Vecinos alertan sobre la comercialización de la salud y exigen acciones equitativas en el caso Senasa

Fuente: Listin diario

Indicaron que los datos disponibles sobre Senasa revelan que el sistema de seguridad social opera de manera que los recursos se destinan a proveedores privados de la entidad.
Durante la asamblea de planificación del Foro Ciudadano, la Coalición por la Seguridad Social Digna junto a líderes comunitarios denunciaron que en el Servicio Nacional de Salud (Senasa) se ha impulsado un proceso de mercantilización del derecho a la salud.
Rosa Lina Núñez, representante del foro, afirmó que la corrupción en Senasa no es un caso aislado, sino un reflejo de un sistema dominado por intereses financieros, lo que convierte el derecho a la salud en un negocio.
“Según las informaciones presentadas, entre 2010 y 2024, el 93% de los contratos corresponden a prestadores privados. El 89% de los fondos del régimen contributivo, así como el 44% de los contratos y el 67% del régimen subsidiado”, expresó durante el evento celebrado en el Centro Bonó, ubicado en la Josefa Brea.
Resaltó que las cifras obtenidas sobre Senasa muestran que el funcionamiento del sistema de seguridad social se traduce en que los recursos son canalizados hacia prestadores privados dentro de la institución.
“Senasa tiene alrededor de 5.7 millones de afiliados al régimen subsidiado, 1.82 millones en el contributivo y 114,430 pensionados. La cápita para el régimen subsidiado es de RD$327, mientras que en el contributivo es de RD$1,887.53”, explicó.
Además, según sus informes, un 32% de los empleados públicos (más de 185,000 personas) siguen afiliados a Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas, desafiando las disposiciones establecidas por la Ley 87-01 y las decisiones del Tribunal Constitucional que confirman que el 100% de esos empleados deben estar inscritos en Senasa.
También manifestaron su apoyo al proceso judicial conocido como “Operación Cobra”, que busca sancionar penalmente a los responsables del fraude en esta institución de seguridad social.
Finalmente, hicieron un llamado a la población para movilizarse y exigir tanto al Congreso Nacional como al Gobierno que impulsen una reforma estructural integral a la Ley 87-01, con el fin de garantizar derechos y proteger los recursos públicos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.