Fuente: Redacción Ksdy/redaccion_ksdy@ksdy50.com
El alcalde de El Cajón, Bill Wells, dirigió una carta formal al fiscal general de California, Rob Bonta, solicitando una aclaración sobre la compatibilidad de las leyes santuario del estado con la legislación penal federal.
Wells sostiene como punto principal que la ley SB 54 podría estar infringiendo el estatuto federal que prohíbe inducir o alentar a personas a residir ilegalmente en el país, al brindar beneficios como licencias de conducir y atención médica independientemente del estatus migratorio.
Según el alcalde, estas políticas generan incentivos económicos que promueven la permanencia irregular y dificultan la colaboración policial necesaria. La ciudad, que ya adoptó una resolución para acatar las leyes federales de inmigración, ha establecido un plazo hasta el 22 de abril de 2026 para recibir una respuesta escrita que explique la fundamentación jurídica de estas normas estatales.
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