Fuente: Fátima Romero/fatima_romero@bloomberglinea.com
Bloomberg Línea — El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha impuesto la prohibición de las procesiones de Semana Santa y ha bloqueado verbalmente las ordenaciones sacerdotales en al menos cuatro diócesis del país centroamericano.
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De acuerdo con fuentes eclesiásticas y la investigación realizada por la abogada exiliada Martha Patricia Molina, la Policía Nacional advirtió que ningún obispo podrá ordenar nuevos sacerdotes en las diócesis de Matagalpa, Estelí, Siuna y Jinotega, bajo amenaza de prisión.
Esta acción representa una de las medidas más recientes del Ejecutivo contra la Iglesia católica, una de las últimas voces críticas dentro de Nicaragua.
En la diócesis de Matagalpa apenas queda el 30% de los sacerdotes que existían en 2018, siendo la mayoría personas mayores, mientras que los seminaristas han abandonado su formación al considerar que no serán ordenados.
Además de la escasez de sacerdotes, se suma la represión en las calles. Por cuarto año consecutivo, el gobierno nicaragüense ha prohibido las procesiones de Semana Santa, cancelando más de dos mil celebraciones anuales.
Las misas deben realizarse estrictamente dentro de los templos, donde los fieles reportan la vigilancia constante por parte de policías y paramilitares durante las ceremonias.
En respuesta, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, denunció que la “dictadura de Ortega y Murillo niega al pueblo de Nicaragua el derecho a profesar su fe”, recordando además que el país “ha sido históricamente sede de algunas de las procesiones más bellas y famosas de la región”, como en Granada y León. “Anhelo el día en que nuestros amigos nicaragüenses recuperen su libertad religiosa.”
Por su parte, la congresista estadounidense María Elvira Salazar afirmó que “los Ortega le temen a la fe porque no pueden controlar el alma de un pueblo”.
El conflicto comenzó en 2018 cuando la Iglesia abrió sus puertas para atender a los heridos y proteger a estudiantes durante las protestas contra el gobierno, que dejaron más de 300 muertos. Desde entonces, Ortega y Murillo calificaron a los obispos como “terroristas con sotana” e iniciaron una campaña de acoso.
En seis años, el régimen ha obligado al exilio a más de 300 religiosos. En 2023 suspendió relaciones con el Vaticano y desde entonces revocó la personería jurídica a decenas de congregaciones —entre ellas las Misioneras de la Caridad— además cerró medios como radios católicas y clausuró la Universidad Centroamericana (UCA), primera institución jesuita en Centroamérica.
Simultáneamente, esta semana la organización defensora de derechos humanos CSW publicó el informe “Sin Respiro: Otro Año de Creciente Represión en Nicaragua”, documentando las condiciones inhumanas en que fueron detenidos líderes religiosos capturados en el país. A los presos se les negó acceso a Biblias u otro material religioso.
CSW registró 55 casos de detenciones arbitrarias contra líderes religiosos durante 2025, con periodos desde horas hasta meses o años.
Algunos casos involucraron a múltiples personas, mientras que mujeres denunciaron haber sido desnudadas y registradas por agentes masculinos. Activistas y opositores políticos también sufrieron hostigamiento y advertencias para no relacionarse con organizaciones religiosas o sus líderes.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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