Fuente: Listin diario
Sin fondos regulares de la Procuraduría, el IPREME enfrenta una crisis tras el cambio al Ministerio de Justicia
Desde 1956, el Instituto Preparatorio de Menores de San Cristóbal (IPREME) ha sido un pilar en la reeducación juvenil del país, pero ahora atraviesa una situación alarmante.
La transición administrativa hacia el nuevo Ministerio de Justicia ha provocado que la Procuraduría General suspenda la entrega habitual de recursos, amenazando así una labor que se fundamenta en siete décadas de psicopedagogía amigoniana.
Para enfrentar el déficit presupuestario, el IPREME ha permanecido activo gracias a una campaña urgente de recaudación. Apoyos como los de EGEHID y del obispo de Baní, Faustino Burgos, han sido vitales; sin embargo, sus autoridades advierten que la asistencia caritativa no puede reemplazar la obligación estatal de proteger a los adolescentes bajo tutela.
Aunque hubo compromisos y encuentros con el Ministro de Justicia, Antoliano Peralta, el acuerdo legal que asegura la continuidad del centro aún no se ha concretado.
La demora en formalizar este marco jurídico mantiene en incertidumbre a los religiosos Terciarios Capuchinos, quienes dirigen la formación y dignificación de los jóvenes.
Fray José Gerardo Agreda Contreras, director general del IPREME, reiteró su dedicación a la juventud y urgió a las autoridades a acelerar los trámites burocráticos necesarios.
“Nuestra labor se realiza con esfuerzo y corazón, pero requiere respaldo legal y económico del Estado para no detenerse”, destacó, aclarando que únicamente los fondos destinados a educación continúan fluyendo sin interrupciones.
El IPREME ha logrado resistir diversos cambios políticos desde la era de Trujillo y ha sido un referente exitoso en reinserción social; sin embargo, ahora corre peligro por un trámite administrativo que pone en riesgo el derecho integral a la protección de los menores.
Fundado el 14 de mayo de 1956, el Instituto surgió como parte del impulso por profesionalizar la atención a jóvenes en conflicto con la ley, que entonces carecían de programas especializados para su rehabilitación.
Desde sus comienzos, la gestión correspondió a los Religiosos Terciarios Capuchinos, conocidos como “Amigonianos”, una congregación con larga tradición en reeducar jóvenes tanto en Europa como en América Latina.
El IPREME no fue concebido como una “cárcel para menores”, sino siguiendo el modelo pedagógico del español Luis Amigó.
Esta filosofía se basa en el amor y la presencia constante; en lugar del castigo, promueve la superación personal, el aprendizaje de oficios y ofrece acompañamiento espiritual y psicológico.
Este enfoque ha recibido reconocimiento internacional como uno de los más humanos y efectivos para evitar la reincidencia delictiva.
Un patrimonio para San Cristóbal
Situado en la Avenida Luperón 31, durante décadas sus instalaciones han sido un ícono arquitectónico y social en la provincia de San Cristóbal.
Los talleres técnicos del IPREME (carpintería, mecánica, panadería) han prestado tradicionalmente servicios a la comunidad local, estableciendo un vínculo entre los jóvenes y la sociedad.
El convenio original firmado en 1956 fue innovador para su época y ha sido renovado formalmente en dos momentos clave (mencionados en el comunicado actual) para ajustarse a las nuevas leyes sobre protección infantil (como la Ley 136-03).
Históricamente, el IPREME funciona bajo un esquema de co-gestión: mientras el Estado provee recursos financieros y legales, la Iglesia (los Capuchinos) aporta personal especializado y el enfoque pedagógico.
Se calcula que miles de jóvenes dominicanos han pasado por sus aulas y talleres; muchos hoy son padres responsables y trabajadores productivos.
El instituto ha resistido crisis políticas como las ocurridas en 1961, la Revolución de 1965 y varios cambios gubernamentales, manteniendo siempre su neutralidad y compromiso con el bienestar infantil.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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