Fuente: Listin diario
Nueva iniciativa busca sancionar a empleadores y funcionarios que obliguen a trabajadores no esenciales durante emergencias climáticas en alerta roja.
Con la finalidad de corregir la fragmentación institucional y disminuir la incertidumbre ciudadana ante fenómenos atmosféricos severos, el abogado Francisco Álvarez Martínez presentó este jueves un proyecto de ley para establecer un Sistema de Mando Único en Emergencias Climáticas y Desastres.
El texto fue enviado al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y a un grupo diverso de legisladores, entre ellos Omar Fernández, Rogelio Genao y Tobías Crespo, con el propósito de que alguno pueda tomar la iniciativa, enriquecerla y presentarla formalmente.
La propuesta parte de la identificación de una falla estructural en el modelo vigente: mientras que la alerta técnica suele ser emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las decisiones respecto a suspensión de labores, funcionamiento institucional o medidas sectoriales quedan en manos de distintas autoridades, lo que produce respuestas descoordinadas, tardías o incluso contradictorias.
“No es jurídicamente aceptable que el Estado siga funcionando con decisiones dispersas, tardías y descoordinadas”, indica Álvarez Martínez en su comunicación, donde advierte que esta fragmentación expone a los trabajadores a presiones indebidas, genera inseguridad jurídica para empleadores e instituciones y ocasiona confusión tanto en el sistema judicial como en la población en general.
Impactos automáticos
El anteproyecto plantea que la emisión de una alerta roja por parte del COE active automáticamente una Declaración de Emergencia Climática Vinculante (DECV), con efectos obligatorios en el territorio afectado. Esto incluiría la suspensión de labores en entidades públicas no esenciales, ajustes o suspensión de clases y la paralización de actividades y plazos judiciales y administrativos, sin necesidad de decretos o decisiones adicionales dispersas.
Protección salarial
El documento establece que los días no trabajados debido a una alerta roja no podrán ser descontados del salario del empleado, ni restados de sus vacaciones ni considerados permisos ordinarios. Asimismo, contempla la creación de un baremo nacional para compensar a los trabajadores, financiado con recursos del Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.
Único canal contra la desinformación
Uno de los puntos clave del proyecto es el establecimiento de un único canal oficial para información y toma de decisiones públicas durante emergencias, frente a riesgos como la desinformación, manipulación digital, uso indebido de inteligencia artificial y difusión de instrucciones falsas. En ese contexto, se prohíbe que funcionarios emitan directrices vinculantes desde cuentas personales o medios no oficiales, otorgando valor jurídico únicamente a las publicaciones institucionales autorizadas.
Regulación sancionadora
El proyecto contempla multas para empleadores privados o funcionarios públicos que exijan presencia física al personal no esencial durante una emergencia climática bajo alerta roja. Las sanciones propuestas varían entre 50 y 200 salarios mínimos, sin perjuicio de posibles responsabilidades civiles o penales si se producen daños mayores.
Álvarez Martínez aclaró que esta iniciativa no responde a intereses partidarios sino a la urgencia de dotar al país de un mecanismo serio, coherente y eficiente para enfrentar emergencias climáticas. Señaló que su principal interés no es quién presente formalmente la propuesta sino que el tema sea organizado adecuadamente.
La iniciativa queda abierta ahora para su análisis, debate y posible presentación por cualquier legislador dispuesto a asumirla en el Congreso Nacional.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario