Fuente: Zócalo Saltillo
Washington D.C. – La política de “máxima presión” implementada por la administración de Donald Trump contra Irán ha generado una división política sin precedentes en Washington. Legisladores de ambos partidos, exfuncionarios de la Casa Blanca y expertos en derecho constitucional han empezado a demandar abiertamente la activación de la Vigésima Quinta Enmienda, poniendo en duda la estabilidad mental del presidente y su capacidad para desempeñar el cargo tras sus recientes amenazas de destruir infraestructura civil iraní.
La tensión llegó a un punto crítico luego de los bombardeos iniciados el 28 de febrero y el bloqueo posterior del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán. La respuesta de Trump —amenazar con “desatar el infierno” y destruir puentes y centrales eléctricas este martes— fue considerada por distintos sectores como una incitación a cometer crímenes de guerra.
“Esto es una locura total. Ya ha matado a miles de personas y va a matar a miles más”, advirtió el senador Chris Murphy (D-CT), quien instó al gabinete presidencial a consultar cuanto antes con abogados constitucionalistas.
La demanda para activar este mecanismo no proviene únicamente del sector demócrata, sino que también ha sumado voces dentro del Partido Republicano y antiguos aliados cercanos al presidente:
– Sector Demócrata: La representante Yassamin Ansari calificó al mandatario como una “amenaza para la seguridad nacional”, cuestionando ataques dirigidos a objetivos no militares como universidades. Melanie Stansbury, por su parte, afirmó que “el emperador está desnudo” y urgió al Gabinete a tomar medidas.
– Sector Republicano y Exaliados: El excongresista Joe Walsh y el exdirector de comunicaciones Anthony Scaramucci coincidieron en que la situación actual es exactamente para lo que los fundadores diseñaron la enmienda. Incluso Marjorie Taylor Greene criticó duramente, calificando el conflicto como una “guerra no provocada” y acusando de complicidad a quienes rodean al presidente.
– Perspectiva Legal: Ty Cobb, exasesor legal de la Casa Blanca, describió la conducta del presidente como “locura y depravación”, criticando la falta de supervisión en sus comunicaciones nocturnas.
Ratificada en 1967 tras el asesinato de John F. Kennedy, esta enmienda asegura la continuidad del poder ejecutivo. El debate actual se concentra específicamente en su Sección 4, que nunca ha sido aplicada en la historia estadounidense:
– El Mecanismo: Permite que el vicepresidente junto con la mayoría del gabinete declaren por escrito que el presidente es incapaz de ejercer los poderes y deberes del cargo.
– El Proceso: Si se activa, el poder pasa inmediatamente al vicepresidente. En caso de que el presidente impugne esta decisión, corresponde al Congreso resolverlo con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.
A pesar del intenso debate en el Capitolio, analistas consideran que la aplicación efectiva de la Sección 4 sigue siendo poco probable debido a la lealtad política predominante entre los secretarios del gabinete. Sin embargo, la mera mención de este recurso constitucional por parte de figuras políticas relevantes refleja la gravedad de la crisis institucional que atraviesa Estados Unidos en medio de la escalada bélica con Irán.
El mercado energético mundial permanece expectante ante el vencimiento del plazo impuesto por Trump para las 20:00 horas de este martes, mientras el precio del barril de petróleo sigue aumentando debido a la paralización en el Estrecho de Ormuz.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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