Fuente: Asia News.it
Estambul (AsiaNews) – Esta mañana, las autoridades turcas emitieron 83 órdenes de captura contra igual número de sospechosos en el marco de la investigación sobre los recientes atentados que dejaron víctimas en dos escuelas del país, ubicadas en Sanliurfa y Kahramanmaras. Paralelamente, se está desarrollando una intensa ofensiva en internet y redes sociales, con el bloqueo de cientos de cuentas, entre ellas 93 grupos en Telegram señalados por difundir contenidos violentos. La Dirección General de Seguridad de Turquía informó que estas órdenes se dictaron contra personas acusadas de divulgar materiales que glorifican el delito y a delincuentes, o que buscan desestabilizar el orden público tras los ataques.
“Se han dictado órdenes de arresto – señala el comunicado – contra 83 personas implicadas en actividades que ensalzan el crimen y a sus autores, con la intención de perturbar o alterar el orden público”. En las últimas horas, expertos en ciberdelincuencia bloquearon 940 cuentas en redes sociales y cerraron 93 grupos en la popular app de mensajería.
Estas medidas restrictivas se adoptaron un día después del tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de Kahramanmaras, al sur del país, donde nueve personas fallecieron y otras 13 resultaron heridas, seis de ellas con lesiones graves, según detalló el ministro del Interior, Mustafa Ciftci. El gobernador local, Mukerrem Unluer, explicó que el ataque fue perpetrado – por motivos aún no aclarados – por un alumno de tercer año de la escuela Ayser Calik, quien perdió la vida durante los hechos. El joven ingresó a dos aulas y disparó indiscriminadamente con armas que había ocultado previamente en una mochila.
Por ahora no está determinado si el agresor murió en medio del tiroteo o se suicidó después de causar las muertes. Las autoridades indicaron que las armas podrían haber pertenecido al padre del sospechoso, un ex agente policial. Según informaciones preliminares, el joven transportaba cinco armas de fuego y siete cargadores; sin embargo, la investigación apenas comienza y busca esclarecer las razones detrás del ataque.
El ministro de Justicia Akin Gurlek afirmó que los fiscales han iniciado una investigación detallada sobre el incidente. Por su parte, Yusuf Tekin, ministro de Educación, se desplazó a la zona mientras su ministerio confirmó el envío de al menos cuatro inspectores para analizar lo sucedido y colaborar con la pesquisa. Debido a la corta edad de las víctimas y para proteger la labor judicial, el Ministerio de Justicia impuso restricciones a la divulgación mediática.
El ataque registrado ayer es el segundo ocurrido en un centro educativo durante los últimos días, en un país donde tiroteos o actos violentos con múltiples víctimas en escuelas son poco habituales. El pasado 14 de abril, un ex alumno de 19 años abrió fuego en una secundaria en Urfa, al sureste del país, dejando 16 heridos. Fuentes locales informaron que el atacante se suicidó cuando la policía intentaba persuadirlo para rendirse y entregar las armas.
En un contexto donde Turquía debate sobre la violencia y la proliferación armamentística, contrasta el informe difundido por el Ministerio de Justicia con estadísticas correspondientes a 2025. Los datos generan preocupación respecto a la salud democrática del país y al frecuente recurso al sistema judicial. De hecho, uno de cada cinco ciudadanos fue investigado penalmente durante el último año; sumando aproximadamente 13,3 millones de expedientes analizados por magistrados. El total de sospechosos llegó a 16,7 millones dentro de una población cercana a los 86 millones, incluyendo más de 330 mil niños y jóvenes. Resulta también significativa la cifra superior a un millón en órdenes de alejamiento emitidas por casos relacionados con violencia contra mujeres.
En total, durante el año pasado se presentaron 22,9 millones de acusaciones penales; esto implica que una quinta parte de la población estuvo bajo algún tipo de proceso judicial. De esos 13,3 millones de casos abiertos en 2025, seis millones corresponden al mismo año; los delitos contra la propiedad, contra la libertad y contra el honor encabezan la lista según el Código Penal turco (TCK). La cantidad de casos remitidos a fiscalía aumentó un 57% en diez años: pasando de 7,4 millones en 2016 a 11,6 millones en 2025.
El informe también revela un considerable aumento en la carga laboral para los tribunales penales: fueron presentados ante jueces 3,8 millones de expedientes, lo cual supone un incremento importante respecto a los 2,4 millones registrados en 2016 (+58.4%). En total, se procesaron 3.9 millones de personas durante el año pasado y se dictaron sentencias en 3.4 millones casos. El 43.4% terminó con condenas; mientras que el 20.3% obtuvo absoluciones. En un 21.6% se pospuso la decisión final; otras resoluciones representaron el restante 14.7%. En total se resolvieron 2.3 millones expedientes durante 2025. La duración promedio para resolver procesos penales es de 248 días. Finalmente, los magistrados analizaron ese año 332.648 expedientes vinculados a menores que involucraron a unos 330.496 niños y jóvenes. Se impusieron penas privativas de libertad en 28.225 casos y multas en 21.362 ocasiones.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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