Fuente: Dalila Escobar/dalila_escobar@proceso.com.mx
NUEVO ACUERDO PARA CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LAS MUJERES EN CDMX
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, suscribió el primer convenio de colaboración voluntaria con plataformas digitales para enfrentar las violencias en el entorno digital, aunque su enfoque sobre la violencia de género se centró únicamente en el aspecto físico.
Mediante la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), firmó este acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir las violencias en el ámbito digital.
Al mismo tiempo, reconoció la necesidad de abrir un debate público para definir cuáles son los límites entre lo que se considera o no violencia, señalando que ella misma ha sido víctima de agresiones de este tipo.
No obstante, al abordar las formas de violencia ejercidas por medios públicos, aclaró que estos no pertenecen al gobierno y quienes se sientan afectados —aunque precisó— deben recurrir a los mecanismos de denuncia establecidos, incluso cuando es ella quien propone perfiles para dirigir organismos como el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
“Los medios públicos no son medios del gobierno. Cuentan con sus propios canales de denuncia ciudadana y métodos para determinar si hubo violencia en algún tema. Es lo mismo que esperamos con la nueva ley para los medios comerciales”, indicó.
Comentó su experiencia personal: “Podría decir que sufro violencia permanente por parte de algún medio televisivo o periódico. Soy presidenta, y todos los presidentes han enfrentado esto; para una mujer es aún más complejo. Por supuesto, no apoyamos ningún acto que implique violencia contra las mujeres, al contrario”.
Resaltó que independientemente “de la postura política o periodística de una mujer, el límite entre qué es violencia y qué no debe ser un debate público, no solo una decisión presidencial”, pese a aclarar que una pregunta no define una postura política.
Sheinbaum insistió en la importancia de “un debate público porque hay una línea entre el debate político y la burla personal por aspectos físicos. Limitar el debate político es muy complicado. A nosotros nos acusan de censura o autoritarismo, pero aquí, especialmente en las conferencias matutinas, abrimos el diálogo”.
Añadió que “lo que ocurre en redes sociales contra mí o contra compañeras y compañeros ronda el límite de lo permitido. Por eso digo que debe haber un debate; cuando se trata del aspecto físico y hay evidente violencia, es otra situación”.
Reconoció además que la exposición involuntaria en medios comerciales también le afecta como presidenta:
“Así como mencionas algún medio público que ha usado parodias, nosotros somos víctimas constantes de esas prácticas en televisión comercial o caricaturas en periódicos. ¿Dónde está la línea entre violencia y libertad?”.
Por este motivo consideró “muy difícil censurar un caricatura porque presenta a la presidenta físicamente de manera inapropiada. Por eso sostengo que no es solo asunto del gobierno sino un debate público para elevar la discusión política sobre temas y no personalizarla”.
“Estamos contra la violencia hacia las mujeres, pero esos límites corresponden a un debate público más que a sanciones gubernamentales”, enfatizó.
La presentación giró en torno a la prevención y atención de la violencia contra mujeres en el espacio digital, donde la Secretaría de las Mujeres mantiene comunicación constante con las plataformas.
“Existen diversas manifestaciones de violencia contra mujeres en plataformas digitales. El objetivo es abordarlas para que estas empresas eliminen imágenes o publicaciones violentas hacia ellas”, explicó al inicio.
La secretaria Citlalli Hernández informó que mantienen diálogo con Google, Meta y TikTok. Indicó que por cada 10 mujeres entre 20 y 29 años hay 7 hombres del mismo rango etario que reportan haber sufrido ciberacoso.
“No obstante, la forma en que se expresa la violencia difiere según género. Las mujeres experimentan insinuaciones sexuales, contenido sexual no solicitado, suplantación de identidad, rastreo digital, críticas a su apariencia o clase social, publicación o envío de información personal e incluso venta de imágenes o videos sexuales”, detalló.
Respecto a los hombres señaló: “La mayoría reporta mensajes ofensivos, llamadas provocadoras o amenazas con publicar contenido”.
“La diferencia está en que para ellos es amenaza mientras para mujeres implica publicación directa. En ambos casos predomina el contacto bajo identidades falsas. Esto es importante porque el efecto sobre las usuarias varía según el tipo de violencia”, agregó.
Con base en este análisis el gobierno detectó que “las mujeres sienten más enojo, miedo, inseguridad, estrés, frustración y nerviosismo frente a estas violencias digitales”.
Hernández mencionó haber recibido numerosos casos pero explicó que para proceder legalmente se requiere evidencia digital; aunque existen leyes contra esta violencia digital, la colaboración para su aplicación no siempre es óptima.
“Las plataformas aquí presentes ya implementan acciones: cuentan con normas comunitarias contra violencia e intimidación; han desarrollado guías especializadas para prevenir estos actos; ofrecen herramientas y recursos para apoyar a víctimas mediante líneas directas u otras medidas”, afirmó.
Reconoció que los usuarios pueden reportar fácilmente conductas o contenidos abusivos pero admitió la necesidad de fortalecer algunas herramientas actuales.
Entre otras iniciativas destacó: “Cuando una mujer denuncia violencia digital o un usuario está en proceso legal contra un agresor online, a veces este continúa hostigándola. Por ello se busca implementar mecanismos que limiten inmediatamente ese contacto durante la investigación respetando privacidad y derechos”.
Así se pretende colaborar con el cumplimiento legal protegiendo a las víctimas mientras se garantiza un uso responsable del espacio digital.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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