Cuando el narcotráfico se convierte en terrorismo: la nueva doctrina que inquieta a la política latinoamericana.
Durante décadas, la relación entre el narcotráfico y la política en varias regiones de América Latina fue descrita como una zona gris. No siempre existían estructuras criminales visibles dentro del Estado, pero sí relaciones ambiguas: donaciones para campañas, financiamiento de actividades comunitarias o la presencia de figuras del bajo mundo en actos políticos.
En barrios populares, el narcotraficante podía ser simultáneamente criminal y benefactor incluso llegar a ser asesor de un presidente como el caso del Libanés Fabio Jorge Puras, quien pagaba operativos médicos, financiaba equipos deportivos o contribuía con iglesias y juntas de vecinos. Ese fenómeno tenía incluso un nombre en la cultura popular dominicana: “el coro”, una red informal donde poder político, influencia social y dinero ilícito podían coexistir.
Pero ese modelo podría estar enfrentando un cambio estructural.
En Washington comienza a consolidarse una doctrina que busca equiparar a los grandes carteles del narcotráfico con organizaciones terroristas, lo que abriría un nuevo marco legal y operativo para perseguir a quienes interactúan con ellos.
De crimen organizado a amenaza de seguridad naciona.
El debate se intensificó tras declaraciones de figuras cercanas al entorno del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la necesidad de tratar a los carteles con herramientas similares a las utilizadas contra organizaciones extremistas como ISIS o Al-Qaeda.
Según reportó el diario británico The Guardian, funcionarios estadounidenses han planteado que décadas de lucha judicial contra el narcotráfico no han logrado debilitar de forma estructural a los carteles y que el fenómeno requiere una estrategia de seguridad más amplia, incluso con participación militar.
Fuente:
https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/05/hegseth-latin-america-drug-cartels
La implicación es significativa: el narcotráfico dejaría de ser tratado únicamente como un delito criminal para pasar a ser considerado una amenaza estratégica comparable al terrorismo internacional.
Este cambio de enfoque coincide con una decisión que generó preocupación en República Dominicana: el cierre de una oficina clave de la Drug Enforcement Administration en el país.
De acuerdo con CNN en Español, la medida se produjo tras investigaciones internas relacionadas con presuntos casos de corrupción dentro de la estructura antidrogas estadounidense en territorio dominicano.
Fuente:
https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/13/eeuu/cierra-oficina-dea-republica-dominicana-corrupcion-trax
Para algunos observadores locales, la noticia generó temor de que la salida de la DEA pudiera debilitar la cooperación internacional contra el narcotráfico.
Sin embargo, dentro de la nueva lógica de Washington, el combate contra estas redes no dependería exclusivamente de la DEA. Agencias como el Federal Bureau of Investigation, la Central Intelligence Agency y estructuras de inteligencia militar también pueden intervenir cuando el fenómeno es considerado una amenaza a la seguridad nacional.
La ley que cambia todo: “Material Support”
El elemento más delicado de esta nueva doctrina es una legislación estadounidense conocida como “material support” o apoyo material al terrorismo.
Las secciones 18 U.S.C. §2339A y 18 U.S.C. §2339B establecen que proporcionar recursos a organizaciones designadas como terroristas constituye un delito federal grave.
Según documentos del Congreso de Estados Unidos, estos estatutos se encuentran entre las herramientas más utilizadas por fiscales federales en casos relacionados con terrorismo.
Fuente:
https://www.congress.gov/crs-product/R41333
La definición de apoyo material es extraordinariamente amplia e incluye:
• transferencias de dinero
• servicios profesionales
• asesoría legal o financiera
• ocultar o disfrazar el origen de recursos
• facilitar logística o infraestructura
Las penas pueden alcanzar hasta 15 años de prisión bajo la sección 2339A y hasta 20 años bajo la sección 2339B.
Cuando una donación puede convertirse en delito federal
El alcance de la ley es lo que más preocupa a analistas jurídicos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha advertido que cualquier persona o entidad que realice transacciones con organizaciones designadas podría ser acusada de proporcionar apoyo material al terrorismo.
Hasta recibir caja de comidas para donarla en un barrio por parte de un político sería considerado como apoyo material al terrorismo.
Fuente:
https://ofac.treasury.gov/media/934096/download?inline
Esto significa que incluso acciones aparentemente indirectas —como canalizar recursos, administrar fondos o recibir dinero para proyectos comunitarios— podrían entrar dentro del alcance de la ley si el origen de esos recursos se vincula con una organización sancionada.
El nacimiento del “narcoterrorismo” en tribunales
El nuevo lenguaje jurídico ya comienza a aparecer en casos recientes.
En febrero de 2026, la Drug Enforcement Administration anunció cargos contra un presunto líder del cartel de Sinaloa que incluyen narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo.
Fuente:
https://www.dea.gov/press-releases/2026/02/26/sinaloa-cartel-leader-charged-narcoterrorism-material-support-terrorism
Analistas legales sostienen que esta estrategia permite a los fiscales estadounidenses utilizar herramientas más amplias de investigación financiera y cooperación internacional.
Fuente:
https://www.lawfaremedia.org/article/the-justice-department-s-multifront-battle-against-drug-cartels
El verdadero impacto de esta doctrina podría sentirse fuera del mundo criminal.
Si los carteles son formalmente tratados bajo el marco legal del terrorismo, cualquier relación financiera con ellos podría ser investigada bajo las leyes federales estadounidenses.
Eso incluye potencialmente:
• financiamiento de campañas políticas
• donaciones comunitarias
• intermediación financiera
• asesoría legal o empresarial
En ese escenario, una práctica que durante años fue tolerada o ignorada —recibir recursos de actores vinculados al narcotráfico para actividades políticas o sociales— podría convertirse en evidencia de apoyo material al terrorismo.
Para países del Caribe como República Dominicana, históricamente ubicados en rutas estratégicas del narcotráfico internacional, el cambio de doctrina podría redefinir la forma en que se investigan las relaciones entre crimen organizado, poder económico y política.
Esto llega cuando comienzan surgir evidencias sustanciales documentadas por kapulett sobre la presencia de células de Hezbollah en República Dominicana que operan como redes de financiamiento, incluyendo poderosos bufete de abogados en Santiago.
Durante décadas, la lucha contra el narcotráfico se centró en capturar capos.
Pero en el nuevo paradigma que comienza a emerger en Washington, el foco podría ampliarse hacia las redes financieras y políticas que permitieron que esos capos existieran.
Si esa doctrina se consolida, el antiguo “coro” entre dinero ilícito, poder local y legitimidad social podría convertirse en algo mucho más peligroso.
Ya no sería simplemente narcotráfico.
Sería apoyo material al terrorismo.
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