Fuente: Listin diario
Por otra parte, la defensa de Ángel Lockward calificó el informe de auditoría elaborado por la Contraloría, que sustenta el proceso judicial, como un “pasquín” e “inconstitucional”.
Este viernes, la defensa de Donald Guerrero, principal acusado en el caso Calamar, manifestó que el Ministerio Público ha demostrado una “incapacidad” para responder a los puntos esenciales planteados por ellos, lo cual, a su parecer, debilita de manera irreversible la acusación.
La abogada María del Pilar Zuleta detalló que la defensa está lista para concluir la fase de contrarréplica, centrando sus intervenciones únicamente en los aspectos que el órgano persecutor trató de refutar.
Consideró que quedaron temas cruciales sin respuesta por parte de los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Zuleta señaló que el Ministerio Público evitó abordar cuestiones fundamentales para la defensa de Guerrero, lo que interpretan como un triunfo táctico. Entre los asuntos destacados se encuentran: casinos y juegos de azar.
Por otro lado, la defensa de Ángel Lockward definió como un “pasquín” e “inconstitucional” el informe de auditoría emitido por la Contraloría que fundamenta el proceso judicial.
El abogado Nolberto Rondón reafirmó la inocencia de su representado y pidió la exclusión inmediata del documento al considerarlo carente de validez jurídica y existencia legal.
Según el letrado, dicho informe — fechado el 21 de septiembre de 2021 — ha sido desautorizado por varias entidades.
Rondón enfatizó: “Su nulidad ya fue admitida por escrito por sus propios autores: la Contraloría, la Procuraduría General Administrativa y hasta por el propio Pepca, quienes lo definieron en su momento como un simple ‘documento de trámite’”.
La defensa sostuvo que el documento presenta fallas insalvables, entre ellas la inexistencia de la unidad emisora.
Rondón denunció un supuesto fraude procesal al indicar que la unidad que presuntamente emitió el informe en 2021 no existía en esa fecha, pues fue establecida mediante decreto en julio de 2025.
También señaló que el documento carece tanto de la firma del contralor como de los sellos institucionales correspondientes.
Afirmó además que nunca se notificó a Lockward sobre la investigación, vulnerando los artículos 69.10 y 138.2 de la Constitución relacionados con el derecho a la defensa y al principio de contradicción.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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