Fuente: Listin diario
La decisión dependerá de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien dejó el fallo reservado para el martes cinco de mayo, desde las 9:00 de la mañana.
Luego de escuchar a varios imputados, la noche del viernes concluyó la audiencia preliminar contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros involucrados en el presunto fraude al Estado relacionado con la adjudicación e instalación de una red semafórica, y se determinará si el caso avanzará a juicio oral.
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tiene en sus manos esta resolución y decidió reservarla para el martes cinco de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público afirmó que existen “los presupuestos necesarios” para que el caso pase a juicio oral, señalando que durante la fase preliminar se presentaron “pruebas contundentes” que respaldan la acusación por corrupción administrativa contra los implicados.
Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), expresó que las defensas intentaron crear una “cortina de humo”, tratando de confundir al tribunal y a la prensa con insinuaciones y afirmaciones sin respaldo legal ni pruebas.
Ortiz afirmó que el Ministerio Público demostró todas las imputaciones contra Hugo Beras, Gómez Canaán y los demás acusados, y subrayó que ninguna defensa hizo referencia a los mensajes de WhatsApp que corroboran las afirmaciones sobre que la licitación ya había sido entregada a José Gómez Canaán antes incluso del inicio formal del proceso.
Destacó que estas acciones forman parte del esquema completo para defraudar al Estado dominicano, al jugar con cartas marcadas para favorecer a un proveedor con el que ya se mantenían relaciones a cambio de beneficios económicos.
“Eso es lo que ha demostrado el Ministerio Público en esta audiencia y por ello será indiscutiblemente dictado un auto de apertura a juicio”, enfatizó Ortiz al dirigirse a los medios tras finalizar la audiencia.
En su intervención ante el tribunal, Jochi Gómez calificó como “absurdo” el señalamiento de fraude en su contra y explicó que el dinero recibido desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) fue “mucho menor” al monto total invertido por su empresa en la compra de equipos.
“Fuimos nosotros quienes invertimos todo; incluyendo personal, tecnología, locales, unidades móviles y simuladores, mientras que el Estado no efectuó ninguna inversión; algo reconocido por el Intrant. Además, nunca dejamos de prestar el servicio; sin embargo, nos someten y aún nos deben más de 700 millones de pesos. Tal vez se pregunten por qué seguimos ofreciendo el servicio pese a esa deuda; porque nuestro único cliente es el Estado dominicano y no queríamos afectar ese servicio público”, explicó Gómez.
Gómez añadió que sus viajes fuera del país durante el proceso judicial fueron para visitar a sus hijos y afirmó estar “siendo perseguido” por las autoridades debido a que se negó a entregar sus equipos.
“Estoy seguro que se preguntan cómo este joven empresario llegó a esta situación; se los diré: porque intentaron quedarse con lo mío y yo no me doblegué ni se lo permití; por eso solo les quedó usar al Ministerio Público para perseguirme, aunque caiga la acusación en este juicio preliminar”, manifestó Gómez.
Por otro lado, la defensa del exdirector del Intrant, Hugo Beras, señaló que el Ministerio Público no respondió ninguno de los argumentos presentados en favor de su cliente.
“Incluso le atribuyen a Hugo ser responsable de un supuesto sabotaje al sistema semafórico cuando él llevaba casi un año fuera del Intrant”, detalló el abogado Nassef Perdomo.
El Ministerio Público imputa a los involucrados cargos por corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos informáticos, actos terroristas contra infraestructura crítica y lavado de activos.
Las autoridades indican que mediante contratos y acuerdos irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se concedió acceso privilegiado a estas empresas usadas para desviar fondos públicos y realizar operaciones de lavado de activos, violando así los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
También están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
Igualmente están incluidos en la acusación Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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