Fuente: EL MUNDO
Adolescentes y redes sociales: el debate sobre la prohibición de acceso a menores
Irene C., residente en Madrid, tiene 14 años. En 2024, sus padres le regalaron su primer teléfono móvil, aunque con una condición: debía firmar un acuerdo comprometiéndose a usarlo de manera responsable y respetar los límites de tiempo establecidos. Entre las cláusulas del contrato, se incluye que su madre puede supervisar sus cuentas en Instagram y TikTok. Irene emplea la primera principalmente para hablar con sus amigas y la segunda para entretenimiento.
“La prohibición de las redes sociales es una mala idea”, afirma la joven. “Nos van a quitar a los adolescentes las formas de comunicarnos”.
Pablo P., de 16 años y vecino de Móstoles, tiene permiso para usar el móvil media hora diaria entre semana y disfruta de mayor libertad los fines de semana para chatear, ver vídeos cortos sobre fútbol y tutoriales de videojuegos. Usa las mismas redes que Irene. “No me importa la prohibición porque hoy en día hay muchas maneras de saltarse las contraseñas”, admite. “En internet y ChatGPT hay instrucciones para hacerlo”.
Sin embargo, no todos los jóvenes comparten esa tranquilidad. La mayoría expresaron preocupación ante el discurso del presidente Pedro Sánchez del pasado 3 de febrero en Doha, cuando anunció una cruzada contra las redes sociales con la prohibición para menores de 16 años.
Antes de consultar a expertos en redes sociales, viajar a lugares remotos o recordar las dificultades enfrentadas por Mark Zuckerberg en un tribunal californiano, consideramos clave conocer la opinión de los verdaderos protagonistas: niños y adolescentes. Tras ello, igual que hacen los padres de Irene y Pablo cuando se exceden con el móvil, se lo retiramos para regresar al mundo adulto (y aburrido).
La Prohibición —con mayúscula como se hacía con la Ley Seca— cuenta con un amplio respaldo en España, tanto político como social. Tras el anuncio del presidente Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, líder del principal partido opositor, recordó que el Partido Popular ya había planteado vetar el acceso a menores desde los 14 años. La encuesta más reciente de la Fundación BBVA confirma este consenso: ocho de cada diez españoles apoyan esta medida.
Esta postura mayoritaria en España también predomina alrededor del mundo. En un contexto global tan polarizado ideológicamente, resulta notable que la idea del daño que causan las redes sociales a niños y adolescentes sea compartida por ciudadanos y gobernantes por igual, independientemente del partido político o sistema de gobierno. Todos los padres están preocupados. Así, 2026 se perfila como el año con mayor presión internacional sobre las empresas tecnológicas para proteger a los jóvenes. Ni siquiera la estrecha relación entre algunos magnates tecnológicos y Donald Trump podrá cambiar este rumbo.
Sólo en Europa son 14 los países que evalúan implementar esta Prohibición; algunos ya avanzan en su tramitación. En enero, Francia fue pionera al elevar la edad mínima para usar redes sociales a 15 años; España, Reino Unido, Austria y Dinamarca planean seguir ese ejemplo.
La preocupación también afecta a las dos grandes potencias mundiales: Estados Unidos y China, aunque cuentan con regulaciones menos estrictas que Europa. Aunque China dispone de un internet propio —con redes locales y controles propios de una dictadura— ha impuesto medidas como un toque de queda para gamers y un límite diario de 40 minutos en TikTok.
En Estados Unidos varios estados aplican restricciones basadas en la edad para el acceso a plataformas digitales; sin embargo, lo más relevante actualmente ocurre en Los Ángeles, donde un tribunal evalúa si las redes sociales son productos adictivos que causan daño a usuarios y familias. Este juicio recuerda a los procesos contra tabacaleras en los 90 sobre conocimiento previo del daño causado por fumar. Su fallo podría sentar jurisprudencia e impulsar más de 1.500 demandas similares hacia indemnizaciones millonarias por parte de empresas tecnológicas.
Mientras tanto, hay un lugar menos mediático que atrae el interés no solo de educadores digitales sino también de Silicon Valley y gobiernos de 40 países: Australia.
Este país-continente lidera esta iniciativa desde diciembre pasado al prohibir cuentas en redes sociales para menores de 16 años, convirtiéndose en un laboratorio digital con millones de sujetos estudiados. Esta medida permitirá evaluar no solo su impacto en la salud mental infantil sino también hasta qué punto los estados pueden imponer límites a las empresas tecnológicas en temas sensibles.
Los responsables políticos globales son conscientes del experimento australiano. “Esta prohibición será analizada mundialmente por legisladores; es vital comprender sus efectos mediante ciencia rigurosa basada en prácticas óptimas”, explica Kathryn Modecki, profesora de Psicología en la Universidad de Australia Occidental.
Modecki encabeza desde el Kids Research Institute un estudio único que examina cómo afecta esta Prohibición a las familias australianas.
“Queremos medir resultados tanto a corto plazo —seis meses— como a largo plazo”, comenta la investigadora. “Cuando tengamos conclusiones finales habrá que preguntarse: ¿a quiénes aplican estos datos? ¿Solo a ciertos grupos familiares o será generalizable?”.
Su muestra supera los 2.000 padres con hijos entre 9 y 16 años seleccionados aleatoriamente mediante mensajes enviados por todo el país; abarca todas las clases sociales y etnias.
Antes del inicio efectivo de la ley el 10 de diciembre se les preguntó sobre cómo supervisaban las redes sociales de sus hijos con objeto de valorar si esta censura facilita o complica su educación digital.
En casi tres meses desde la prohibición Australia ha experimentado numerosos cambios digitales. El gobierno reportó el bloqueo de 4,7 millones de cuentas; una cifra relevante considerando que hay unos 2,5 millones afectados entre 8 y 15 años. Hay que tener presente que cada adolescente suele estar conectado simultáneamente a varias redes sociales; según Unicef cuatro de cada diez niños entre 10 y 12 años usan tres o más plataformas simultáneamente en España; si esto aplica a Australia indica muchas cuentas activas menores incumpliendo la norma.
Como mencionó Pablo al inicio, no parece complicado hallar métodos para evadir controles estatales.
Los expertos australianos admiten desconocer aún cuál es la técnica más empleada por menores activos pese a la ley; se pensaba que serían las redes privadas virtuales (VPN), herramientas para cambiar ubicación geográfica y confundir rastreadores online. Por ejemplo, The Economist reportó un aumento significativo del uso VPN en Reino Unido durante el verano para evadir verificaciones obligatorias para acceder a páginas pornográficas nuevas reguladas allí legalmente.
Pero ese no parece ser el caso australiano: Apptopia detectó solo un aumento del 10 % en el uso combinado de las diez aplicaciones VPN más populares allí desde principios del año.
Otra opción hipotética era que los jóvenes migraran hacia redes sociales menos conocidas no reguladas aún; sin embargo, tampoco hay datos que respalden esta teoría.
Entonces ¿dónde están esos menores australianos bajo perfil publicando fotos en Instagram o conversando en Reddit o Discord mientras juegan Call of Duty?
La hipótesis más plausible apunta al traslado hacia apps mensajería tipo WhatsApp o Telegram y plataformas comunitarias como Roblox.
Esta tendencia ha generado inquietudes curiosamente expresadas por grupos inicialmente favorables a la prohibición: asociaciones parentales y defensoras infantiles alertan sobre riesgos mayores al navegar ahora entornos más oscuros e incontrolados comparados con las redes masivas tradicionales.
“Existe temor tanto porque adolescentes no compartan con adultos experiencias negativas online como porque personas vulnerables que usan estas plataformas para apoyo e información queden aisladas sin ellas”, señala Modecki.
Kirra Pendergast es educadora experta en seguridad digital desde hace treinta años; tras sufrir acoso online decidió fundar Safe on Social —consultora con oficinas globales— que asesora gobiernos y empresas.
“Es preciso aclarar algo malinterpretado por medios: Australia no prohíbe a niños acceder a redes sino que impide que las redes accedan a nuestros niños”, explica antes incluso responder preguntas.”Esto implica desplazar responsabilidad desde padres e hijos hacia empresas”.
Pendergast encarna ambos puntos dentro del debate actual sobre redes sociales.
Por un lado están quienes defienden veto absoluto buscando proteger salud mental y habilidades sociales infantiles —seguidores del psicólogo Jonathan Haidt autor del libro La generación ansiosa—; frente a ellos existe una minoría escéptica según encuestas que considera insuficientes pruebas sobre daños psicológicos directos causados por plataformas digitales; opinan además que veto aumenta aislamiento infantil sin erradicar ciberacoso ni depredadores online.
Hace tres años Pendergast habría estado entre escépticos pero ahora defiende firmemente la Prohibición actuando casi como una agente contra riesgos digitales.
Este cambio surgió tras presenciar un episodio violento durante una charla escolar sobre seguridad online donde alumnos acosaron verbalmente víctimas mientras profesores intentaban controlar situación; momento tras el cual Pendergast rompió a llorar.
Al investigar relacionó esos insultos con discursos tóxicos difundidos por influencers australianos populares seguidos por agresores escolares.”Las evidencias eran contundentes”, relata.
Ante este complejo panorama digital pedimos su opinión sobre intervenciones gubernamentales.
“Aunque aún es pronto para sacar conclusiones podemos notar mayor escrutinio sobre plataformas digitales, debates serios sobre verificación realidad edades infantiles y creciente presión regulatoria”, afirma agregando:”Reducir daños dependerá no solo leyes sino también aplicación efectiva; leyes no transforman ecosistemas instantáneamente sino implementación adecuada y buen diseño”.
La normativa australiana exige códigos estrictos relativos al uso infantil, control contenidos dañinos y protocolos denuncia con multas severas si se incumplen.
Uno de los retos mayores ha sido cómo verificar edad real usuarios pues muchos sistemas globales solo recogen autodeclaración o estiman comportamiento siendo imperfectos.
A pesar ello Pendergast es optimista:”Gobiernos exploran tecnologías preservadoras privacidad sin almacenar datos personales; no hay nada perfecto pero ya no valen excusas usadas durante años”. Añade: “El objetivo debe ser dificultar significativamente acceso infantil mientras se protege privacidad evitando vigilancia excesiva”.
Lograr esto quebrantaría argumentos históricos usados por tecnológicas para eximir responsabilidad alegando imposibilidad impedir trampas infantiles.
Ejemplo reciente fue declaración pública hace pocos días del CEO Meta Mark Zuckerberg durante juicio Los Ángeles responsabilizando usuarios menores por falsear edad legal mínima (13 años) para ingresar Instagram.
Sin embargo, si fuera juzgado bajo ley australiana Zuckerberg no podría sostener esa defensa.
Para Pendergast estas medidas emergentes marcan primer paso para verdadera rendición cuentas empresariales; legisladores deben focalizarse en impedir acceso empresarial directo hacia menores no viceversa.”El lenguaje importa mucho; durante décadas plataformas afirmaron neutralidad tecnológica pero esa postura está cayendo rápidamente pues decisiones diseño generan comportamientos específicos”. Agrega:”No son neutros algoritmos ni modelos extracción datos ni capitalismo vigilancia”.
— Le veo muy segura —observamos.
— Estamos ante reajuste global poder —responde ella.
El marco europeo regula plataformas muy parecido al australiano colocando responsabilidad legal clara sobre proveedores servicios digitales; prohibiciones concretas limitarían margen interpretación empresas reduciendo maniobra judicial otorgando claridades criterios daños.
— Por eso compañías presionan contra Europa pidiendo desregulación —explica Ricard Martínez profesor Constitucional Universidad Valencia.— Esto recuerda lucha burguesía contra absolutismo siglo XIX donde monarcas todopoderosos ignoraban leyes controlando información decidiendo conductas consumo compra; nuestra esperanza es regulación efectiva frente esos señores feudales modernos.
Indudablemente industria tecnológica crea productos sofisticados fascinantes e incluso hipnóticos desde scroll infinito hasta vídeos continuos pasando por algoritmos ajustados gustos individuales creando parque atracciones diseñado por ingenieros brillantes.
Lo cierto es que tanto Pendergast como Martínez desde puntos opuestos alertan: montaña rusa digital está rota.
¿Qué debería hacer un padre como Irene o Pablo? La cuestión clave es decidir qué conviene más: advertir precaución al subirse o prohibir entrada al parque entero.
— ¿Pedimos devolución si atracción falla? —preguntamos finalmente.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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