Fuente: Listin diario
Cambios penales en El Salvador incluyen cadena perpetua para menores y adultos por graves delitos
El miércoles, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aprobó reformas constitucionales que permiten imponer la cadena perpetua a menores y adultos involucrados en homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.
Estas modificaciones penales, que fueron avaladas el mes pasado por la Asamblea Legislativa dominada por el partido de Bukele, establecen que esta sanción se aplicará a quienes hayan cometido esos delitos, ya sean autores o cómplices, desde los 12 años de edad. Además, contemplan una revisión obligatoria de la pena dependiendo de si los condenados son menores que han cometido uno o varios crímenes o si existen agravantes.
Las reformas también contemplan la entrada en vigor el 26 de abril de los nuevos tribunales penales creados mediante estas enmiendas. Los jueces penales, que anteriormente eran jueces de menores, deben realizar revisiones periódicas de la cadena perpetua para evaluar la posibilidad de otorgar un régimen de libertad supervisada bajo ciertas condiciones.
Según las nuevas disposiciones, esta revisión debe efectuarse cada cinco años para todos los sentenciados a cadena perpetua, comenzando después de 25 años de prisión para menores, 30 años para adultos, 35 años para adultos con múltiples condenas y a partir de los 40 años cuando existan agravantes.
La Ley Penal Juvenil reformada previa establecía una pena máxima de hasta 20 años para menores que cometieran delitos como pandilleros y tuvieran al menos 16 años cumplidos, y hasta diez años para aquellos con 12 años cumplidos.
Estas reformas llegan tras varias modificaciones constitucionales promovidas por Bukele, las cuales han sido objeto de críticas por considerarse un debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos y un golpe a la aún frágil democracia del país centroamericano.
En julio de 2025, el gobierno impulsó otra reforma destinada a eliminar los límites al mandato presidencial, facilitando que Bukele pueda mantenerse en el poder indefinidamente.
Estas reformas forman parte de una serie de medidas que Bukele ha implementado en su lucha contra las pandillas en El Salvador, iniciada con la declaración del estado de emergencia en marzo de 2022 tras un aumento significativo de la violencia pandillera.
Esta medida, originalmente temporal y prorrogada por casi cuatro años, suspende derechos constitucionales fundamentales y ha dado lugar a la detención de aproximadamente 91,650 personas en el país. Bukele ha asegurado que se han liberado unas 8,000 personas inocentes.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado casos reiterados de detenciones arbitrarias durante años; una de ellas incluso presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalando que la mayoría de los detenidos bajo el estado de emergencia fueron arrestados sin justificación legal. Bukele respondió con fuertes críticas hacia esta acusación.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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