Fuente: Reading Eagle
Más de veinte estados demandan a Trump por nuevos aranceles tras fallo de la Corte Suprema
WASHINGTON (AP) — El jueves, más de veinte estados interpusieron una demanda contra los recientes aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, luego de que la Corte Suprema declarara ilegales los gravámenes anteriores.
Los gobernadores y fiscales generales demócratas que lideran la acción legal argumentan que Trump está excediendo sus facultades al establecer aranceles del 15% sobre numerosos productos importados.
Trump ha defendido que estos aranceles son indispensables para reducir los continuos déficits comerciales de Estados Unidos. Los gravámenes fueron aplicados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, después de que la Corte Suprema invalidara los aranceles establecidos el año pasado mediante una ley de poderes de emergencia.
La Sección 122, que nunca antes se había utilizado, autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta un 15%. Estos tienen un límite temporal de cinco meses, a menos que el Congreso decida extenderlos.
Los fiscales generales de Oregon, Arizona, California y Nueva York encabezan esta demanda.
“En este momento, lo prioritario debería ser devolver el dinero a la gente, no aumentar las apuestas con aranceles ilegales”, expresó Dan Rayfield, fiscal general de Oregon. Paralelamente, un juez determinó el miércoles que las compañías que pagaron aranceles bajo el esquema anterior deberían recibir reembolsos.
Desde la Casa Blanca afirmaron que Trump actúa dentro de sus atribuciones. “El presidente utiliza la autoridad conferida por el Congreso para abordar problemas fundamentales en los pagos internacionales y para enfrentar los significativos déficits en la balanza de pagos del país”, indicó el portavoz Kush Desai. Añadió que el gobierno defenderá vigorosamente las acciones presidenciales ante los tribunales.
La demanda sostiene que Trump no puede aplicar la Sección 122 porque está destinada exclusivamente a circunstancias específicas y limitadas, no para imponer impuestos generalizados a las importaciones. Además, señala que estos aranceles encarecerán los costos para estados, empresas y consumidores.
Kris Mayes, fiscal general de Arizona, citó un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York que indica que los ciudadanos comunes soportan gran parte del costo de los aranceles, estimado en 1.200 dólares anuales por hogar. “Ese dinero sale directamente del bolsillo de las familias estadounidenses que intentan comprar alimentos, pagar alquiler y mantener sus pequeños negocios”, destacó Mayes.
Muchos de estos estados ya habían presentado demandas exitosas contra los aranceles impuestos por Trump bajo otra ley: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Cuatro días después del fallo de la Corte Suprema del 20 de febrero que anuló sus amplios aranceles bajo la IEEPA, Trump invocó la Sección 122 para establecer gravámenes del 10% sobre productos extranjeros. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció a CNBC el miércoles que estos gravámenes se incrementarían al máximo permitido del 15 esta semana.
Los estados con gobiernos demócratas y otros críticos argumentan que el presidente no puede utilizar la Sección 122 como reemplazo para los aranceles previamente invalidados para combatir el déficit comercial.
Esta sección permite imponer aranceles para contrarrestar “problemas fundamentales en los pagos internacionales”. La discusión radica en si esta expresión incluye los déficits comerciales —la diferencia entre lo que Estados Unidos exporta e importa—.
La Sección 122 se creó tras las crisis financieras de las décadas del 60 y 70, cuando el dólar estaba respaldado por oro. En ese entonces, otros países cambiaban dólares por oro a una tasa fija, lo que generaba riesgos para la moneda estadounidense y estabilidad financiera. Dado que hoy el dólar ya no está vinculado al oro, críticos consideran esta ley obsoleta.
Curiosamente, el Departamento de Justicia durante el gobierno Trump argumentó en un escrito judicial el año pasado que era necesario invocar la ley de emergencia porque la Sección 122 “no tenía aplicación clara” para enfrentar déficits comerciales, considerados “conceptualmente distintos” a problemas en balanza de pagos.
No obstante, algunos expertos legales creen que ahora el gobierno tiene un argumento más sólido.
“Desde un punto jurídico es probable que los tribunales concedan al presidente Trump una mayor deferencia respecto a la Sección 122 comparado con sus aranceles previos bajo la IEEPA”, señaló Peter Harrell, investigador visitante en el Instituto de Derecho Económico Internacional de Georgetown, en un artículo publicado el miércoles.
El Tribunal Internacional de Comercio en Nueva York, encargado del caso presentado por los estados, expresó en su fallo del año pasado —que anuló los aranceles bajo poderes de emergencia— que Trump no necesitaba esas medidas porque podía recurrir a la Sección 122 para combatir déficits comerciales.
Trump cuenta además con otras facultades legales para imponer gravámenes; algunas ya han sido validadas por tribunales. Por ejemplo, los aranceles aplicados a importaciones chinas durante su primer mandato bajo la Sección 301 continúan vigentes.
Junto a Oregon, Arizona, California y Nueva York, se sumaron a la demanda los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin; así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
Esta información fue traducida del inglés por un editor de AP con apoyo de una herramienta generativa basada en inteligencia artificial.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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