Fuente: Hoy Digital
Wilson Camacho, procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, manifestó su confianza en que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emita sentencias ejemplares en el proceso por corrupción administrativa que se sigue contra los generales Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y sus cómplices.
“Esperamos que este juicio concluya con sentencias que sean ejemplares y no meramente simbólicas”, declaró Camacho al ser consultado por periodistas sobre ciertos planteamientos presentados al tribunal por la defensa de Raúl Alejandro Girón, los cuales calificó como una “confusión” por parte del abogado del acusado.
“No es más que una confusión”, aclaró.
El procurador adjunto explicó que el acuerdo entre el Ministerio Público y Raúl Alejandro Girón está firmado y plasmado en un documento que ya ha sido entregado al tribunal, por lo que no debería haber inconvenientes para que el proceso culmine conforme a los términos pactados.
Rememoró que el Ministerio Público asumió un compromiso formalizado en dicho documento. “Nosotros hemos cumplido con lo acordado y la defensa debe respetar también los términos establecidos en ese convenio”, afirmó.
Comentó que el tribunal puede conocer oralmente los detalles de ese acuerdo durante la audiencia, dado que el procedimiento es oral según el Código, por lo que no era necesario presentarlo por escrito. “Sin embargo, hoy hemos puesto a disposición del tribunal el documento para que tenga claridad sobre los términos acordados y para demostrar que el Ministerio Público ha cumplido rigurosamente con lo pactado”, añadió.
Asimismo, resaltó que el convenio contempla el decomiso de dinero sustentado en las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante las audiencias presididas por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
“Hemos presentado evidencias suficientes para justificar el decomiso de esos fondos y confiamos en que el tribunal ordenará su confiscación”, afirmó.
“Como podrán ver (los periodistas), en derecho procede esta medida y así será defendida por el Ministerio Público”, sostuvo.
“De igual manera, esperamos que este caso concluya con sentencias ejemplares y no solo simbólicas”, reiteró Camacho, quien representó al Ministerio Público junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez Fulcar.
El proceso judicial
En febrero pasado, el Ministerio Público requirió ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional penas de 20 años de prisión y multas equivalentes a 400 salarios mínimos para los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, acusados de corrupción tras las investigaciones Coral y Coral 5G, relacionadas con una red que sustrajo más de RD$4,500 millones al Estado.
Igualmente solicitó la misma sanción para coronel Rafael Núñez de Aza, general Boanerges Reyes Batista y capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Para Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (conocida como La Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco pidió 15 años de cárcel y multas equivalentes a 300 salarios mínimos.
Además exigió penas de diez años de prisión y multas de 200 salarios para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco; al sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.
También pidió cinco años de cárcel para mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (más multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de 500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).
En su solicitud, el Ministerio Público pidió además la clausura, suspensión operativa y disolución de la Iglesia Bautista Vida Eterna junto con la imposición de una multa equivalente a 200 salarios mínimos.
Lo mismo requirió para las empresas Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial S.R.L.
También solicitó la disolución e imposición de una multa por 10 millones de pesos para Rawel Importadores S.R.L.
El Ministerio Público demandó igualmente el decomiso de bienes incautados como villas, residencias y vehículos lujosos.
Entre las pruebas presentadas durante el juicio se cuentan 2,201 documentos, 141 peritajes técnicos, 282 declaraciones testimoniales y periciales; además de 184 pruebas procesales y 104 objetos materiales como armas de fuego, relojes costosos, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Se identificaron también 214 propiedades ubicadas en distintas provincias; 86 vehículos de alta gama; más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo —todos solicitados para decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos superiores a RD$86 millones por concepto de alquileres y producción agrícola, montos que también se reclaman en favor del Estado.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre como líder de una red integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas que operó entre 2012 y 2020 desviando fondos públicos pertenecientes al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) así como al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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