Fuente: Hoy Digital
Trump redefine la política económica y exterior de EE. UU. mediante herramientas comerciales, militares, financieras y culturales dirigidas a restablecer y garantizar la supremacía de sus grandes capitales. La administración emplea aranceles, presión diplomática, despliegues militares y poder financiero para proteger intereses corporativos; simultáneamente, reconfigura la narrativa pública destacando la soberanía, cultura y seguridad nacional.
Los aranceles recuperan su rol predominante. Tras negociaciones con países europeos, se acordó un arancel base del 15% sobre productos europeos, incluidos autos, a cambio de mayor compra energética estadounidense e inversión directa en EE. UU. Esta estrategia tarifaria busca redirigir cadenas de suministro y atraer inversión productiva, alineada con el lema America First. A la par, la administración impulsa una expansión irrestricta de la producción fósil y desacredita las agendas climáticas como el “cero neto”, beneficiando a grandes compañías energéticas y extractivas presentes en mercados globales.
El empleo del poder militar y acciones selectivas forman parte fundamental del plan estratégico. La administración ha conducido operaciones que han alterado equilibrios regionales: manejo del conflicto Rusia-Ucrania, apoyo táctico y diplomático a Israel frente a Palestina, operaciones élite en Venezuela que facilitaron cambios políticos favorables a intereses petroleros y ataques militares contra Irán junto a Israel. En Venezuela, como resultado: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autorizó a Repsol, Eni, BP, Chevron y Shell para operar en extracción, refinación, transferencia tecnológica y acuerdos con PDVSA. El control de reservas hidrocarburíferas estratégicas es un objetivo geoeconómico explícito cuyo dominio implica beneficios directos para corporaciones angloamericanas con capacidad tecnológica y financiera.
En política interna y discurso internacional, Trump ha subrayado la importancia del dólar y el sistema financiero estadounidense como bases de la seguridad nacional. En su Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, 2025) sostiene que la continuidad “del sistema financiero y los mercados de capitales líderes…, incluyendo el estatus de moneda de reserva global del dólar” está estrechamente ligada a la supervivencia del país. Esta postura explica políticas que combinan estímulo interno —con aumentos significativos en gasto militar y subsidios a sectores clave— junto a medidas para mantener la liquidez internacional del dólar y la preeminencia de instituciones financieras estadounidenses en los mercados globales.
El refuerzo militar viene con cifras concretas: la administración afirma haber promovido una inversión de un billón de dólares en las Fuerzas Armadas y presiona a aliados OTAN para aumentar su gasto militar del tradicional 2% del PIB hasta el 5%. Este pedido implica no solo un rearme colectivo favorable a la industria defensiva estadounidense, sino también consolidar cadenas de suministro militares y tecnológicas dominadas por empresas estadounidenses. De hecho, la NSS combina el “ejército más poderoso y capaz del mundo” con recursos económicos y tecnológicos para influir en escenarios geopolíticos e incorpora el poder cultural como complemento para legitimar esta estrategia.
La intervención discursiva en foros internacionales refuerza este marco. En Davos, Trump defendió que la prosperidad occidental se debe a “nuestra cultura tan especial” más que a códigos fiscales, reclamando proteger esa cultura como fundamento del liderazgo transatlántico. Este relato cultural —la defensa del American Way of Life y la noción de libertad vinculada al mercado— legitima políticas que priorizan rentabilidad corporativa y primacía financiera frente a agendas multilaterales sobre consolidación fiscal o acción climática.
La desconexión con recomendaciones multilaterales resulta evidente. El FMI, en su actualización de Perspectivas Económicas Mundiales (enero 2026), enfatiza la necesidad de “reconstruir reservas fiscales” y avanzar en reformas para controlar deuda y sostener crecimiento. La política estadounidense se distancia del guion FMI: el estímulo por gasto militar y respaldo a combustibles fósiles reemplazan las medidas de consolidación fiscal y reformas estructurales. Incluso la administración firmó la Orden Ejecutiva 14199 que retira financiación federal a muchas agencias y ONGs internacionales consideradas “contrarias a los intereses de Estados Unidos”, reduciendo así capacidad multilateral en desarrollo, salud y cambio climático.
La combinación de intervenciones económicas, militares y culturales configura un modelo de acumulación y poder que favorece un núcleo de grandes financieros y rentistas. Estos actores, ligados estrechamente al Estado, obtienen ganancias directas: acceso preferente a recursos naturales (petróleo y gas), contratos defensivos, ventajas regulatorias y protección diplomática. La puesta en escena de conflictos controlados —desde sanciones hasta operaciones selectivas o alianzas estratégicas— estabiliza escenarios propicios para inversión aun cuando la economía global muestre bajo crecimiento y volatilidad financiera.
En el ámbito interno se intensifica la disputa cultural. Las políticas migratorias y operaciones de la Oficina de Control y Aduanas (ICE) han generado respuestas ciudadanas y movilizaciones locales como en Minneapolis, donde las protestas contra esa agencia se multiplicaron. El choque también fue visible simbólicamente: el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX en San Francisco con Bad Bunny reivindicando una América culturalmente diversa desde Tierra del Fuego hasta Alaska fue criticado desde la Casa Blanca. Ese episodio refleja la tensión entre una narrativa inclusiva multicultural —que reconoce pueblos originarios, migraciones y mestizajes como parte del futuro— frente a una versión oficial tradicionalista y comercializable del carácter estadounidense.
La contradicción entre hegemonía cultural declarada y realidad económica subyacente es fundamental. El gobierno proclama baja inflación y crecimiento sostenido; datos oficiales registran reducciones puntuales en el índice precios al consumidor en ciertos trimestres e incrementos en producción hidrocarburífera. Sin embargo, el crecimiento mundial sigue débil; la deuda pública estadounidense permanece alta (superior al 120% del PIB bruto) y persisten riesgos financieros. La apuesta por primacía vía gasto militar, control de recursos y consolidación cultural no elimina vulnerabilidades macroeconómicas ni sustituye políticas fiscales o estructurales necesarias para fomentar productividad y reducir desigualdades.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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