Fuente: Perfil
Nueva York — Nicolás Maduro comparecerá nuevamente este 26 de marzo ante un tribunal federal de Estados Unidos en una audiencia crucial que, lejos de centrarse directamente en las acusaciones de narcotráfico, pondrá en el centro una disputa previa: si el gobierno estadounidense está impidiendo su derecho a una defensa adecuada.
El proceso contra el mandatario venezolano — iniciado en 2011 y ampliado en 2020 — entró en una nueva fase tras su detención en Caracas el pasado 3 de enero y su traslado a Nueva York. Dos días después, ante el juez Alvin Hellerstein, Maduro declaró no ser culpable y afirmó: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Continúo siendo el presidente de mi país”.
Desde ese momento, el caso transita una etapa preliminar marcada por controversias legales que podrían ser decisivas para su desarrollo.
La audiencia programada para este martes no será un juicio ni analizará la responsabilidad penal de Maduro. El foco estará puesto en un punto específico: la financiación de su defensa legal.
Barry J. Pollack, abogado principal del líder venezolano, solicitó al tribunal que desestime la causa argumentando que el gobierno estadounidense bloqueó los recursos con los cuales el Estado venezolano debía pagar los honorarios de sus abogados.
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En su presentación, la defensa sostiene que esta medida “interfiere” con los derechos constitucionales y le impide contar con el abogado que ha elegido. Además, advierte que “forzar a los acusados a aceptar un abogado asignado por el tribunal… no es una solución viable”.
Partiendo de esa base, los letrados solicitaron la desestimación directa del caso o, alternativamente, la apertura de una audiencia probatoria para evaluar cómo afectan las sanciones a la defensa.
La fiscalía rechazó ese pedido.
En un documento entregado días antes del encuentro, los fiscales sostuvieron que no corresponde permitir que fondos del Estado venezolano financien la representación legal, en parte porque Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo.
También indicaron que la autorización inicial para esos pagos fue un “error administrativo” y destacaron que los acusados pueden buscar recursos propios o recurrir a la defensa pública.
Aunque el proceso se encuentra en sus etapas iniciales, ya surge una comparación ineludible: la del exmandatario panameño Manuel Noriega.
En 1989, Estados Unidos invadió Panamá, capturó a Noriega y lo juzgó en Miami por cargos relacionados con narcotráfico. Noriega intentó detener el proceso alegando inmunidad y cuestionando la legalidad de su captura, pero fracasó.
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Fue condenado en 1992 y pasó casi veinte años preso en Estados Unidos antes de ser extraditado a Francia y luego a Panamá, donde falleció bajo custodia en 2017.
Este antecedente es relevante porque evidencia que la justicia estadounidense ya ha juzgado a líderes extranjeros capturados mediante operaciones militares. Sin embargo, el caso de Maduro presenta diferencias importantes: a diferencia de Noriega, él sostiene que continúa siendo presidente en ejercicio, lo cual complica la discusión sobre inmunidad y reconocimiento internacional.
Aunque técnica, la controversia sobre los honorarios tiene consecuencias profundas.
La defensa afirma que el gobierno está limitando indirectamente su derecho a elegir abogado al impedir el financiamiento con recursos estatales para su representación. Por su parte, el gobierno asegura que ese derecho está garantizado, aunque no bajo las condiciones reclamadas por Maduro.
Corresponderá al juez Hellerstein determinar si el caso puede continuar bajo estas circunstancias o si debe abrirse otra instancia para analizar esta controversia.
En etapas posteriores, el proceso enfrentará retos aún mayores.
– incluyendo el alcance de la jurisdicción estadounidense
Todas cuestiones que podrían prolongar este procedimiento durante años y llegar eventualmente hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
El expediente contra Maduro es uno de los más atípicos en la historia reciente del sistema judicial estadounidense: involucra a un líder extranjero acusado de narco-terrorismo, detenido en una acción militar y juzgado en Nueva York.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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