Fuente: El Universal
Washington. — El martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos casinos y a tres individuos, incluyendo a un activista de derechos humanos, por supuestamente apoyar las actividades ilícitas del Cártel del Noreste (CDN), una organización criminal que actúa en la frontera entre México y Texas y que fue catalogada como grupo terrorista el año pasado por la administración del presidente Donald Trump.
Estados Unidos ha intensificado las medidas contra el Cártel del Noreste — sucesor de los antiguos Zetas — acusado de traficar con armas, drogas y personas, y conocido por sus métodos violentos y extorsivos.
Entre las compañías sancionadas se encuentra Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que opera bajo la Comercializadora y Arrendadora de México, S.A de C.V (CAMSA), entidad que también fue objeto de sanciones.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el Casino Centenario presuntamente funciona como un centro para almacenar drogas y como mecanismo para lavar dinero a través de actividades de juego. Además, el Departamento del Tesoro señala que en las áreas privadas del casino el cártel efectúa “torturas e intimidaciones” contra sus adversarios.
El Tesoro añadió entre las sanciones al Diamante Casino — igualmente propiedad de CAMSA — ubicado en Tampico y que administra una plataforma de apuestas en línea.
Los tres individuos sancionados, cuyos bienes han sido congelados, son: Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, identificado como supuesto responsable del tráfico humano en Nuevo Laredo y enlace para migrantes hacia Texas; el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, acusado de proporcionar servicios ilegales a miembros del CDN y defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, detenido en Estados Unidos tras ser entregado por México; y el activista Jesús Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
En 2023, Ramos junto con varios medios mexicanos y The New York Times denunciaron que el Ejército Mexicano — durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) — utilizó el software israelí Pegasus para espiar a Ramos y a periodistas locales que investigaban ejecuciones extrajudiciales.
No obstante, el Departamento del Tesoro afirmó en su comunicado que Ramos es un “aliado del CDN que lidera una campaña de desinformación contra las autoridades mexicanas mientras se presenta como activista de derechos humanos”.
Según esta institución, Ramos defiende “únicamente a miembros violentos del cártel, interpone denuncias falsas contra el Ejército Mexicano, financia la asistencia a protestas y protege la imagen de integrantes del CDN caídos o detenidos”.
EL UNIVERSAL intentó contactar a los señalados por el Tesoro estadounidense sin obtener respuesta.
Simultáneamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en un comunicado que tras realizar un análisis financiero, fiscal y corporativo identificaron la operación conjunta de establecimientos de apuestas bajo una estructura empresarial común, así como transferencias internacionales “significativas” hacia distintas jurisdicciones, “algunas con riesgo”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró discrepancias entre los montos manejados y los ingresos declarados, además de movimientos considerables en efectivo “incompatibles con la actividad económica reportada”.
Asimismo, detectaron patrones en el sector juegos y sorteos que serían usados para “posible lavado de dinero”.
De forma complementaria, compartieron información con la Secretaría de Gobernación mediante la Dirección General de Juegos y Sorteos para proceder con la suspensión de los establecimientos señalados.
Sin embargo, Casino Centenario continuaba operando con normalidad. Este lugar es uno de los más concurridos en la frontera tamaulipeca.
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Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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