Fuente: Listin diario
Tragedia en el Jet Set: un año después del desplome fatal del techo
Eran las 12:44 del 8 de abril de 2025 cuando Rubby Pérez y su orquesta animaban la fiesta con “Color de rosa”. La pista vibraba con los asistentes bailando, hasta que un silencio estremecedor anunció un estruendo aún mayor.
La música cesó abruptamente, dando paso a la desesperación y al llanto. El techo del Jet Set se desplomó, dejando un saldo mortal de 236 personas que disfrutaban la música y más de 180 heridas.
Este colapso sacudió a toda la nación.
Aquel día apenas comenzaba cuando la voz del merengue llenaba el ambiente y los presentes bailaban, hasta que un profundo silencio preludió al desastre.
Más de 100 llamadas al servicio de emergencias 9-1-1 y una alerta de la gobernadora Nelsy Cruz al presidente Luis Abinader activaron a las autoridades ante la tragedia.
Ambulancias, bomberos y equipos pesados iluminaban con linternas entre los escombros, guiados por los gritos desesperados de quienes quedaron atrapados bajo el concreto, esperando auxilio.
Más de 370 socorristas y 77 ambulancias trabajaron desde la madrugada para trasladar heridos y fallecidos; familiares, conocidos y medios rodearon el lugar mientras esperaban noticias sobre sus desaparecidos en esa noche que pasó de ser alegre a una de las más dolorosas recientes en el país.
El presidente Luis Abinader acudió al sitio y declaró estar profundamente conmovido por lo ocurrido, disponiendo todos los recursos gubernamentales para rescatar a quienes aún pudieran estar con vida.
“Desde anoche seguimos esta tragedia minuto a minuto para garantizar que todas las instituciones y recursos estén disponibles, como lo han estado, aunque aún falta mucho. Tenemos fe en Dios de que lograremos salvar a más personas que estén atrapadas”, expresó el mandatario aquella mañana.
Al segundo día, brigadas de Puerto Rico y miembros de la comunidad judía mexicana se sumaron a las operaciones lideradas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mientras los familiares continuaban exigiendo información sobre sus seres queridos desaparecidos.
Los nombres que encabezaban las listas oficiales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) incluían a Roberto Antonio Pérez Herrera (Rubby Pérez), Octavio Dotel, Tony Blanco, Nelsy Cruz, Eduardo Grullón, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, Stephanie Avendaño Patricio, Lía Gómez, Bibiana de Jesús García de la Rosa, Roselin Marte, Patricia y Yessica Acosta López y Luis Emilio Solís Encarnación.
Los hospitales General Regional Doctor Marcelino Vélez Santana, Doctor Francisco E. Moscoso Puello, Traumatológico Doctor Darío Contreras, Ney Arias Lora, Centro Médico Dominico Cubano, Centro Médico UCE, Centro Médico Moderno y Clínica Doctor Abel González se convirtieron en centros donde heridos y familiares buscaban incansablemente respuestas.
El viernes culminaron las labores con la participación de 4,580 colaboradores provenientes de 22 instituciones en el epicentro; tras más de 59 horas se contabilizaron 155 traslados y 189 personas rescatadas con vida. La cifra final fue trágica: 236 muertos —21 extranjeros— y más de 180 heridos.
Relatos marcados por el dolor
A pesar del cierre operativo, familiares permanecían frente al Instituto de Patología Forense esperando poder despedir a sus seres queridos.
Muchas familias fueron destrozadas por la pérdida inesperada de sus hijos; tal es el caso de Carlos Severino y Anni Gómez, quienes perdieron a sus tres hijos sin aviso ni tiempo para prepararse.
Darianny Escarling Severino Gómez (31 años), Diego Armando Severino Gómez (27) y Marianny Scarlet Severino Gómez (23) eran fruto de un matrimonio unido por 35 años lleno de amor y complicidad.
Cinco integrantes conformaban esa familia que en pocas horas quedó reducida a tristeza profunda y recuerdos dolorosos por los jóvenes perdidos.
“Éramos cinco miembros en la familia; en tres horas se destruyó todo: felicidad, planes y sueños que ellos tenían como jóvenes”, expresó Carlos Severino entre lágrimas durante una entrevista con Listín Diario.
En otros casos hijos quedaron huérfanos tras perder a sus padres; Manny Arisleydi Díaz Patricio y Agustín René Méndez Suberví formaban un matrimonio sólido durante 25 años dejando tres hijos desgarrados por el dolor a edades de 24, 20 y 17 años.
Lenin, hermano de Manny, sufrió graves heridas físicas tras la tragedia: múltiples operaciones craneales, cinco costillas rotas, lesiones en espalda y pierna derecha; además una parálisis maxilofacial en el lado izquierdo que afectó también su brazo del mismo lado.
La madre fue diagnosticada con síndrome del corazón roto requiriendo cateterismo; su padre permaneció dos meses en UCI con pronóstico reservado y debió recibir terapia física para recuperar movilidad corporal.
Los sueños truncados abarcan médicos, arquitectos, mercadólogos, contadores, políticos, abogados, meseros, creativos, psicólogos, ingenieros militares, estudiantes y empresarios; muchos enterrados bajo los escombros mientras otros sobreviven cargando el peso del sufrimiento.
Anastacio Peguero y Claribel Castro son prueba viva: asistieron al evento por petición de su hija Clarisleny Peguero Castro (20), quien no volvió con ellos esa noche.
“Los recuerdos me agobian cada día porque quedaron tantos sueños por cumplir: ella estaba próxima a graduarse con honores”, dijo Anastacio entre lágrimas en entrevista con este medio.
Anastacio pasó 13 horas atrapado bajo escombros y días en UCI; su esposa sufrió lesiones físicas graves pero nada comparable al dolor inmenso por la ausencia definitiva de Clarisleny.
“Lo que más duele es perder a mi bebé; era especial para toda la familia”, añadió dos meses después del desastre.
Jenniffer Taveras sobrevivió tras dos meses hospitalizada pero enfrenta múltiples secuelas evidentes en silla de ruedas; Bartolo Reyes —empleado del local— estuvo recluido 56 días recuperándose tras vivir aquel horror.
Acusaciones formales
El 15 abril llegó la primera denuncia contra Antonio Espaillat, dueño del establecimiento nocturno.
La querella penal fue presentada por familiares directos del primer teniente policial Virgilio Rafael Cruz Aponte —fallecido en el desplome— e incluía también al Estado dominicano por presunto incumplimiento en supervisión debido al deterioro evidente del local.
La demanda acusó por homicidio involuntario a Antonio Espaillat López, Ana Grecia López (madre del propietario) y a Inversiones E y L S.R.L., empresa responsable del club nocturno Jet Set.
Además solicitaron condena económica para cubrir daños materiales y morales a favor de las víctimas; también pidieron cargos contra el Estado y Alcaldía del Distrito Nacional conjuntamente como responsables subsidiarios.
Antonio Espaillat se dirigió al público nuevamente el 23 abril durante entrevista con Edith Febles; allí habló por primera vez sobre los plafones del techo que habían sido reemplazados frecuentemente por empleados sin contratar especialistas; el último cambio ocurrió justo el 7 abril antes del colapso.
El techo contenía plafones yeso que solían caer debido a acumulación agua originada por aire acondicionado; esta situación era habitual sin señales claras previas porque el yeso absorbía agua sin deformarse ni alertar sobre riesgos inmediatos.
En junio las declaraciones tomaron otro rumbo cuando Gregory Adames —empleado afectado— denunció ante Ministerio Público que había advertido sobre peligro inminente en el techo sugiriendo cancelar la fiesta fatal; presentó querella contra propietarios e Inversiones E y L S.R.L..
Dos días después Antonio y Maribel fueron detenidos tras interrogatorios prolongados; estuvieron presos una semana hasta pagar fianza de 50 millones pesos para salir libres.
Siete meses después se formalizó acusación judicial contra los hermanos Espaillat solicitando apertura a juicio señalando mal estado estructural desde hace 14 años durante varias remodelaciones que duplicaron carga sin evaluaciones profesionales ni permisos legales.
Se detectó eliminación ilegal de columna clave para estabilidad afectando significativamente seguridad sin respaldo técnico alguno demostrando conducta negligente grave según autoridades judiciales dominicanas.
Se imputan homicidio involuntario junto a golpes y heridas involuntarias según artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano respectivamente.
El juicio preliminar comenzó el 12 enero caracterizado por constantes aplazamientos solicitados tanto por defensa como víctimas; alrededor de cien familias desistieron junto a ochenta cinco lesionados quedando sesenta querellas vigentes contra los acusados según abogado Carlos Salcedo.
Desde entonces víctimas han movilizado protestas públicas frente al Palacio Nacional y otras localidades con respaldo social mostrando una herida abierta que persiste desde aquella madrugada fatídica.
La familia Espaillat emitió comunicado solidarizándose con afectados reconociendo no ser “ajenos al dolor” causado por el desplome.
A un año del accidente fiscal ministerio público pidió iniciar juicio final contra acusados mientras tribunal aplazó audiencia para el 20 abril próximo con contraperitaje pendiente abriendo paso al clamor popular por justicia ante una tragedia aún latente como aquel primer día trágico.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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