Fuente: Listin diario
La fijación de esta audiencia se da después de que el magistrado Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala de la Suprema, analizara el caso y presentara su informe técnico al pleno.
Este jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) examinará la recusación contra la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, encargada del conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno por 10 mil dólares.
La sesión del pleno se realizará en cámara de consejo para resolver sobre el recurso presentado por la defensa del imputado.
Los abogados del fiscal, quien estaba adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), recusaron a la magistrada Muñiz, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Tras el análisis del magistrado Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala de la Suprema, y su recomendación técnica al pleno, se ha programado esta audiencia. La designación del juez fue realizada mediante auto administrativo por Henry Molina, presidente de la Suprema.
Corresponderá a los jueces del pleno decidir si mantienen a Muñiz en el proceso o nombran a otro magistrado para conocer la medida cautelar.
Causas de la recusación
El recurso fue presentado por los doctores Alberto Delgado y Valentín Medrano, quienes argumentan que la imparcialidad de la jueza Muñiz está comprometida. Según la defensa, ella no debería conocer la coerción debido a que previamente autorizó al Ministerio Público a llevar a cabo diligencias investigativas clave, como la “entrega vigilada” del dinero supuestamente ofrecido como soborno.
Aunque Muñiz rechazó las objeciones y optó por no inhibirse voluntariamente, el procedimiento legal indica que ante esta oposición, el expediente debe enviarse a la SCJ para una decisión definitiva.
Detalles del caso
El Ministerio Público señala al fiscal Valdez Alcántara como receptor de dinero entregado por un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Servicio Nacional de Salud (Senasa).
Por la gravedad del delito y la condición del imputado como fiscal, se ha solicitado prisión preventiva por un año como medida cautelar.
El organismo persecutor argumenta que existe un riesgo considerable de que el acusado pueda influir o entorpecer el desarrollo de la investigación debido a su posición dentro del sistema judicial.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario