Fuente: La Redacción/la_redaccia3n@proceso.com.mx
REVOCAN SANCIÓN AL ACTIVISTA QUE DENUNCIÓ LIGAS ENTRE JUEZA DE CHIHUAHUA Y EL NARCOTRÁFICO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El activista Miguel Alfonso Meza, acusado por violencia política de género tras señalar vínculos de la hoy jueza penal de Chihuahua, Silvia Rocío García, con Joaquín “El Chapo” Guzmán, vio revocada la sanción en su contra por parte de las autoridades judiciales.
La Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió anular la sanción impuesta a Meza por sus publicaciones en redes sociales donde afirmaba que Silvia Rocío García fue abogada defensora del narcotraficante durante 2016 y 2017.
Originalmente, a Meza se le exigía emitir una disculpa pública en sus plataformas digitales, eliminar las publicaciones relacionadas y registrarse en el padrón estatal y nacional de personas sancionadas por violencia política de género durante 180 días.
No obstante, durante la sesión del pasado 16 de abril, la sala del tribunal concluyó que el contenido de las publicaciones no tenía relación con el género de la candidata, sino que cuestionaba su capacidad para ocupar el cargo a partir de su historial laboral.
El fallo también amparó el uso del término “narcoabogada” para referirse a Silvia Rocío García, argumentando que esta expresión está sustentada en información verídica dado que ella participó en un documental titulado “Los narcoabogados del crimen organizado”.
Adicionalmente, el tribunal consideró que, en un contexto electoral, los “límites de la crítica aceptable son más amplios” y que el ciudadano ejerció su “derecho a defender la democracia y la independencia judicial”. Por ello, suspendió la sanción dictada por la autoridad local.
La organización Artículo 19 celebró esta resolución en X y resaltó que los discursos políticos sobre temas de interés público y personas que aspiran a cargos públicos “están especialmente protegidos por el derecho humano a la libertad de expresión” y que “toda restricción debe someterse a un escrutinio riguroso”.
En este sentido, también subrayaron que impedir o castigar opiniones sobre información relevante para la sociedad “viola la libertad de expresión al desalentar el debate público” y “genera autocensura o inhibición en el ejercicio de los derechos humanos”.
Por su parte, Miguel Meza manifestó su satisfacción con la decisión judicial, destacando que protege la investigación y establece un precedente favorable a la libertad de expresión.
“Por ahora, no tendremos que borrar nuestra investigación sobre la abogada de El Chapo ni pedir disculpas. Y, lo más importante: logramos un precedente que resguarda la libertad para exponer los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado”, expresó el activista en X.
Meza agradeció el respaldo ciudadano e indicó que dicha resolución aún puede ser apelada por la exabogada del “Chapo”, por lo que mantiene “la guardia en alto”.
Asimismo, enfatizó que representa “un riesgo que abogados de narcotraficantes lleguen a ser jueces” y afirmó “vamos a seguir alertando sobre estos casos”.
Miguel Meza es uno de los creadores del proyecto colaborativo “Narcopolíticos”, cuyo objetivo es denunciar las conexiones entre figuras públicas y el narcotráfico, junto con la organización Defensorxs y los periodistas Luis Chaparro y Óscar Balderas.
En años recientes, se han evidenciado varios casos donde se ha utilizado incorrectamente la figura de violencia política de género; algunas mujeres en el poder han empleado este recurso para acallar críticas legítimas dirigidas hacia ellas.
En 2025, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE) presentados por la abogada y comunicadora Jesika Torres en un artículo para IMER, el 65% de quienes fueron sancionados por este delito eran periodistas y ciudadanos.
Esto ha desvirtuado su propósito original como herramienta para proteger el derecho político femenino en igualdad de condiciones, usándose ahora para censurar y silenciar críticas al poder.
Uno de los casos más controvertidos en 2025 fue el de Diana Karina Barreras, diputada federal del PT conocida como “Dato Protegido”, quien denunció por violencia política de género a una ciudadana que expresó en redes sociales que Barreras obtuvo su escaño en San Lázaro gracias a su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El TEPJF resolvió este caso a favor de Barreras.
A la ciudadana se le impuso una multa económica, publicar la sentencia en su perfil de X, asistir a cursos sobre sensibilización en violencia política de género, inscribirse en el registro correspondiente y ofrecer disculpas públicas diarias durante 30 días refiriéndose a Barreras como “Dato Protegido”.
El caso alcanzó rápida viralidad y generó indignación ciudadana junto con numerosas críticas hacia la diputada y lo que fue calificado como una sanción “desproporcionada” por parte del tribunal; incluso fue cuestionada por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.
Otras agrupaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales han documentado cómo desde la incorporación legal de la violencia política de género se ha establecido un sistema previo de control informativo desde autoridades electorales (…) utilizado para silenciar críticas válidas dentro del ámbito político (…) bajo el pretexto de proteger a las mujeres contra violencia.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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