Fuente: El Universal
Miami. — Desde la reaparición de Donald Trump en la Casa Blanca, su administración ha impulsado una política de deportaciones mucho más contundente, caracterizada por expulsiones rápidas, traslados de migrantes a países terceros y detenciones en prisiones fuera de Estados Unidos. En 2026, miles de migrantes han presentado demandas millonarias contra la gestión Trump, acusándola de encarcelarlos o exiliarlos sin respetar las leyes estadounidenses.
Uno de los casos que mejor refleja el impacto humano y económico de esta situación es el de Neiyerver Adrián León Rengel. En su demanda presentada en Washington, asegura que fue falsamente señalado como miembro del Tren de Aragua, privado reiteradamente del debido proceso, “encarcelado injustamente” y deportado ilegalmente a El Salvador en violación directa de una orden judicial.
El documento añade que permaneció cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde fue víctima de abusos físicos y psicológicos. “Lo más relevante aquí es que convierte una operación de deportación en una reclamación detallada por responsabilidad civil del Estado”, apunta el politólogo Pablo Salas a EL UNIVERSAL.
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León Rengel solicita una compensación económica “por un monto no menor a un millón 300 mil dólares”. Para los expertos, él sería el primer exrecluso conocido de Cecot que demanda a Estados Unidos por daños. Esa suma sirve como referencia pública “para dimensionar cuánto podría valer, económicamente, un caso de deportación ilegal y confinamiento en El Salvador cuando el afectado opta por buscar indemnización”, destaca el politólogo.
El 31 de marzo, abogados radicados en Utah informaron sobre una notificación previa para presentar una demanda por 56 millones de dólares en representación de un joven venezolano catalogado como víctima de “lesiones catastróficas” sufridas en Cecot.
DESERET NEWS explica que esta notificación (notice of claim) es un requisito obligatorio antes de iniciar formalmente una demanda contra la administración Trump.
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“Aunque aún no hablamos de sentencias o demandas ganadas, sí representa un indicio visible sobre la magnitud del costo que los abogados estiman puede reclamarse por este tipo de expulsiones y daños”, comenta Salas.
La razón por la cual las demandas económicas enfrentan un camino más complicado se encuentra en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), que permite ciertas reclamaciones contra Estados Unidos; sin embargo, el título 28, sección 2680 del Código estadounidense establece excepciones estrictas que protegen algunas decisiones federales incluso si resultaron erróneas o abusivas, siempre y cuando sean consideradas decisiones discrecionales. Esta normativa ofrece margen para ciertos actos cometidos por agentes investigativos o fuerzas del orden, tales como “detención falsa” o “arresto indebido”.
En cuanto al monto que enfrenta el gobierno federal por demandas relacionadas con deportados, hoy se visibilizan 57.3 millones de dólares: 1.3 millones correspondientes a la demanda de León Rengel y 56 millones relacionados con la notificación previa anunciada en Utah.
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Además, existen seis reclamaciones administrativas adicionales presentadas por Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) en representación de seis venezolanos que, según la organización, sufrieron torturas en Cecot.
“Lo que está en juego para la presidencia estadounidense es el costo humano, político y judicial derivado de una política que ya ha sido declarada ilegal en varios casos concretos”, señala Salas.
“El patrón judicial actual favorece más los remedios correctivos que las indemnizaciones millonarias”, añade el politólogo.
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Un ejemplo es el caso de María de Jesús Estrada Juárez. La jueza Dena Coggins determinó que fue retirada en “clara violación” a las protecciones regulatorias del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y al debido proceso, ordenando al gobierno facilitar su “retorno inmediato” a Estados Unidos y restablecer su situación legal previa a la expulsión.
Según dicha orden, Estrada Juárez debía recuperar “todos los derechos y beneficios” vinculados a su estatus DACA “como si su remoción del 19 de febrero nunca hubiera ocurrido”. Los medios informaron que tras regresar a Sacramento, California, se reencontró con su hija. “Este detalle convierte el caso en algo más que un debate; demuestra que cuando existe protección vigente y expediente claro, un juez federal puede obligar al gobierno a revertir una deportación ya ejecutada”, subraya el especialista.
Otro ejemplo corresponde a tres familias migrantes protegidas por un acuerdo derivado de la política sobre separación familiar. El juez Dana Sabraw ordenó su regreso luego de concluir que agentes federales emplearon “mentiras, engaños y coerción” para expulsarlas. Además, calificó las protecciones pactadas como “ilusorias” y dispuso que el gobierno asuma el costo para traerlas nuevamente al país.
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El expediente referente a Federico Reyes Vásquez sigue esta misma línea de desacato judicial. La orden federal para su retorno enfatiza que se busca restaurar su situación anterior y que las autoridades deben facilitar su regreso a Estados Unidos. Una resolución posterior emitida en febrero rechazó los intentos oficiales para desestimar el caso alegando falta de jurisdicción y extendió el plazo para traerlo nuevamente al país. Fox 13 Utah reportó después que Reyes Vásquez ya había regresado a Estados Unidos y que su deportación se realizó “en violación directa a la orden judicial”.
Existen otros casos como el de Britania Uriostegui Ríos donde, aunque no sea posible un retorno inmediato, la justicia puede revocar detenciones prolongadas originadas por una expulsión ilegal. En su fallo del 24 de marzo, el juez Jerry Edwards concluyó que no existía “ninguna probabilidad significativa” para removerla próximamente ya que México le negó entrada y ningún otro país aceptó recibirla. La orden concedió su habeas corpus y determinó su liberación.
Este análisis evidencia que “quienes solicitan compensaciones económicas son menos frecuentes comparados con quienes piden retorno, liberación o reparaciones inmediatas”, explica Salas.
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Estrada Juárez regresó; Reyes Vásquez también; las tres familias recibieron órdenes para volver; Britania obtuvo libertad; Boasberg instruyó facilitar el retorno de venezolanos deportados a terceros países.
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Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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