Fuente: El Universal
Miami. — Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su propia ofensiva contra el narcotráfico en Latinoamérica y el Caribe, no ha sido posible verificar de manera independiente y exhaustiva la supuesta efectividad de estas acciones. La narrativa predominante en el ámbito político continúa siendo la difundida por el gobierno estadounidense, responsable de ordenar y llevar a cabo estos operativos.
El 7 de marzo pasado, Trump presentó el Escudo de las Américas contra los cárteles, conformado por 17 países que, según la administración de EE. UU., están preparados para “ejercer poder duro” contra las organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico, y afirmó que estas agrupaciones “narcoterroristas” deben ser “desmanteladas” dentro del marco legal. No obstante, no se estableció un sistema externo que supervise resultados, errores o víctimas.
En este esquema, Panamá figura como un aliado activo. La presidencia panameña, liderada por José Raúl Mulino, declaró que la prioridad sería la “erradicación de los cárteles”, implementando una política de “tolerancia cero” hacia pandillas y criminalidad.
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Ecuador ocupa un papel aún más central. Junto con Estados Unidos, han llevado a cabo operaciones contra “organizaciones terroristas designadas” en Ecuador. Entre ellas, se destaca una acción en la frontera, en Sucumbíos, donde ambos gobiernos indicaron haber bombardeado un campamento de presuntos paramilitares y un área de entrenamiento para narcotraficantes.
Sin embargo, The New York Times informó que el lugar atacado no tenía relación con actividades vinculadas al narcotráfico y parecía tratarse de “una pequeña granja lechera y ganadera”. El dueño del terreno negó que allí se entrenaran 50 personas. Por su parte, el gobierno ecuatoriano aseguró haber encontrado armas y “evidencias de actividad ilícita”, aunque no hizo estos datos públicos.
El Ministerio ecuatoriano ha reportado “nuevos golpes” conjuntos en el mar, la intercepción de tres narcolanchas y otro operativo valorado en 19 millones de dólares; sin embargo, ninguna organización no gubernamental ha podido confirmar la serie de aparentes colaboraciones exitosas.
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En Panamá, Ecuador y Washington, los resultados son difundidos por los mismos gobiernos que diseñan las estrategias, proporcionan inteligencia, ejecutan las operaciones o aprovechan políticamente sus impactos. En los documentos revisados no aparece ningún organismo internacional, auditoría regional o mecanismo independiente y permanente que certifique objetivos alcanzados, víctimas o daños colaterales.
Un alto funcionario del Pentágono informó al Congreso que hasta marzo de 2026 Estados Unidos había realizado 45 ataques cinéticos, en los cuales acabó con 157 presuntos miembros o afiliados a organizaciones narcoterroristas y destruyó 47 embarcaciones. En ese mismo informe se indicó que el tráfico de lanchas con droga disminuyó un 20% en el Caribe y un 25% en el Pacífico oriental; además, el flujo de fentanilo cayó un 56% y el de cocaína bajó más del 20%.
“El problema es que esas cifras no están validadas por una auditoría independiente. Son datos emitidos por la misma estructura que lidera la campaña”, señala a EL UNIVERSAL la analista Bárbara Gutiérrez.
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La afirmación más ambiciosa hecha por Trump fue que la droga que ingresa a Estados Unidos por vía marítima se redujo un 97%, pero PolitiFact revisó esa declaración y la calificó como falsa; aseguró que los datos utilizados por la Casa Blanca no permiten medir con precisión cuánto narcótico entra realmente al país y nadie puede afirmar con exactitud un porcentaje así. “Esa cifra es imposible de conocer”, resumió esta organización dedicada a verificar información difundida por gobiernos y funcionarios.
La verificación también falla porque el gobierno mezcla indicadores que no reflejan lo mismo. PolitiFact mostró que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró descensos en algunas incautaciones aéreas y marítimas, mientras que la Guardia Costera reportó un aumento del 200% en decomisos de cocaína durante el año fiscal 2025. “La Casa Blanca presenta una disminución en incautaciones como prueba de éxito, mientras otra agencia muestra un incremento como evidencia positiva. Ambas cosas no pueden demostrar simultáneamente que el flujo real de droga bajó”, destaca Gutiérrez.
PolitiFact enfatizó que Estados Unidos “no ha presentado ninguna prueba” de que las embarcaciones atacadas en los casos mencionados por Trump transportaran drogas efectivamente. Esta es una crítica central. “Si el gobierno no exhibe evidencias claras de que las lanchas llevaban narcóticos, tampoco puede usar esos ataques como prueba seria de una reducción del tráfico dentro del país”, señala Gutiérrez.
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Las cifras sobre muertos también son objeto de controversia. En noviembre de 2025, expertos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU) hablaban al menos de 15 ataques con 64 fallecidos. En enero siguiente, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) reportó ya 36 ataques y al menos 125 muertos. El 31 de marzo Human Rights Watch elevó ese conteo a 47 ataques y 163 muertes. Frente a ello, el Pentágono hablaba en marzo de 45 ataques y 157 fallecidos. No existe una cifra única certificada por una entidad independiente.
Los datos relativos a heridos y sobrevivientes son aún más opacos. Los comunicados oficiales resaltan muertos y embarcaciones destruidas. En algunos casos, el Comando Sur ha mencionado sobrevivientes pero nunca informa qué ocurrió con ellos. “El registro público está diseñado para mostrar un golpe militar, no para rendir cuentas completas sobre las consecuencias humanas”, afirma Gutiérrez.
La forma en que se identifican a los muertos agrava la situación: el Comando Sur suele calificar a las víctimas como “narcoterroristas” y cerrar los casos con esa misma línea oficial. Human Rights Watch señaló en diciembre de 2025 que hasta ese momento 26 ataques habían provocado al menos 95 muertes “ninguna identificada” públicamente por EE.UU. Si el Estado mata sin identificar a los fallecidos públicamente, la verificación queda rota desde su origen.
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AP reconstruyó quiénes eran varios hombres fallecidos y descubrió una realidad más compleja que la versión oficial. Entre ellos había pescadores, excadetes, choferes e incluso personas relacionadas con contrabando. En muchos casos las personas en las embarcaciones trabajaban para redes criminales pero no aparecían grandes jefes de cárteles.
Expertos de la ONU han condenado lo que califican como “ejecuciones extrajudiciales” e insisten en que “el derecho internacional no permite a los gobiernos simplemente eliminar a presuntos narcotraficantes”. “Cuando un organismo internacional como las Naciones Unidas exige una investigación imparcial sobre toda esta campaña está señalando que la versión del gobierno estadounidense no es suficiente”, concluye Gutiérrez.
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Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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