Fuente: EFEverde
Madrid.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sostiene que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) actúa dentro de sus competencias al clausurar pozos ilegales, pero no posee la autoridad para clausurar o precintar fincas. Esto responde a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional dirigida a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para que imponga medidas efectivas de reparación a quienes extraen ilegalmente aguas subterráneas en el entorno del espacio natural de Doñana.
En un comunicado difundido este viernes, la Fiscalía solicitó a Medio Ambiente que “haga valer su competencia en materia de responsabilidad medioambiental” y adopte “medidas efectivas para prevenir, evitar nuevos daños y reparar, dirigidas a particulares y entidades identificados por la Unidad Central del SEPRONA de la Guardia Civil”.
El total de responsables detectados que extrajeron ilegalmente agua subterránea durante 2022 y 2023 asciende a 250: 198 en Huelva, 51 en Sevilla y 1 en Cádiz.
El comunicado indica que se ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra la resolución emitida por la Secretaría de Estado el 29 de octubre de 2025, que decidió “inadmitir la solicitud para iniciar procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por daños a las aguas continentales (superficiales y subterráneas) que afectan al espacio protegido de Doñana”.
La Fiscalía señala que “la falta de adopción de medidas efectivas para prevenir y reparar el daño ambiental sobre las aguas vinculadas al espacio natural de Doñana ha llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a declarar responsable al Reino de España por incumplimiento del derecho comunitario”.
Ese mismo viernes, el Ministerio declaró a EFE que “la CHG interviene dentro del ámbito de sus competencias cerrando pozos ilegales cuando corresponde, pero no tiene potestad para cerrar o precintar fincas, ya que esas acciones corresponden a otras administraciones”.
El Ministerio añadió que confía en que “todas las administraciones implicadas cumplan con los compromisos asumidos y ejerzan sus competencias coordinadamente”.
Según Miteco, la CHG ha venido actuando “de forma continuada y coordinada” con la Fiscalía y otros organismos para combatir las extracciones ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Cuando se detectan estas irregularidades, la Confederación inicia el expediente sancionador correspondiente conforme a sus atribuciones.
“Cada vez que la Confederación del Guadalquivir identifica una extracción irregular, interviene inmediatamente, lo que demuestra que esta acción no comienza ahora, sino que ya estaba en marcha antes del requerimiento fiscal”, añadió el Miteco.
El Ministerio afirma que la información obtenida en estas investigaciones permitió diseñar un plan específico para actuar en el entorno de Doñana, con el fin de disminuir la presión sobre los acuíferos y revertir la sobreexplotación de las masas subterráneas.
De acuerdo con la CHG, las medidas implementadas han logrado reducir a menos de la mitad la superficie inicialmente detectada con regadío irregular en esa zona.
En febrero pasado, la Fiscalía solicitó una prórroga adicional de seis meses en la investigación sobre pozos no autorizados en la finca Aljóbar de Aznalcázar (Sevilla), vinculada a la Casa de Alba y ubicada cerca de Doñana.
La extensión se pidió ante el próximo vencimiento del plazo para instrucción y mientras se esperaba la validación de un informe pericial elaborado por agentes de la Guardia Civil. La pesquisa busca esclarecer una posible extracción ilegal y los daños ambientales asociados.
Por aquel entonces también se informó que las extracciones ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana habían disminuido un 50 %, aunque pese a ello y al carácter húmedo del año hidrológico 2024/25, persistía una tendencia a la baja en las reservas acuíferas.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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