El Lawfare Mediático y el Cisne Negro que el Gobierno No Pudo Controlar
Un análisis OSINT sobre el patrón sistemático de silenciamiento de comunicadores independientes en República Dominicana bajo la administración Abinader, y su posible paralelo con la Operation Mockingbird
Cuando Luis Abinader asumió la presidencia de la República Dominicana el 16 de agosto de 2020, todo apuntaba a que su gobierno tendría un ambiente comunicacional completamente bajo control. La oposición política encabezada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo fue siendo neutralizada de forma sistemática a través del aparato judicial. El caso más emblemático fue el Caso Calamar, que llevó a prisión preventiva durante meses a Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD en 2020 que alcanzó el 37% de los votos en la primera vuelta.
Una investigación que se revelaría construida sobre bases jurídicamente cuestionables: la unidad antifraude que produjo los informes no había sido constituida por ley ni avalada por la firma del Contralor de la República. Se señala a un abogado cercano al presidente como el enlace que trasladó ese expediente a la Procuraduría.
El efecto fue calculado: ver a quien casi derrotó a Abinader tras las rejas, sin haber sido condenado, fue suficiente para paralizar cualquier impulso opositor. El mensaje era claro, la maquinaria del Estado podía fabricar expedientes con rapidez quirúrgica.
A este control político se sumó otro elemento sin precedentes en la historia republicana dominicana: la mayor nómina de publicidad estatal jamás registrada, que convirtió a los medios tradicionales en dependientes directos del presupuesto gubernamental. Los grandes conglomerados mediáticos, íntimamente ligados a grupos empresariales con contratos millonarios con el Estado, completaron el cuadro.
Los periodistas tradicionales se convirtieron en lo que en el argot político caribeño se conoce como “bocinas”: amplificadores de la narrativa oficial, incapaces de cuestionar a quienes los financiaban.
El gobierno tenía a la oposición política amordazada por el miedo jurídico y a los medios tradicionales domesticados por el dinero. En teoría, era el escenario perfecto. Fue entonces cuando llegó el cisne negro.
Los Comunicadores Independientes de las Redes Sociales
Se había creado, de forma involuntaria, un vacío de fiscalización. Los gobierno ponía los temas de debate, la prensa los amplificaba, y el círculo se cerraba sin que nadie tocara los intereses que cruzaban ambas esferas.
Pero al neutralizar a la oposición política, el gobierno eliminó el principal agente que generaba agenda crítica para los medios. En ese espacio vacío emergieron cientos de comunicadores independientes en plataformas digitales que no le debían su micrófono a ningún empresario ni su credibilidad a ningún partido. Sin las ataduras del financiamiento corporativo, comenzaron a señalar lo que nadie más señalaba: contratos opacos, vínculos entre funcionarios y empresarios cuestionados, y durante casi dos años la presunta relación del gobierno dominicano con empresarios haitianos acusados de financiar bandas terroristas en Haití, incluso mientras se señalaba que uno de los asesores del presidente era CEO de empresas vinculadas a ese financiamiento.
La audiencia migró hacia estos nuevos comunicadores con una velocidad que los medios tradicionales no anticiparon. Y junto con la audiencia, llegó la credibilidad. El cisne negro había madurado.
La Respuesta: Ocho Intentos de Censura y un Plan B
La desesperación del gobierno y de los grupos empresariales afectados dejó un rastro cuantificable: al menos ocho intentos de leyes mordaza o regulación digital contra las redes sociales que fracasaron uno tras otro, bien por presión ciudadana, bien por el escándalo internacional que habrían generado.
La Unesco había advertido sobre esta táctica antes de que se aplicara en República Dominicana. En un documento institucional cuyo enlace se puede consultar en https://www.unesco.org/es/articles/aumento-alarmante-de-leyes-financieras-abusivas-para-silenciar-periodistas-unesco la organización denunció el alarmante aumento de “acusaciones de extorsión y chantaje” utilizadas en distintos países para silenciar, desacreditar o intimidar a periodistas independientes.
El camino legislativo estaba cerrado. El camino de la difamación directa implicaba cortes, escrutinio internacional, y el riesgo de que las pruebas o su ausencia quedaran expuestas en audiencias públicas. Se necesitaba otra vía.
Fue entonces cuando nació el plan que este reportaje analiza bajo el prisma del concepto OSINT: en lugar de perseguir a los comunicadores por sus denuncias, se construiría una narrativa que los convirtiera a ellos en los victimarios.
El Patrón: Once Casos, Una Sola Narrativa
Lo que llama la atención de este fenómeno no es un caso aislado, sino la repetición del mismo guión en once instancias documentadas, con funcionarios de distintos ministerios, alcaldías y niveles jerárquicos, en un rango temporal que abarca desde agosto de 2020 hasta fechas recientes de 2025.
El mecanismo es siempre el mismo: un funcionario es cuestionado por comunicadores independientes respecto a su gestión; poco después, el funcionario o su entorno legal declara ser víctima de extorsión y chantaje; esa declaración es inmediatamente amplificada por uno o más medios tradicionales identificables.
Los casos documentados son los siguientes:
1. Carlos Bonilla Ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived) desde el 17 de agosto de 2021, ministerio creado tras la transformación del Instituto Nacional de la Vivienda en ministerio mediante el Decreto 497-21. Su labor se centra en establecer políticas y estrategias para la mejora de la vivienda, los asentamientos humanos dignos y la construcción de edificaciones estatales. Fue el primero en registrar el patrón: en medio de cuestionamientos a su gestión, declaró ser víctima de extorsión y chantaje por parte de comunicadores independientes. Su versión fue respaldada por los medios Sin Cortapisas TV, Z101 y Esto No Radio.
(Fuentes: https://x.com/ramontolentinot/status/1358924162249728002?s=42 | https://www.youtube.com/watch?v=x5YENFoQpvo)
2. Lisandro Macarrulla Ministro de la Presidencia, quien presentó su renuncia al cumplirse dos años de gobierno, tal como acordó con el presidente Abinader al comienzo de su gestión. Además de estar a cargo de la coordinación de la comisión técnica de transición, Macarrulla fue designado como ministro de la Presidencia, el principal coordinador del Gabinete Presidencial. A través de su abogado Miguel Valerio, se alegó que Macarrulla era víctima de una campaña de descrédito basada en el chantaje, extorsión, difamación y graves injurias. La versión fue respaldada por José Peguero y su periódico enseguida.do el 29 de septiembre de 2021.
(Fuentes: https://ensegundos.do/2021/09/29/abogado-de-lisandro-macarrulla-asegura-que-el-ministro-es-victima-de-extorsion-y-chantaje/ | https://x.com/wendysantosb/status/1443330279226155012?s=46)
3. Faride Raful Ministra de Interior y Policía desde el 16 de agosto de 2024, responsable de desarrollar las políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana y de dirigir, coordinar y garantizar la gestión eficiente de la Policía Nacional. En medio de cuestionamientos a su gestión por presuntas arbitrariedades, alegó ser víctima de extorsión y chantaje por parte de comunicadores independientes. Su versión fue respaldada por FAIA media y El Avance Media.
(Fuentes: https://x.com/elavancemedia/status/1924851363797721096?s=42)
4. Roberto Fulcar Ministro de Educación de la República Dominicana desde el 16 de agosto de 2020, encargado de la planificación, gestión, administración y elaboración del modelo educativo dominicano, así como de la administración de las escuelas públicas. Fulcar venía siendo el jefe del proyecto de Abinader desde que salieron del Partido Revolucionario Dominicano en 2014, y actuó como director de campaña. En medio de cuestionamientos a su gestión, declaró ser víctima de extorsión y chantaje. Su versión fue respaldada por el medio de Antonio Espaillat, Cachicha, el 7 de enero de 2021.
(Fuente: https://www.cachicha.com/2021/01/el-chantaje-de-medios-de-comunicacion-a-rafael-fulcar/)
5. Hugo Beras Director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), designado mediante el decreto 414-22, institución encargada de la planeación y formulación de las políticas de transporte, tránsito y seguridad vial. Beras fue arrestado posteriormente, siendo definido por el Ministerio Público como el “coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia.” Previamente, en medio de cuestionamientos a su gestión, alegó ser víctima de extorsión y chantaje. Su versión fue respaldada por el medio EyR News de Antonio Espaillat.
6. Kimberly Taveras Séptima ministra de la Juventud y primera del gabinete de Luis Abinader, desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 9 de diciembre cuando renunció a su cargo. El Ministerio de la Juventud, en un comunicado de fecha 21 de julio de 2020, denunció una actitud chantajista. La versión fue respaldada por el periódico El Pregonero.
7. Plutarco Arias Designado el 16 de agosto de 2020 mediante decreto 324-20 como ministro de Salud Pública y Asistencia Social, con la misión principal de estabilizar y reducir la curva de contagio de la crisis sanitaria del coronavirus. Al despedirse del cargo, publicó un comunicado denunciando responder a “una ola de infidencia y chantaje”, sin especificar de quién o quiénes provenía.
8. Juan TH Un miembro de la dirección política del PRM catalogó las críticas a Luis Abinader como extorsión y chantaje, lo que revela que la narrativa ha sido institucionalizada como respuesta estándar ante la presión de comunicadores independientes.
(Fuente: https://x.com/juantaverash/status/1511097912616525832?s=46)
9. Manuel Jiménez, alcalde de Santo Domingo Este, alegó ser víctima de extorsión y chantaje en medio de cuestionamientos a su gestión.
10. Milagros de Camps Viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, designada mediante el decreto 330-20 del 16 de agosto de 2020 como viceministra de Cooperación Internacional. Enfrentó una demanda que la involucra en medio de cuestionamientos, tras su renuncia denuncio ser víctima de extorsión y chantaje.
11. Una empresa ligada al gobierno por poseer contratos millonarios con instituciones estatales y recibir subsidios de combustible, al ser cuestionada por la calidad de sus productos, alegó ser víctima de extorsión y chantaje. Su versión fue amplificada por Zol FM.
(Fuente: https://x.com/kapulet/status/2038718713646493855?s=46)
A este listado se suma que la periodista Nuria Piera y el entonces director del Intrant también señalaron ser víctimas de presunta extorsión y chantaje por parte del medio Somos Pueblo.
El Patrón Nunca Produce Condenas
El elemento más revelador de toda esta cadena no es la reiteración de las denuncias, sino su resultado judicial: los comunicadores independientes que fueron llevados a tribunales terminaron absueltos. Las pruebas prometidas nunca se materializaron en condenas. Esto sugiere que el objetivo de la estrategia no era la condena penal que habría requerido evidencia real, sino el efecto intimidatorio: crear el estigma de “extorsionador digital” antes de que el proceso judicial comenzara, utilizando los medios tradicionales como caja de resonancia.
Era lawfare mediático preventivo, asistido por periodistas tradicionales, algunos de ellos con celo profesional por entender que los nuevos comunicadores independientes estaba robándose toda la atención, empresarios, el gobierno y periodistas tradicionales jugaron a la condena social antes del veredicto, o en su defecto, la condena social como sustituto del veredicto.
Pero… La Confesión que Lo Cambia Todo:
El Gobierno Como Proveedor de Documentos a periodistas tradicionales.
Quizás el elemento más explosivo de esta investigación proviene de una revelación pública de la periodista Susana Gautreau, documentada en la fuente: https://x.com/kapulet/status/2039821735294390671?s=46
Gautreau reveló que el gobierno le facilitó documentos de forma no pública ni oficial para que ella pudiera desmentir al comunicador independiente Jefte Ventura. Con esos documentos, Gautreau llegó al punto de pedir encarcelamiento para Jefte. Sin embargo, la propia periodista constató posteriormente que los documentos que posee Jefte para fundamentar sus denuncias son creíbles y refutan lo que el gobierno le aportó en secreto. Gautreau se quejó, además, de que el gobierno no muestra esos documentos públicamente.
Este testimonio, si es verificado, describe una práctica con nombre en la historia del periodismo y la inteligencia: la provisión de documentación a periodistas seleccionados para que sirvan como transmisores de narrativas favorables al poder, sin revelar la fuente gubernamental de esos materiales. Algunos periodistas podrían operar conscientemente como parte del plan; otros, como advierte el comunicador Manolo Ozuna en entrevista con la propia Gautreau —ver minuto 56:42 en https://www.youtube.com/watch?v=tc3prgA7sPE— podrían ser simples tontos útiles.
Ozuna, uno de los comunicadores digitales de mayor credibilidad en República Dominicana, confesó en esa entrevista haber visto listas de periodistas tradicionales de gran nombre al servicio del gobierno con el propósito de destruir reputaciones.
El Deja Vu: La Operation Mockingbird y Su Versión Dominicana
La Operation Mockingbird fue un programa encubierto de la CIA, documentado en las audiencias del Comité Church del Congreso de los Estados Unidos en 1975-1976, mediante el cual la agencia reclutaba periodistas, editores y directivos de medios para infiltrar narrativas favorables a los intereses de inteligencia estadounidense en la cobertura mediática nacional e internacional. El programa utilizaba tanto a colaboradores conscientes como a periodistas que eran manipulados con documentos e informaciones fabricadas o sesgadas sin saber que provenían de una fuente de inteligencia.
Los paralelismos con lo documentado en República Dominicana son estructurales:
∙Selección de comunicadores que sirven como canales no declarados de narrativas oficiales.
∙Provisión de documentos gubernamentales a periodistas seleccionados para atacar a comunicadores independientes, sin que esa fuente se revele públicamente.
∙Coordinación entre el gobierno, los servicios de inteligencia (el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI) y grupos empresariales para identificar objetivos y construir narrativas de descrédito.
∙Uso de medios tradicionales con nombre -Zol FM, Z101, Sin Cortapisas TV, Esto No Radio, Cachicha, ensegundos.do, EyR News, El Pregonero, El Avance Media- como vehículos amplificadores en momentos específicos y coordinados.
La diferencia fundamental con la Operation Mockingbird original es que en el caso dominicano, la narrativa no busca influir en la opinión pública sobre política exterior o enemigos del Estado, sino proteger los intereses de una red de empresarios corruptos que operan bajo contratos estatales, mientras simultáneamente destruye la credibilidad de quienes los señalan.
Todo este análisis OSINT converge en una conclusión que supera lo anecdótico para convertirse en una observación estructural sobre el ecosistema mediático dominicano de esta era:
“No hay nada más peligroso que un comunicador honesto.”
Los periodistas tradicionales no lo eran en su relación con el poder empresarial. Los políticos de oposición tampoco lo eran en su relación con los mismos empresarios que los financiaban. El Estado neutralizó a la oposición política con el lawfare judicial. Los medios tradicionales quedaron bajo el tutelaje de la publicidad estatal. Pero los comunicadores independientes de redes sociales, al no deber su existencia ni su audiencia a ninguna de esas fuentes de poder, se convirtieron en el único eslabón que el sistema no había previsto controlar.
Y cuando el sistema intentó controlarlos usando las mismas herramientas, el lawfare, esta vez reconfigurado en narrativa de criminalidad, con periodistas tradicionales como operadores mediáticos y documentos gubernamentales como munición secreta, los tribunales dijeron que no había caso.
El cisne negro no murió. Solo cambió de plumas.
Este reportaje OSINT fue construido con fuentes públicas verificables. Las hipótesis sobre coordinación entre el gobierno, el DNI y grupos empresariales son inferencias analíticas basadas en la correlación de hechos documentados, y no constituyen afirmaciones de responsabilidad penal comprobada en sede judicial. Las fuentes originales se mantienen intactas tal como fueron provistas.
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