Fuente: Associated Press/associated_press@wfmz.com
Estados demandan a Trump por los nuevos aranceles tras fallo de la Corte Suprema
WASHINGTON (AP) — Más de veinte estados presentaron el jueves una demanda contra los recientes aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, luego que la Corte Suprema declarara ilegales los aranceles anteriores.
Los fiscales generales y gobernadores demócratas que lideran la acción legal argumentan que Trump está excediendo sus facultades al imponer un arancel del 15% sobre gran parte de las importaciones internacionales.
Trump ha defendido que estos gravámenes son necesarios para reducir los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos. Los aranceles fueron establecidos con base en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, tras la anulación por parte de la Corte Suprema de los aranceles previos aplicados bajo una ley de poderes de emergencia.
La Sección 122, que nunca había sido utilizada antes, autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta un 15%, con una vigencia limitada a cinco meses salvo que el Congreso decida extenderlos.
La demanda está encabezada por los fiscales generales de Oregon, Arizona, California y Nueva York.
“El enfoque ahora debe estar en devolverle el dinero a la gente, no en aumentar las apuestas con aranceles ilegales”, afirmó Dan Rayfield, fiscal general de Oregon. Por otra parte, un juez determinó el miércoles que las empresas que pagaron aranceles bajo el esquema anterior deben recibir reembolsos.
La Casa Blanca asegura una defensa firme
Desde la Casa Blanca señalaron que Trump actúa dentro de sus atribuciones. “El presidente está ejerciendo la autoridad otorgada por el Congreso para tratar problemas fundamentales relacionados con pagos internacionales y para abordar los significativos déficits en nuestra balanza de pagos”, indicó el portavoz Kush Desai. “El gobierno defenderá con firmeza la acción presidencial ante los tribunales”.
La nueva demanda sostiene que Trump no puede invocar la Sección 122 porque fue diseñada para circunstancias específicas y limitadas, no para aplicar impuestos amplios sobre las importaciones. Además, aseguran que estos aranceles aumentarán los costos para estados, empresas y consumidores.
Kris Mayes, fiscal general de Arizona, citó un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York que concluye que las familias soportan en gran medida el costo de los aranceles, estimado en 1.200 dólares anuales por hogar. “Ese dinero sale directamente del bolsillo de las familias estadounidenses que intentan comprar alimentos, pagar alquiler y sostener sus pequeños negocios”, destacó Mayes.
Muchos estados demandantes ya habían ganado casos contra los aranceles anteriores impuestos bajo otra ley: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Cuatro días después de que la Corte Suprema anulara sus amplios aranceles bajo la IEEPA el 20 de febrero, Trump invocó la Sección 122 para aplicar un gravamen del 10% a productos extranjeros. Scott Bessent, secretario del Tesoro, dijo a CNBC el miércoles que se incrementará al máximo permitido del 15% esta semana.
Gobiernos demócratas y críticos sostienen que Trump no puede usar la Sección 122 como sustituto para los aranceles anulados en su lucha contra el déficit comercial.
La Sección 122 permite imponer aranceles para contrarrestar “problemas fundamentales de pagos internacionales”. La controversia gira en torno a si esta definición incluye los déficits comerciales, es decir, la diferencia entre lo que EE.UU. exporta e importa.
Esta disposición surgió durante las crisis financieras de las décadas del 60 y 70, cuando el dólar estadounidense estaba ligado al oro. En ese contexto, otros países canjeaban dólares por oro a una tasa fija, generando riesgo de colapso monetario y caos financiero. No obstante, como hoy el dólar ya no está respaldado por oro, críticos consideran obsoleta esta sección.
Irónicamente, el Departamento de Justicia durante la administración Trump argumentó en un documento judicial el año pasado que el presidente necesitaba usar la ley de poderes de emergencia porque la Sección 122 “no tenía aplicación evidente” para enfrentar déficits comerciales, considerados “conceptualmente diferentes” a problemas en la balanza de pagos.
Sin embargo, algunos expertos legales opinan que esta vez el gobierno tiene un argumento más sólido.
“Legalmente es probable que los tribunales otorguen al presidente Trump mayor deferencia respecto a la Sección 122 que con sus aranceles anteriores bajo la IEEPA”, escribió Peter Harrell, investigador visitante en el Instituto de Derecho Económico Internacional de Georgetown, en un comentario reciente.
El Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York —que conocerá esta demanda— señaló en su fallo del año pasado que anuló los aranceles por poderes de emergencia porque Trump podía recurrir a la Sección 122 para enfrentar déficits comerciales.
Trump cuenta también con otras herramientas legales para imponer gravámenes aprobados en tribunales; por ejemplo, los impuestos aplicados durante su primer mandato a productos chinos bajo la Sección 301 siguen vigentes.
Además se sumaron a la demanda los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin; así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con apoyo de una herramienta generativa basada en inteligencia artificial.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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