La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció que recurrirá en apelación la decisión judicial que ordena al Ministerio Público pagar más de RD$7.5 millones a Juan Francisco Álvarez Carbuccia por la liquidación de una astreinte relacionada con un teléfono celular incautado durante la investigación del caso de presunta corrupción que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez.
Mediante un comunicado, la Pepca calificó el fallo como irregular y aseguró que presenta “graves vicios procesales”. El órgano sostuvo que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario emitió la decisión pese a que había sido apartada del conocimiento del expediente desde octubre de 2025, cuando el caso pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado también cuestionaron el monto fijado por el tribunal, al considerar que desnaturaliza la figura jurídica de la astreinte y la convierte, en la práctica, en una indemnización a favor de un imputado por corrupción administrativa.
La Pepca informó que dispone de un plazo de 20 días para presentar el recurso de apelación y recordó que el juicio de fondo contra Álvarez Carbuccia está programado para el próximo 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El Ministerio Público sostiene, además, que el tribunal que conoce actualmente el proceso penal no tiene competencia para decidir sobre la reclamación del teléfono celular, ya que esa solicitud no corresponde a la jurisdicción administrativa.
Álvarez Carbuccia está acusado de emitir presuntas certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant dentro del expediente que investiga un supuesto entramado de corrupción relacionado con contratos para la modernización del sistema de semáforos y videovigilancia del Gran Santo Domingo. En el mismo proceso también figuran como imputados Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán, entre otros, por alegadas irregularidades en licitaciones, lavado de activos, sabotaje de la red semafórica y otros delitos vinculados al caso.
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