Fuente: Cadena 3 Argentina
MIAMI (AP) — Un informe reciente de Human Rights Watch denuncia que salvadoreños deportados desde Estados Unidos están siendo detenidos de manera arbitraria en El Salvador, y que numerosos individuos han desaparecido dentro del sistema penitenciario nacional. Esta problemática se intensificó desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, período durante el cual se deportaron a más de 9.000 salvadoreños.
Según el informe, algunos de estos deportados junto con ciudadanos venezolanos fueron recluidos en una prisión llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECT), según la organización de defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York. A pesar de lo grave de las acusaciones, no se precisa cuántas personas permanecen detenidas arbitrariamente. Para la investigación se entrevistó a 20 familiares y abogados de 11 salvadoreños deportados entre marzo y octubre de 2025, quienes fueron arrestados al llegar al país. Según el documento, estos detenidos carecen de acceso para comunicarse con sus familias o consultar a sus abogados.
Juanita Goebertus, directora de la división para las Américas de Human Rights Watch, afirmó: “Tienen derecho a un juicio justo y a ser presentados ante un juez, mientras que sus familiares deben saber dónde están recluidos y por qué. La deportación no puede convertirse en una desaparición forzada”.
Desde que el presidente Nayib Bukele estableció un “régimen de excepción” en marzo de 2022, se ha incrementado el fenómeno de desapariciones dentro del sistema penal. Esta medida, concebida inicialmente como temporal, ha sido extendida por casi cuatro años y ha provocado la detención de aproximadamente 91.300 personas. Bukele ha señalado que alrededor de 8.000 detenidos inocentes fueron liberados, aunque los criterios para arrestos han sido cuestionados por carecer de pruebas sólidas y basarse en acusaciones poco claras.
Las personas detenidas enfrentan serias dificultades para acceder a un debido proceso judicial, pues muchos son juzgados en procedimientos colectivos y sus defensores pierden contacto frecuente con ellos. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado abusos reiterados, como golpizas y condiciones carcelarias inhumanas. Las familias permanecen angustiadas sin saber si volverán a reunirse con sus seres queridos.
El informe también destaca que las autoridades salvadoreñas no han informado si alguno de los detenidos ha sido presentado ante un juez. En varios casos, los familiares han tenido que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obtener información sobre sus paraderos. Muchos deportados cuentan con familiares residentes en Estados Unidos.
Una madre residente en Maryland sin estatus legal expresó su desesperación: “Hasta ahora no sé nada sobre mi hijo, nada. Quiero información, que alguien me diga que está bien, que está vivo”. Su hijo fue deportado el 15 de marzo de 2025 y solo pudo contactarla tres días antes de ser enviado al país. Se enteró sobre su situación seis meses después al ver una foto publicada por Bukele que mostraba detenidos en el CECT.
Otra madre, que reside en Texas y tampoco tiene estatus migratorio legal, relató que no ha recibido noticias sobre su hijo desde su deportación hace un año. Ambas mujeres pidieron mantener su anonimato por temor a represalias.
El gobierno estadounidense ha sostenido que algunos deportados pertenecen a la pandilla MS-13; sin embargo, Human Rights Watch señala que solo el 10,5% de los 9.000 deportados tenía antecedentes vinculados a delitos violentos. El 15 de marzo de 2025 fueron deportados 23 salvadoreños, entre ellos Kilmar Ábrego García, quien fue regresado a Estados Unidos tras una orden judicial.
La situación de estas personas deportadas es crítica y la falta de transparencia en las detenciones genera creciente preocupación entre familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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