Fuente: europa press
Europa Press Asturias Publicado: lunes, 9 marzo 2026 12:10 Abrir opciones para compartir IA Seguir en
OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) –
Las asociaciones asturianas UCE y Facua han solicitado este lunes que el régimen sancionador de la futura ley de ‘Protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias de Asturias’, actualmente en debate en la Junta General, sea más específico.
En su intervención durante la comisión parlamentaria dedicada a esta norma, Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, manifestó que sancionar y al mismo tiempo reparar el daño a los consumidores “sería la conquista necesaria” de esta ley, debido a que hoy en día “no existen mecanismos efectivos para solucionar conflictos”. Según su opinión, el arbitraje de consumo representa “un auténtico fracaso”.
De manera similar, Jesús Gómez, portavoz de Facua, valoró positivamente la “voluntad política” que observa en el texto normativo para implementar un régimen sancionador y para incluir daños y perjuicios a las víctimas en los expedientes, aspecto que hasta ahora no se consideraba.
Gómez también subrayó la importancia de incorporar en esta ley una regulación sobre la obsolescencia programada de los productos, exigiendo a las empresas que informen sobre la vida útil de forma comparable a las etiquetas energéticas que usan los electrodomésticos, con el fin de facilitar una elección libre por parte del consumidor.
Por su parte, Carmen Moreno, asesora de la Unión de Comerciantes de Asturias, destacó la necesidad de garantizar seguridad jurídica en el texto, especialmente en lo relativo a pymes y micropymes, y alertó sobre ciertas “vaguedades” en la terminología utilizada. Se refirió específicamente a conceptos como consumidor vulnerable, obsolescencia prematura o la intención legislativa de “desincentivar el consumo innecesario”. En este sentido indicó que la Unión de Consumidores “no ve cómo la Administración Pública determinará qué es necesario o no”.
Marcos Casado, secretario general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, también señaló que percibe “inseguridad jurídica” en la propuesta normativa, atribuyéndola a la falta de definición clara de términos como “prácticas de ocultación”, “ambigüedad”, “diseño manipulativo” o “consumo innecesario”. Comentó que aunque estos conceptos pueden formar parte del sentido común ciudadano, desde un punto legal “deberían tener definiciones precisas”.
Ignacio García, responsable del área corporativa en la Federación Asturiana de Empresarios, solicitó a los parlamentarios que tengan presente a los 60.000 pequeños empresarios y autónomos asturianos al redactar esta ley, ya que podría ser compleja para compañías con menos de diez empleados. Además resaltó que este anteproyecto “tiene por objetivo desarrollar una normativa básica que debería esperar a ser elaborada por quien tiene competencias para ello: el Estado”.
Este lunes se realizan en el parlamento asturiano las sesiones informativas sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias para Protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias. El consejero Ovidio Zapico calificó esta regulación como una herramienta destinada a “combatir situaciones indeseadas, compras forzadas o prácticas comerciales invasivas hacia la ciudadanía”.
Uno de los aspectos fundamentales del proyecto es la modernización del régimen sancionador. Hasta ahora, la Administración regional tenía que recurrir a normas estatales debido a las cuantías desactualizadas establecidas en el reglamento vigente desde 2002. La nueva ley actualiza estas sanciones para evitar que perjudicar al consumidor resulte rentable. En este marco se contemplan multas desde 150 hasta 10.000 euros por infracciones leves; entre 10.001 y 100.000 euros por infracciones graves; y entre 100.001 y 1.000.000 euros para infracciones muy graves.
Además, el proyecto contempla una cláusula excepcional para sanciones mayores cuando la infracción cause un impacto social grave, genere riesgos para salud o seguridad o afecte a un gran número de personas. En estas situaciones, las multas podrán superar un millón y oscilar entre seis y diez veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa infractora.
La normativa está diseñada para adaptarse al entorno digital y se alinea con el Pacto Verde Europeo y los principios de economía circular. Así incorpora el derecho a la reparación y amplía los periodos mínimos de garantía.
Asimismo establece la figura del consumidor vulnerable otorgando una protección reforzada a quienes se encuentran en situación desfavorecida en el mercado debido a factores como edad, discapacidad, nivel económico o brecha digital.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario