Fuente: Listin diario
Yeni Berenice Reynoso advirtió que la República Dominicana enfrenta una “anatomía del crimen” caracterizada no solo por la delincuencia organizada, sino también por una alarmante crisis en la convivencia social y la consolidación de mercados criminales específicos.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, planteó la urgente necesidad de un Pacto de Estado contra la Violencia que involucre a todos los sectores sociales para enfrentar una “crisis de convivencia” que supera la capacidad del sistema judicial.
Señaló que el país se encuentra ante una “anatomía del crimen” marcada, no solo por el crimen organizado, sino por una preocupante crisis en las relaciones sociales y la consolidación de mercados ilícitos específicos.
Para la magistrada, la seguridad es un elemento fundamental para el desarrollo económico y el bienestar social.
Reynoso se expresó en esos términos al ofrecer la conferencia titulada “Anatomía del Crimen y la Violencia en RD: Radiografía para una transformación necesaria”, en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), durante su intervención en el foro sobre crimen, seguridad y violencia, organizado por Listín Diario y la academia estatal.
El evento fue encabezado por Miguel Fanjul, director del Listín Diario, quien presentó la iniciativa del foro mediante un editorial publicado el pasado 16 de marzo.
La procuradora destacó que una sociedad “aturdida por la criminalidad” difícilmente podrá consolidar su estado de derecho o atraer la inversión extranjera imprescindible para prosperar.
“Este Pacto de Estado contra la Violencia debe ser una agenda nacional que trascienda los mandatos gubernamentales e involucre a todos los sectores para asegurar el desarrollo económico y la llegada de inversión extranjera, ambos directamente ligados a la seguridad”, añadió la magistrada.
Manifestó que la justicia interviene cuando ya ocurrió el hecho, pero es necesario actuar antes de que se fracture el contrato social, subrayando que solo castigar no basta si no se trabaja en prevenir.
“La seguridad no es una instantánea; es un proceso continuo. Si falla la prevención, entra el sistema punitivo, pero la intervención no debe limitarse a después de que se haya roto el contrato social”, afirmó Reynoso.
El impacto del narcotráfico y su relación geopolítica
Reynoso explicó cómo ha evolucionado el fenómeno del narcotráfico durante los últimos diez años.
Resaltó que debido a las condiciones políticas en países sudamericanos y a la modernización aeroportuaria en ciudades importantes como Santiago y Santo Domingo, las redes criminales han trasladado sus centros de acopio hacia las costas, afectando directamente provincias como Pedernales, Baní y Barahona.
Un llamado a fortalecer la educación y la familia
La magistrada consideró que mientras el 34% de los episodios violentos ocurran dentro del ámbito familiar, será imposible disminuir los índices de violencia en el país.
Propuso públicamente a la UASD realizar un estudio científico que permita obtener un diagnóstico real sobre la criminalidad.
Explicó que esto facilitará diseñar estrategias preventivas orientadas a formar ciudadanos capaces de resolver conflictos mediante el diálogo, evitando recurrir a la violencia.
“El objetivo sería analizar los factores causales, manifestaciones y variables de violencia para crear políticas preventivas estratégicas y no solo reactivas”, enfatizó Reynoso.
Afirmó que la seguridad ciudadana no puede seguir siendo considerada únicamente como responsabilidad de policías, fiscales y fuerzas militares.
La “violencia expresiva” y el uso de armas
Durante su intervención, la magistrada abordó el cambio hacia una violencia más letal y desproporcionada.
Reynoso subrayó cómo el uso tanto de armas de fuego como blancas ha convertido conflictos menores en tragedias fatales.
Indicó que cinco de cada diez homicidios tienen su origen en conflictos sociales (como roces entre vehículos, discusiones por estacionamientos, ruidos o pequeñas deudas).
Consideró que el robo de motocicletas (que representa el 92% de los vehículos sustraídos), teléfonos móviles y metales (tales como contadores y cableado del Metro) alimenta una economía ilegal que debe combatirse atacando también su demanda y no únicamente al autor material.
Instó a desmantelar patrones violentos transmitidos generacionalmente y a fortalecer el sistema educativo para formar personas capaces de resolver disputas mediante el diálogo.
“Necesitamos un modelo humano capaz de cumplir con el contrato social”, declaró, reiterando que sin paz social no existen bases sólidas para el crecimiento económico del país.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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