Fuente: Listin diario
Además, asegura que el cálculo de los plazos procesales sea claro y comprobable para todas las partes involucradas.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) declaró que las recientes determinaciones del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la extinción de la acción penal no solo reafirmaron el principio de motivación judicial, sino que fortalecieron la legitimidad del sistema de justicia dominicano.
El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, indicó que estas sentencias fijan un criterio estricto que impide emitir resoluciones genéricas.
Además, asegura que el cálculo de los plazos procesales sea claro y comprobable para todas las partes involucradas.
Castaños Guzmán explicó que, aunque la normativa procesal penal establece límites temporales máximos, el TC ha sido categórico en que cualquier prórroga o rechazo de la extinción debe estar debidamente justificada.
Manifestó que el órgano de control demanda que las causas de demoras —ya sea por la complejidad del caso o por estrategias de las partes— se expresen con claridad, evitando así decisiones basadas únicamente en cálculos numéricos que no revelen el razonamiento detrás del tiempo transcurrido.
Uno de los aspectos centrales resaltados por el directivo de FINJUS es la “corregulación” entre diferentes jurisdicciones.
Precisó que la actuación del TC no persigue reemplazar al juez natural, sino garantizar que este opere dentro del marco establecido por la Constitución.
“El TC funciona como un contrapeso frente a fallos de la jurisdicción ordinaria cuando estos incumplen garantías constitucionales. La anulación de sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) responde a un estándar de revisión que exige parámetros explícitos, sin menoscabar la competencia de los tribunales ordinarios”, afirmó Castaños Guzmán.
No obstante, admitió que estos pronunciamientos evidencian importantes desafíos prácticos en la gestión procesal y en la interpretación normativa sobre la extinción penal.
Para Cury, la negativa de algunos jueces a acatar las decisiones del tribunal constitucional no representa simplemente una diferencia jurídica, sino una violación directa al orden democrático. Señaló que al desconocer el carácter vinculante de los fallos del TC se pone en riesgo la unidad del derecho en República Dominicana.
“Se fragmenta el sistema judicial en feudos que aplican la Constitución según sus propios criterios. La desobediencia de la Segunda Sala de la SCJ es gravísima porque está afectando directamente el principio de supremacía constitucional”, criticó el abogado.
Cury afirmó que si continúa esta “insubordinación judicial”, el Tribunal Constitucional tiene tanto la autoridad como la responsabilidad de denunciar tales irregularidades ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Lamentó que se actúe “como si no existiera el precedente constitucional”, lo cual genera incertidumbre entre los ciudadanos.
Reafirmó que ningún tribunal, sin importar su jerarquía dentro del sistema ordinario, está por encima ni de la Constitución ni de su interpretación oficial emanada del TC.
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