Fuente: Hoy Digital
Conflictos y violencia en palacios de justicia dominicanos generan dudas sobre su seguridad
En los últimos años, los palacios de justicia en la República Dominicana han sido escenarios de múltiples conflictos sociales, que incluyen desde episodios violentos hasta protestas alteradoras del orden, lo cual ha despertado cuestionamientos sobre la seguridad en estos lugares, que deberían ser de los más protegidos del país.
El caso más reciente tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Santiago, donde el pasado viernes un conductor de un camión recolector de basura fue asesinado tras ser perseguido por un grupo de motociclistas.
La víctima fue identificada como Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años.
Según las pesquisas del Ministerio Público, todo comenzó cuando Abreu Quezada manejaba el camión por la Circunvalación Sur, en el sector Ensanche Bermúdez, y tuvo un supuesto roce con una motocicleta.
El expediente señala que uno de los motoristas, junto a otros, le exigió que se detuviera. No obstante, la víctima no accedió y siguió hasta detenerse momentáneamente cerca de un destacamento policial, aparentemente para pedir ayuda. Luego continuó su camino hacia el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, buscando refugio.
Las autoridades informaron que fue en ese sitio donde los agresores lo alcanzaron y le provocaron heridas con arma blanca.
Por este incidente, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para siete hombres acusados de haberse organizado para perseguir, interceptar y asesinar a la víctima.
Otro crimen que causó conmoción fue el asesinato de Luis Gustavo de Aza (alias “Nini”), quien falleció por un disparo en la cabeza en agosto de 2025 frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.
De acuerdo con sus familiares, el joven se encontraba allí para declarar como testigo en una audiencia relacionada con un caso de homicidio.
El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad que muestran cómo un hombre identificado como Richy Alberto Hernández —quien ya está preso— se le acerca y le dispara a quemarropa sin mediar palabra, para luego escapar.
La zona fue acordonada por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) y la Policía Científica, quienes recolectaron evidencias en la escena.
También se suma a la lista la protesta realizada en 2023 por seguidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en rechazo a la detención de miembros del partido durante la operación Calamar, que dejó cuatro diputados heridos tras la intervención policial.
Se informó que los manifestantes lanzaron piedras, rompiendo los vidrios de la puerta principal donde están los controles de acceso, lo que obligó a reforzar la presencia policial. Ante la persistencia del conflicto, los agentes usaron bombas lacrimógenas para dispersarlos.
Además, durante esa manifestación desconocidos destrozaron los cristales del vehículo de la regidora Fiordaliza Pichardo con una piedra e introdujeron una bomba lacrimógena en la parte trasera del automóvil.
El abogado Yan Carlos Martínez Segura afirmó que el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada revela el irrespeto hacia la autoridad y las instituciones del Estado, así como las deficiencias en la seguridad dentro de las instalaciones judiciales del país.
“Deivy Carlos Abreu fue asesinado dentro de un Palacio de Justicia, un sitio que por definición debería ser uno de los más seguros del país. Sin embargo, este crimen expone la gran vulnerabilidad que presentan las instalaciones judiciales dominicanas”, indicó el jurista.
Agregó que actualmente los Palacios de Justicia no garantizan las condiciones mínimas de seguridad ni para jueces, ni para abogados ni para ciudadanos que acuden a ellos buscando justicia. “Los controles y sistemas de vigilancia son mínimos, insuficientes y claramente deficientes”, afirmó Martínez Segura.
En ese sentido, hizo un llamado a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial para enfrentar este “problema estructural”, dado que son las instituciones responsables de asegurar que estos recintos sean verdaderos espacios protectores y no zonas peligrosas donde se pueda perder vidas impunemente.
Asimismo, Yan Carlos Martínez Segura señaló que la muerte de Abreu no fue un hecho casual ni aislado, sino una acción planificada y ejecutada por un grupo delincuencial que persiguió y ultimó a un ciudadano dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
“Por ello corresponde imponer la máxima pena establecida en el Código Penal contra todos los implicados: 30 años de prisión”, enfatizó.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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