Fuente: teleSURtv.net
Washington, DC (Estados Unidos), 10/03/2026.- El presidente estadounidense Donald Trump camina por el South Lawn rumbo a la Casa Blanca tras aterrizar en Marine One, en Washington, DC, EE.UU., el 9 de marzo de 2026. El mandatario regresa a la residencia oficial luego de pasar el fin de semana en su club privado Mar-a-Lago, ubicado en Palm Beach, Florida. EFE/EPA/Samuel Corum / POOL
El centro sin fines de lucro Liberty Justice Center anunció este lunes que interpuso una nueva demanda contra el impuesto del 15 por ciento establecido por el presidente Donald Trump, luego de que el Tribunal Supremo revocara gran parte de su política arancelaria previa.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en representación de un grupo empresarial encabezado por Burlap & Barrel, especializada en especias y comercio electrónico, y Basic Fun!, fabricante de juguetes. Ambas compañías ya habían participado en litigios anteriores relacionados con las tarifas impuestas por Trump.
Trump eleva al 15% los aranceles globales tras fallo adverso en Corte Suprema
Esta acción judicial se suma a otra demanda similar presentada la semana pasada por un grupo de fiscales generales demócratas, configurando así una fuerte disputa legal sobre la validez de los nuevos gravámenes. La denuncia se produce semanas después de que la Corte Suprema anulara los aranceles IEEPA implementados por la administración, según informó en la red social X.
Los aranceles previos impuestos por Trump estaban fundamentados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, normativa que el Tribunal Supremo determinó no autorizaba la aplicación unilateral de tarifas. En respuesta, el gobierno utilizó el Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 para justificar los nuevos impuestos del 15 por ciento.
No obstante, esta ley especifica que los aranceles no pueden mantenerse indefinidamente sin el consentimiento del Congreso, algo que Trump ha rechazado expresamente. En ese sentido, el comunicado del bufete aclara que el presidente no tiene intención de solicitar autorización al Legislativo.
“Nos sentimos orgullosos de apoyar a nuestros clientes mientras defienden no solo sus propios negocios y consumidores, sino también un principio constitucional fundamental: NINGÚN presidente tiene la facultad para imponer gravámenes al pueblo estadounidense por cuenta propia”, señaló el grupo en X.
Simultáneamente, los tribunales enfrentan otro desafío importante con las solicitudes de reembolso por 166 mil millones de dólares en aranceles ya abonados y cuya nulidad fue confirmada por el Tribunal Supremo. Varias empresas afectadas se han unido para reclamar indemnizaciones, lo que podría representar un costo millonario para las finanzas públicas federales.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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