Fuente: Hoy Digital
Retos actuales de las democracias para equilibrar la libertad de expresión y la regulación digital fueron debatidos en conferencia realizada en el auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode). Este evento fue promovido por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En el acto estuvieron presentes el expresidente de la República y actual presidente de Funglode, Leonel Fernández; la rectora del IGLOBAL, Josefina Pimentel; así como representantes de UNESCO en República Dominicana, como Elena Nápoles, Franklin Tejeda y Juan Antonio Hernández Inirio. También asistieron jueces, exjueces, académicos, juristas, periodistas y estudiantes interesados en los desafíos que plantea el entorno digital para el ejercicio de la libertad de expresión.
La conferencia titulada “Libertad de expresión, grandes plataformas, regulación y moderación de contenidos” fue impartida por el experto internacional Joan Barata, quien examinó el papel cada vez más relevante que tienen las grandes plataformas tecnológicas en determinar los límites del discurso público.
Durante su presentación, Barata destacó que uno de los aspectos esenciales para entender jurídicamente cómo funcionan las plataformas digitales es diferenciar lo ilegal de lo nocivo.
“El ámbito de lo ilegal en las plataformas es el mismo que existe fuera de internet: no se puede difamar, no se puede incitar al crimen ni promover discursos de odio. Eso continúa siendo igual”, afirmó.
No obstante, alertó que las plataformas poseen la capacidad —y en muchos casos respaldo legal— para decidir privadamente qué consideran nocivo dentro de sus espacios digitales.
Explicó que estas empresas toman diariamente millones de decisiones algorítmicas que influyen notablemente en la configuración del debate público.
“Las plataformas adoptan millones de decisiones algorítmicas cada día que tienen mucho más poder para definir lo aceptable y lo inaceptable que un legislador o un juez”, aseguró.
El especialista indicó que esta situación ha creado un escenario donde la moderación de contenidos no depende exclusivamente del derecho, sino también de criterios corporativos, políticas internas y sistemas algorítmicos que afectan la conversación pública global.
Además, advirtió que muchos intentos por regular las plataformas buscan solucionar problemas sociales más profundos que no pueden abordarse únicamente mediante tecnología o legislación digital.
En ese sentido, señaló que debates como la protección infantil en internet involucran dimensiones mucho más amplias, incluyendo la educación, responsabilidad familiar, rol de las escuelas y funcionamiento comunitario.
Barata hizo referencia a lo que llamó “la tentación tecnosolucionista”, es decir, la creencia errónea de que la tecnología por sí sola puede resolver problemas con raíces sociales complejas.
Durante su intervención también analizó diversos modelos regulatorios en discusión a nivel internacional, entre ellos el enfoque estadounidense basado en la Primera Enmienda y la Sección 230, así como los impulsados por la Unión Europea mediante el Digital Services Act, que establecen nuevas obligaciones de transparencia y supervisión para las plataformas digitales.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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