de armamento, incluidas ametralladoras, para resguardar las labores vinculadas con la producción y envío de metanfetamina y fentanilo.
Según el Departamento de Justicia, el cargo por apoyo material al terrorismo se fundamenta en la colaboración con una organización designada como terrorista extranjera por el gobierno estadounidense. La legislación federal establece que proporcionar recursos o asistencia a una entidad con esa clasificación es delito.
La fiscalía especifica que los actos atribuidos ocurrieron entre 2016 y 2026, integrando una conspiración para fabricar y distribuir drogas hacia territorio estadounidense.
El comunicado oficial enfatiza que la acusación formal no implica culpabilidad alguna y que el acusado se presume inocente hasta que se pruebe su responsabilidad ante un tribunal federal.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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