Hay políticos que se definen por lo que creen. Donald Trump es un tipo de esos, asume posturas firmes. No es tibio. No está con Dios y con el diablo.
Sin embargo…
Luis Abinader parece definirse por lo que cada quien necesita ver. Como el personaje Mystique de los X-Men, tiene la capacidad de moldear su imagen según el público que lo observa. No es exageración ni metáfora vacía, es un patrón documentable en sus acciones, sus alianzas y sus discursos.
Si lo observas desde el sector empresarial, Abinader es un defensor del libre mercado, un hombre del capital. Si cambias el cristal y lo miras desde el plano social, se transforma en un líder populista, cercano al pueblo, sensible a las redes sociales.
Si lo evalúas como actor político no partidario, es un promotor de la participación ciudadana y del movimiento civil. Cuando lo confrontas con la agenda progresista, apoya el aborto, el matrimonio igualitario y las causas que el mundo occidental llama agenda woke.
Cuando lo ves en la iglesia o en la misa, es un hombre que se arrodilla ante Dios y pide por su nación. En el escenario geopolítico, cuando gobernaba Biden, era un aliado del Partido Demócrata. Cuando Trump retornó al poder, Abinader encontró la manera de ser igualmente pro-republicano.
En el argot dominicano existe una expresión popular para referirse a alguien que está en todas partes al mismo tiempo.
Se dice que esa persona es como Jay Payano, el bicampeón mundial que dominaba distintas categorías. Luis Abinader es el Jay Payano de la política dominicana.
Muchos analistas, periodistas y actores de la sociedad civil creen que Abinader es, en parte, un producto de laboratorio. Que su ascenso al poder fue facilitado, diseñado o al menos apuntalado por estructuras externas, particularmente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID.
El cierre abrupto de las operaciones de USAID en el país bajo la administración Trump generó una pregunta que todavía flota en el ambiente político dominicano: si USAID era solo cooperación al desarrollo, ¿por qué su salida fue tan dolorosa para ciertos actores políticos locales? ¿Por qué aún fichas de USAID permanecen en puestos claves de la justicia dominicana?
Esa pregunta no tiene respuesta oficial. Pero sí tiene contexto.
A pesar de toda esa fluidez política e ideológica, hay un aspecto de Luis Abinader que no cambia, que no se negocia, que no se adapta según el viento. Un aspecto en el cual no es tibio. Y es su pertenencia a la diáspora libanesa.
Abinader ha declarado en múltiples ocasiones públicas que lleva el cedro del Líbano en su ADN. Ha hablado de sus raíces con orgullo, sin ambigüedad. Incluso el Estado patrocinó un documental de los orígenes de la diáspora libanesa en el país, pero debido al caso SENASA, la mención de Santiago Hazim tuvo que ser extraída del documental y la aparición del presidente.
En este punto no hay máscara, no hay pose electoral, no hay demagogia ni mensaje calibrado para un segmento específico del electorado. Hay una identidad que él considera propia, legítima y permanente.
Eso, en sí mismo, no es cuestionable. La identidad cultural es un derecho. El problema que este artículo plantea no es la identidad del presidente, sino el patrón raro de cómo esa identidad se ha traducido en nombramientos, contratos, concesiones y posiciones de poder durante su gobierno.
La presencia libanesa en territorio dominicano data de finales del siglo XIX. Se estima que actualmente hay alrededor de 200,000 dominicanos de origen libanés o árabe en el país, una cifra modesta frente a una población de más de 11 millones de habitantes.
Según registros históricos y testimonios recopilados por investigadores de la migración caribeña, los primeros inmigrantes provenientes del Levante llegaron entre 1890 y 1910, huyendo del Imperio Otomano.
Muchos de ellos fueron confundidos con haitianos a su llegada, ya que llegaban sin documentación formal, vendían en las calles arrabalizando las aceras y no dominaban el idioma español. Esta marginalidad inicial los motivó a integrarse rápidamente, a aprender el idioma, a mezclarse con la cultura local y a construir redes comerciales que con el tiempo se convirtieron en imperios económicos.
Para profundizar en el perfil de esta migración, se recomienda la lectura del trabajo de la historiadora dominicana Mu-Kien Adriana Sang, quien ha documentado aspectos de la migración árabe en el Caribe hispanohablante, así como los estudios del Centro Bonó sobre movilidad social y etnicidad en República Dominicana.
Hoy, esa comunidad es una de las más influyentes del país en términos económicos y políticos. El poder que ejercen va mucho más allá de su número poblacional. Es un fenómeno documentado en varias regiones del hemisferio: la diáspora libanesa en América Latina tiende a concentrar capital, a crear redes endógamas de negocios y a participar activamente en la política de los países de acogida.
Referencia documental: Klich, Ignacio y Lesser, Jeffrey (eds.), “Arab and Jewish Immigrants in Latin America: Images and Realities”, Frank Cass Publishers, Londres, 1998. Disponible en: https://www.worldcat.org/title/arab-and-jewish-immigrants-in-latin-america
Desde que Luis Abinader asumió la presidencia en agosto de 2020, observadores políticos, periodistas independientes y fuentes diplomáticas han registrado una tendencia que merece escrutinio público.
Un número significativo de consulados honorarios dominicanos en el exterior ha sido ocupado por dominicanos de origen libanés. Estos consulados honorarios, a diferencia de los consulados oficiales, no tienen un perfil diplomático riguroso y pueden ser utilizados para facilitar conexiones comerciales, financieras y de influencia internacional.
Fuentes vinculadas a organismos de inteligencia israelíes han señalado, según reportes no oficiales circulados en medios especializados, que algunos de estos consulados honorarios han estado bajo investigación por sus conexiones con redes financieras del Medio Oriente.
Israel, dada su posición geopolítica y su experiencia en el seguimiento de la diáspora libanés-chiita vinculada a Hezbolá en América Latina, mantiene una vigilancia activa sobre estas redes. Este tema ha sido abordado en reportes del think tank estadounidense Global Financial Integrity, OsinThink y en publicaciones del Washington Institute for Near East Policy.
Referencia: Global Financial Integrity, “Illicit Financial Flows”, disponible en: https://gfintegrity.org/
A nivel local, el patrón es igualmente visible. Cargos técnicos y estratégicos en entidades reguladoras, empresas públicas, juntas de directores de instituciones del Estado y comisiones de alto impacto han sido ocupados por personas de apellido libanés o de ascendencia árabe.
En muchos casos, el escrutinio genealógico revela familiaridades que van más allá de la coincidencia, los denominados primos lejanos. Esto no implica automáticamente corrupción.
Pero sí implica una pregunta que toda sociedad democrática debe hacerse: cuando una minoría étnica representa menos del 2% de la población y ocupa un porcentaje desproporcionado de los cargos de poder, esa concentración merece ser documentada, debatida y supervisada por la ciudadanía.
Varios proyectos de alto impacto económico bajo la administración Abinader han sido canalizados a través de operadores vinculados a la diáspora libanesa.
El caso de Manzanillo es ilustrativo. Según documentos de acceso público y reportes de medios dominicanos como Acento y El Dinero, la concesión de terrenos en Manzanillo involucró condiciones que la oposición y sectores de la sociedad civil calificaron como inusualmente favorables para los concesionarios.
El proyecto incluyó exenciones fiscales, adecuaciones de infraestructura costeadas por el Estado y la cesión de terrenos de alto valor estratégico.
En San Juan de la Maguana, la explotación del recurso minero áureo ha despertado un debate similar. Según fuentes del sector financiero consultadas para este artículo, la estructura de inversión del proyecto minero fue canalizada a través de un operador de origen libanés conectado a un grupo de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que gestiona activos en sectores estratégicos del país, incluyendo negocios con empresas venezolanas.
Lo más llamativo de la estructura financiera de este proyecto no es solo quién lo maneja, sino cómo está organizado. Una parte significativa de la inversión fue vehiculizada a través de una empresa registrada en Saint Kitts and Nevis, un territorio conocido internacionalmente por su régimen fiscal permisivo. Coincide con la denuncia del caso de las 9.5 toneladas, donde fue encontrado un pasaporte de Saint Kitts and Nevis, y con denuncias de esquemas libaneses que usan ese paraíso fiscal como punto estratégico.
Un dato curioso es que Saint Kitts and Nevis tiene un poderoso club libanés, que se ha destacado por sus cuantiosas donaciones al Líbano en momentos de crisis. La población estimada de San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts and Nevis) para mayo de 2026 es de aproximadamente 47,000 habitantes.
Pero su uso frecuente en estructuras de planificación fiscal agresiva o, en casos extremos, en esquemas de evasión y lavado de activos. Incluso el abogado que gestiona el capital de mil dominicanos ante la minera que pretende explotar la San Juan, esta empresa tiene su ubicación en Saint Kitts and Nevis y, según fuentes verificadas, el abogado tiene un apellido identificado dentro de la comunidad libanés-dominicana.
Si la historia de la diáspora libanesa en República Dominicana tiene páginas de luz, de integración, de aporte cultural y económico, también tiene una página que ninguna narrativa honesta puede ignorar.
El escándalo de corrupción en la Seguridad Social dominicana, conocido públicamente como el Caso SENASA, ha sido descrito por fiscales y analistas como uno de los mayores robos al erario público en la historia reciente del país. Las cifras investigadas superan los cien mil millones de pesos dominicanos.
Según documentación judicial disponible en el Ministerio Público dominicano y reportada extensamente por Diario Libre, El Caribe y otros medios de referencia, la red que orquestó el esquema fraudulento estuvo encabezada por individuos de apellido libanés y por colaboradores con ascendencia árabe.
Esto no es una acusación colectiva a una comunidad. Es un dato que forma parte del registro histórico y judicial del país. Y como tal, debe ser discutido con la misma franqueza con que se discuten otros casos de corrupción.
República Dominicana no es un caso aislado. La influencia de la diáspora libanesa en América Latina y el Caribe es un fenómeno geopolítico documentado que genera tensiones en varios países de la región.
En Haití, la comunidad libanesa, llamada coloquialmente “árabes” por la población local, tiene un control económico sobre sectores clave del comercio, la importación y la distribución que muchos haitianos perciben como una fuente de desigualdad estructural.
La acumulación de riqueza por parte de esta minoría en un país con una de las mayores tasas de pobreza del hemisferio genera un resentimiento social que periódicamente escala a conflicto.
En Venezuela, la crítica a la influencia de familias de origen libanés en el aparato económico del chavismo y del postchavismo ha sido documentada por periodistas de investigación como aquellos agrupados en el proyecto Armando.info.
En la denominada Triple Frontera, el área donde convergen Argentina, Paraguay y Brasil, las autoridades de los tres países y agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel han documentado durante décadas la presencia de redes de financiamiento vinculadas a grupos armados libaneses, particularmente relacionadas con el financiamiento de Hezbolá.
En Colombia, periodistas e historiadores han señalado que algunas de las primeras alianzas financieras de grupos guerrilleros y paramilitares tuvieron como intermediarios a individuos conectados con redes de la diáspora libanesa.
Cómo una diáspora tan pequeña pudo acumular tanto poder en la isla hispanohablante sigue siendo una pregunta sin respuesta oficial satisfactoria. Los factores documentados incluyen una cultura de redes endógamas, una capacidad notable de integración cultural sin asimilación total, acceso temprano a crédito y capital de la propia comunidad, y la habilidad de colocar a miembros en posiciones clave de los sistemas políticos y económicos de los países de acogida.
En el caso dominicano, el ascenso de Luis Abinader a la presidencia ha acelerado y visibilizado este proceso de una manera que no tenía precedente histórico en la República Dominicana moderna.
LO QUE LA SOCIEDAD DOMINICANA DEBE PROTEGER
Este artículo no es una acusación genérica contra la comunidad libanesa. Esa comunidad ha hecho aportes reales e innegables a la sociedad dominicana. Muchos de sus miembros han luchado por los derechos civiles, han construido empleos, han invertido en el país con genuina vocación de arraigo.
Lo que este artículo plantea es la necesidad de vigilancia ciudadana ante un patrón sistémico que, si no es debatido con apertura, puede erosionar las instituciones de un Estado que ya de por sí tiene una historia frágil en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La libertad de prensa, la no censura, la transparencia en los nombramientos y contratos públicos, y el control democrático del poder no son conquistas permanentes. Son territorios que se defienden cada día con información, con debate y con la exigencia cívica de que quienes gobiernan expliquen cómo toman sus decisiones.
Europa está viendo cómo sus estructuras de identidad nacional son transformadas por minorías que tienen cada vez más incentivos para actuar en bloque que para integrarse. América Latina no es inmune a este proceso; el cardenal López Rodríguez lo habría advertido.
En República Dominicana, el debate ya no puede postergarse: cuando la mayoría de los cargos políticos, los contratos estratégicos y las posiciones de poder se concentran en una minoría étnica vinculada al presidente, y cuando esa minoría también provee los cuadros de organizaciones como Participación Ciudadana o de las redes que alguna vez orbitaron alrededor de USAID, el ciudadano común tiene derecho a preguntar: ¿para quién se gobierna este país?
Parece ser que las minorías tienen cada vez más razones para unirse que la mayoría de la sociedad de cada país.
Agregar Comentario